A la inestabilidad institucional que se ha instalado en España en el último año se le suman ahora la incertidumbre sobre el impacto de la guerra arancelaria que, por el momento, se ha saldado con la aplicación de tasas del 15% para las exportaciones europeas a Estados Unidos, y también la inseguridad jurídica que imprime la voraz agenda legislativa del Gobierno, que amenaza con incrementar sustancialmente los costos laborales de las empresas y establecer rigideces en el mercado laboral poco conciliables con la ralentización de la economía que proyectan los organismos internacionales para la segunda mitad del año.
Cinco son los frentes que el Ejecutivo pretende abrir en los próximos meses y que atisban nuevas cargas para los empleadores a la hora de contratar trabajadores: reducción de la jornada laboral, aprobación del Estatuto del Becario, subida del salario mínimo interprofesional, aumento de las cuotas de autónomos y reforma del despido. El más inmediato, que podría dirimirse pocas semanas después del inicio del curso político, es la implantación de las 37,5 horas de tiempo máximo de trabajo semanal. A la espera de que el Gobierno decida finalmente celebrar el pleno de votación de las enmiendas a la totalidad -se suspendió a finales del pasado mes de julio ante la falta de apoyos en el Congreso que hubiera lo tumbado- asestaría el mayor golpe.
Yolanda Díaz y Antonio Garamendi
La medida conlleva un coste para el tejido productivo que la CEOE cifra en 23.000 millones de euros, y que afectaría especialmente a pymes y autónomos con empleados a cargo. A favor de las organizaciones empresariales, que han rechazado de pleno la reforma del Estatuto de los Trabajadores, está la dificultad manifiesta de que el Gobierno de coalición logre sumar los votos necesarios primero para superar el trámite de totalidad y posteriormente para sacar adelante el proyecto de ley. Junts, la única vía que el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz puede labrar para sacar adelante su medida estrella de la legislatura permanece cerrada. Por los argumentos de la formación independentista en la enmienda de devolución presentada en la Cámara Baja, el Ejecutivo deberá poner sobre la mesa unas elevadas contraprestaciones para conseguir torcer su postura inicial. Pero aun si no sale adelante, lo que sí se aprobará por decreto es el endurecimiento del registro horario.
"El clima de incertidumbre e inseguridad jurídica que generan los anuncios de medidas económicas y laborales al margen de los acuerdos en el diálogo social, en general, impactan de manera muy negativa en las inversiones de las empresas y perjudican la competitividad de nuestro tejido empresarial, especialmente para las pymes, y, por extensión, de nuestra economía", explican fuentes de CEOE consultadas por EXPANSIÓN. Desde la organización dirigida por Antonio Garamendi subrayan que es importante tener presente que, según los últimos datos, "la inversión extranjera estaría migrando hacia otros destinos". En concreto, 2024 fue el primer año desde la pandemia en el que se produjo un retroceso de la inversión extranjera neta productiva debido al significativo aumento de las desinversiones, más de un 114%.
Además, desde la patronal advierten de que la incertidumbre sobre la aplicación de la reducción de jornada está provocando que se frene la firma de convenios colectivos en 2025. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, hace un "llamamiento a la coherencia". Y asegura que "esta medida se trata de un capricho del Ministerio de Trabajo decidido de espaldas a la negociación colectiva y alejada de la realidad. No se han medido las consecuencias".
Para la segunda mitad de año también están en el horizonte dos cuestiones sustanciales. Por un lado, Díaz ya ha anunciado que a la vuelta del parón veraniego convocará a la Comisión de Expertos para analizar una nueva subida del salario mínimo para 2026. Desde 2019, el suelo salarial en España se ha incrementado un 62%, hasta alcanzar los actuales 1.184 euros al mes.
También ha confirmado Trabajo que retomará la aprobación del denominado como Estatuto del Becario. Aunque la medida reconoce la obligación de compensar a los alumnos en prácticas por los costes generados para la asistencia a la empresa, el coste que se prevé es principalmente organizativo -toda vez que las cotizaciones sociales están bonificadas-. Sin embargo, se prevé una restricción del volumen de prácticas extracurriculares permitidas -las que son de carácter voluntario más allá del itinerario formativo- y también el acotamiento de la figura del empleado tutor de los alumnos en prácticas y el número de personas que pueden estar bajo su responsabilidad.
Ya de cara al inicio de 2026, Díaz convocará a patronal y sindicatos para abordar la reforma del despido improcedente. A pesar de que una reciente sentencia del Supremo ha desbaratado los argumentos asumidos por Trabajo para llevar a cabo el encarecimiento del despido, que abonan los dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales. "El aumento de las indemnizaciones eleva los coste empresariales y desalienta la contratación. Defendemos el despido se ajuste a causas objetivas, económicas, técnicas u organizativas que garanticen la viabilidad de las empresas", señala el presidente de CEIM.
"El Gobierno sigue en el empeño de generar mayor burocracia, y poner más zancadillas y trabas para las empresas y autónomos. Y, desde luego, esto genera incertidumbre", apunta el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtiendo, no en vano, de que el proceso legislativo de las medidas es complejo por la falta de apoyos para sacar adelante "medidas que generen más complicaciones para las empresas".
Pendientes de la subida de cuotas para los autónomos de 2026
La Seguridad Social pretende abordar en la segunda mitad del año la negociación para la actualización de las cuotas de autónomos. Se busca un acuerdo que fije las bases de cotización y cuotas asociadas para los próximos tres ejercicios, de acuerdo a los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.
Con el nuevo modelo de cotización establecido a partir de 2023 los autónomos deben aportar en función de sus ingresos reales. Lo hacen insertándose en uno de los quince tramos de ingresos que se fijan para cada año.
Con la puesta en marcha del sistema se establecieron las tablas para el periodo 2023-2025, y está previsto que se produzca, previa negociación con sindicatos y organizaciones representantes del colectivo de los autónomos las tablas para el próximo trienio (2026-2028).
Y aún estaría pendiente el esquema de los años 2029-2031, de modo que a partir de 2032 quede asentado el modelo de cuotas en función de rendimientos netos. La cuestión es que para avanzar hacia ese sistema se prevén mayores esfuerzos de aportaciones de los autónomos de cara a mejorar el nivel de sus prestaciones contributivas, esencialmente de la futura pensión de jubilación, de modo que esta se alinee con la de los asalariados (ahora es, de media, un 40% inferior).
No obstante, el Gobierno encontrará obstáculos para poder sacar adelante las nuevas tablas que acarrean una subida de cuotas para buena parte de los autónomos. Por un lado, parece prácticamente imposible un acuerdo total con los agentes sociales, toda vez que ATA, asociación mayoritaria de autónomos, ya ha anticipado que no negociará una subida de cuotas.
Por otro lado, sin ese acuerdo será altamente complejo poder sacar adelante la actualización, que exige de una modificación legal y por lo tanto de su aprobación en el Congreso de los Diputados.
FUENTE: -RIPE - EXPANSIÓN
