El empresario revela que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática deseaba un ministerio y que los pagos a Koldo abrían muchas puertas, incluida Canarias.
Víctor de Aldama, uno de los nombres clave del caso Koldo, salió este jueves de la Audiencia Nacional elevando la presión sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Tras una hora de declaración ante el juez Ismael Moreno, el empresario fue tajante ante los medios: "Ángel Víctor Torres debe estar bastante preocupado".
Aldama aseguró que durante su comparecencia aportó "alguna prueba" relacionada con los contratos de material sanitario adjudicados en plena pandemia por el Gobierno canario, entonces presidido por Torres.
"Por respeto a Fiscalía, a la Sala y al magistrado, no vamos a decir nada más hasta que vaya saliendo", señaló De Aldama, aunque confirmó haber respondido "a todo el mundo, al juez, al fiscal y a las partes contrarias".
Según fuentes jurídicas, Aldama declaró ante el instructor que se reunió con Torres durante la emergencia sanitaria para abordar la compra de mascarillas y test, una afirmación que incrementa el foco político sobre el ministro.
El comisionista llegó preparado: mensajes, pantallazos y documentos en PDF extraídos de sus móviles respaldarían su versión, adelantada ya por varias informaciones previas.
El interrogatorio se produce después de que el juez autorizara esta misma semana la entrega a Aldama del contenido de dos de sus teléfonos intervenidos por la Guardia Civil, claves en el análisis de la Unidad Central Operativa sobre los contratos entre Canarias y la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama.
La declaración de Aldama coincidió con la comparecencia en el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor, Koldo García, cuyo futuro judicial se decide estos días. La Fiscalía ha solicitado prisión para Ábalos, mientras que García declarará mañana también ante la Audiencia Nacional.
Tanto Aldama como Koldo figuran como investigados desde que el caso estalló en febrero de 2024, y ya se han sentado en anteriores ocasiones ante el juez por los contratos adjudicados desde el Ministerio de Transportes.
Ambos están procesados por el Supremo: la Fiscalía pide para Aldama siete años de prisión —rebajados por su colaboración— y 19 años y medio para García, mientras que las acusaciones populares elevan la petición para estos dos últimos hasta los 30 años.
FUENTE: El Observador