El gobierno argentino reivindicó los 60 años de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoció el conflicto de soberanía por Malvinas con Gran Bretaña. Y valora el apoyo de España, que también reclama por Gibraltar.
Se cumplen 20 años de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas sobre las Islas Malvinas.
El 16 de diciembre no es una fecha más en el calendario diplomático argentino.
El último martes se cumplieron sesenta años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, un texto que, lejos de haber perdido vigencia, continúa siendo el principal marco internacional para abordar la Cuestión de la soberanía de las islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico sur sobre la plataforma continental argentina pero bajo control territorial británico desde hace casi dos siglos.
Así lo reafirma un documento de la Cancillería argentina, en el que plantea algunos puntos semejantes entre las situaciones pendientes de descolonización británica de las islas Malvinas y el territorio de Gibraltar, reclamado desde hace tres siglos por España.
A seis décadas de aquel pronunciamiento histórico, la descolonización de las islas invadidas por el Reino Unido en 1833 sigue siendo una promesa pendiente.
Adoptada en 1965 por una abrumadora mayoría y sin votos en contra, la Resolución 2065 marcó un punto de inflexión: por primera vez, la ONU reconoció explícitamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
No sólo eso: identificó el caso como una situación colonial que debía resolverse mediante negociaciones pacíficas entre ambas partes.
El dato significativo es que España, cuyo respaldo fue valorado entonces y ahora por la Argentina, acompañó aquella decisión clave.
El contexto no era menor. La descolonización era uno de los grandes procesos impulsados por las Naciones Unidas desde su creación, y aunque logró avances significativos, aún hoy permanece inconcluso.
Diecisiete Territorios No Autónomos siguen bajo esa condición, entre ellos las Islas Malvinas y Gibraltar. Cada uno, según estableció la propia Organización, debe ser analizado en función de sus particularidades.
En el caso de Malvinas, la historia pesa. Desde los primeros años de su vida independiente, la Argentina ejerció de manera efectiva su soberanía sobre los archipiélagos heredados de España.
Esa continuidad se quebró el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas por la fuerza, desalojaron a las autoridades argentinas y establecieron una población implantada.
Fue un acto realizado en tiempos de paz y sin consentimiento argentino, que motivó protestas inmediatas y una posición sostenida a lo largo de todos los gobiernos: la soberanía argentina es legítima e imprescriptible.
La Resolución 2065 fijó los elementos centrales de la controversia y, desde entonces, el Comité Especial de Descolonización ha reiterado su carácter “especial y particular”.
La ONU ha sido clara: el principio de libre determinación no resulta aplicable en este caso, ya que entra en colisión con el principio de integridad territorial.
La población actual de las islas, trasplantada tras la ocupación de 1833, no es considerada un “pueblo” en los términos de las resoluciones de Naciones Unidas, una interpretación que también se aplica al caso de Gibraltar.
Esto no implica desconocer los intereses de los habitantes de las islas. La Argentina ha sostenido históricamente una actitud constructiva hacia ellos, ofreciendo garantías y proponiendo un régimen de salvaguardias especiales.
De hecho, entre 1966 y 1982, la Resolución 2065 dio lugar a negociaciones bilaterales que incluyeron medidas prácticas para mejorar la vida en las islas y fortalecer los vínculos con el continente.
El conflicto armado de 1982 interrumpió ese camino, pero no alteró la naturaleza de la disputa.
Así lo dejó en claro la propia Asamblea General en su Resolución 37/9, que reafirmó la necesidad de resolver la controversia exclusivamente por la vía diplomática.
Años más tarde, la Corte Internacional de Justicia reforzó este criterio al señalar que corresponde a la Asamblea General determinar cómo y cuándo se completa la descolonización de un territorio.
Desde entonces, el respaldo internacional a la posición argentina se ha mantenido firme.
La Asamblea General, el Comité Especial de Descolonización —cuya resolución más reciente fue adoptada el 18 de junio de 2025— y múltiples foros regionales y multilaterales han reiterado el llamado a retomar las negociaciones.
Sin embargo, el Reino Unido continúa rechazando ese diálogo y avanza con actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en espacios marítimos que la Argentina considera ocupados ilegalmente.
A sesenta años de la Resolución 2065, el mensaje de la comunidad internacional sigue siendo el mismo: la vía está definida y es la negociación.
Gobernada hoy por el presidente Javier Milei, la Argentina reitera su disposición a retomar las negociaciones, confía en los buenos oficios del Secretario General de la ONU y renueva su compromiso con una solución pacífica y conforme al derecho internacional.
El aniversario de la Resolución 2065 no sólo recuerda una decisión histórica. Expone, también, una deuda que aún espera ser saldada.