La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por considerar que su legislación vulnera la normativa comunitaria en materia de servicios aéreos, al impedir que las aerolíneas cobren suplementos por el transporte de equipaje de mano.
Según el Ejecutivo comunitario, la normativa española, concretamente la Ley de Navegación Aérea, restringe la libertad de las compañías aéreas para fijar sus precios, lo que contraviene el Reglamento europeo (CE) 1008/2008. Este reglamento garantiza a las aerolíneas la posibilidad de establecer libremente sus tarifas, incluyendo diferencias según los servicios ofrecidos, como el transporte de maletas en cabina que excedan ciertos parámetros de peso o tamaño.
Bruselas argumenta que, si bien el equipaje de mano debe ser gratuito cuando cumple con requisitos razonables de tamaño y peso, cualquier exceso puede estar sujeto a tarifas adicionales a criterio de cada aerolínea.
Sin embargo, España ha sancionado a cinco compañías —Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea— por aplicar este tipo de cargos, lo que ha motivado el expediente abierto.
El procedimiento se enmarca en el paquete mensual de infracciones que la Comisión Europea emite para velar por el cumplimiento del Derecho comunitario. El proceso comienza con una carta de emplazamiento formal. Si no hay solución satisfactoria, puede continuar con un dictamen motivado y, en última instancia, llevarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Avión de Ryanair
Reacción del Gobierno español
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya había expresado su preocupación por posibles presiones de Ryanair en el proceso. Según fuentes del Ministerio, Bustinduy mantuvo una reunión con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, en la que detectó similitudes entre los argumentos del funcionario comunitario y las posturas defendidas por la aerolínea irlandesa.
Tras ese encuentro, el ministro manifestó telefónicamente su "preocupación por la presión" que, a su juicio, Ryanair estaría ejerciendo sobre la Comisión para influir en la evaluación de la multa impuesta por Consumo en 2024, que ascendía a 179 millones de euros.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy
FUENTE: El Observador
