En un fallo histórico, el juez considera que la exigencia del consistorio gobernado por Junts es una medida de "discriminación directa por razón de lengua".
Vic, uno de los bastiones del independistismo catalán vive un fallo histórico contra la discriminación lingüística.
El Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona ha emitido una sentencia histórica al condenar al Ayuntamiento de Vic (Barcelona) por exigir un nivel de catalán excesivo para acceder a un puesto de trabajo en el municipio.
La controversia se centra en la exigencia de un nivel B2 de catalán para optar a una plaza de operario en el cementerio municipal, un requisito que ha sido considerado por el juez como una barrera excluyente que no guarda relación con las funciones del puesto.
El tribunal ha dictaminado que las bases del concurso público en cuestión son "nulas", al considerar que la exigencia del nivel B2 es "indiscriminada" y "genera una discriminación directa por razón de lengua". En su fallo, el juez rebajó el requisito de B2 al nivel A2, el nivel básico, considerando que la competencia en catalán no es necesaria para desempeñar las funciones de dicho puesto.
Este fallo convierte al Ayuntamiento de Vic en el primero en Cataluña condenado por imponer un nivel de conocimiento del catalán que se considera desproporcionado. La sentencia se originó a raíz de un recurso presentado por la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana, que ha celebrado este resultado. Ángel Escolano, presidente de la entidad, expresó su satisfacción en redes sociales al destacar que esta medida contra la exigencia excesiva de catalán en el acceso al empleo público "discrimina a los trabajadores hispanohablantes".
La condena ha provocado una fuerte reacción entre sectores del independentismo, especialmente en Junts, el partido que gobierna en Vic. Carles Puigdemont, líder de Junts, mostró su indignación en redes sociales, comparando la sentencia con las políticas del régimen franquista. Según Puigdemont, esta resolución pone en evidencia la "falacia del bilingüismo" y denuncia que, aunque el catalán se tolere, nunca se utiliza "en igualdad de condiciones con el castellano". En su mensaje, también subrayó que, en caso de conflicto lingüístico, "un juez siempre resolverá en tu contra".
Este no es el único caso en que Convivencia Cívica Catalana ha impugnado los requisitos lingüísticos en Cataluña. Recientemente, han presentado recursos similares en localidades como Batea (Tarragona) y Alella (Barcelona), aunque en otros municipios, como Sant Vicenç dels Horts y La Roca del Vallès, los consistorios han rectificado antes de que se dictara sentencia.
La sentencia de Vic podría marcar un precedente importante en la lucha contra las barreras lingüísticas que se perciben como discriminatorias en el acceso al empleo público, especialmente en lo que respecta a los niveles de catalán exigidos para puestos donde este idioma no es esencial para el desempeño de las funciones laborales.