La falta de vivienda lleva a las familias españolas a situaciones de exclusión. La precariedad laboral afecta principalmente a los jóvenes y aumenta la brecha social.
La fragmentación social y el riesgo de pobreza en España llega a los peores números de Europa.
Según el último informe de Cáritas, más de 4,3 millones de personas viven en una situación de exclusión social severa, una cifra que refleja una de las desigualdades más alarmantes en Europa.
La clase media en España atraviesa un momento crítico, con retrocesos que ponen en duda la estabilidad económica y social del país.
La precariedad laboral aumenta y se traduce en una aceleración de la fragmentación de la sociedad, un proceso que está transformando la estructura del tejido social. El estudio, que se presenta como un diagnóstico sobre las condiciones de vida en España, destaca que, de esa cifra, aproximadamente 1,4 millones son menores de edad, lo que evidencia que las brechas sociales afectan especialmente a las nuevas generaciones.
El informe de Cáritas también alerta sobre lo que denomina un “proceso inédito” de fragmentación social, caracterizado por la creciente desintegración de los hogares de clase media.
Según el informe, los hogares que aún pertenecen a esta clase media viven bajo una creciente presión económica, con casi el 47,5% de la población activa trabajando en condiciones de inestabilidad laboral. Esta precariedad laboral, que afecta especialmente a los jóvenes, se ha convertido en un factor clave en el retroceso de la clase media, pues incluso aquellos con empleo no logran acceder a condiciones de vida dignas. Esta realidad, que afecta tanto a la población activa como a los hogares con niños, ha profundizado la brecha entre ricos y pobres, generando una desconexión creciente en el tejido social.
A pesar de la mejora en los indicadores macroeconómicos, la pobreza y la desigualdad siguen marcando el día a día de una gran parte de la población. La inseguridad laboral, con una alta tasa de contratos temporales y sueldos bajos, ha dejado a muchos sin la posibilidad de construir un futuro estable.
Un 67% de los hogares en situación de exclusión moderada cuentan con al menos un miembro que está empleado, pero su trabajo no les garantiza una vida por encima del umbral de la pobreza. Esta situación refleja cómo el mercado laboral, lejos de ser una vía de integración, se ha convertido en una fuente de vulnerabilidad.
El acceso a la vivienda juega un papel fundamental en este proceso de fragmentación. La escasez de viviendas asequibles y el alto costo de los alquileres están empujando a muchas familias a condiciones de pobreza o exclusión.
El 45% de los inquilinos se encuentran en situación de riesgo, lo que sitúa a España en una de las posiciones más críticas dentro de la Unión Europea. A esto se suman los elevados precios de la vivienda, que dificultan el acceso a la propiedad y colocan a los inquilinos en una situación cada vez más precaria.
Los colectivos más vulnerables en este escenario son los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, quienes enfrentan tasas más altas de desempleo y condiciones laborales aún más precarias. El informe de Cáritas señala que los menores de edad son los más afectados, con un 29% de ellos en riesgo de pobreza, una cifra alarmante que refleja la falta de acceso a recursos esenciales como educación y salud, mientras que la precariedad afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente aquellas que son cabeza de familia, así como a los inmigrantes, cuyas condiciones laborales se han deteriorado en los últimos años.
Por otro lado, el informe destaca que los niveles de ingresos percibidos por los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, es más bajo que el de los pensionados.
Para revertir esta situación, expertos y organizaciones sociales coinciden en que se debe avanzar hacia un pacto social que garantice el bienestar de todos los ciudadanos y frene la creciente desigualdad. No basta con un crecimiento económico que no llegue a las bases de la sociedad.
Ante este panorama, Cáritas y otras organizaciones sociales insisten en la urgencia de un cambio estructural en las políticas sociales y laborales. La entidad afirma que es necesario reformar el sistema de bienestar, no solo para mitigar los efectos de la pobreza, sino también para evitar que España se convierta en una sociedad aún más fragmentada. Desde la ampliación de la vivienda social hasta la creación de empleo digno y la promoción de la igualdad de género, las propuestas van desde la intervención en el mercado de la vivienda hasta la mejora de las condiciones laborales para los más jóvenes.
Las consecuencias a largo plazo podrían ser graves. La pérdida de cohesión social puede derivar en mayores tensiones políticas y sociales, afectando la estabilidad del país. Si no se toman medidas adecuadas, España podría enfrentar una división más profunda entre una élite privilegiada y una mayoría excluida. Por ello, es fundamental que las políticas públicas se orienten hacia la creación de un sistema económico y social más inclusivo, donde la clase media pueda ser restaurada y la pobreza, erradicada.
Con este escenario, el informe señala que España se enfrenta a un dilema crucial: continuar con un modelo económico que beneficia a unos pocos, o iniciar un camino de reformas estructurales que promuevan la equidad y la cohesión social.