El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá en los próximos días si certifica el desempeño de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Los indicadores técnicos y la creciente fricción política con el gobierno de Gustavo Petro han configurado un escenario incierto, cuyo desenlace podría afectar la cooperación bilateral e impactar la economía colombiana.
La certificación que Estados Unidos otorga a países productores o de tránsito de sustancias ilícitas parte de un mecanismo legal establecido en 1961 y reforzado en 2003. Cada año, la Casa Blanca publica una lista de países que participan de manera significativa en la producción o el tránsito de sustancias ilícitas. La inclusión en dicha lista no implica sanciones automáticas, pero activa un proceso de evaluación.
Si se concluye que un país no ha cooperado de manera verificable en la lucha contra el narcotráfico, puede ser objeto de descertificación por parte de Estados Unidos. En ese escenario, existen dos alternativas: una descertificación parcial con exención por "interés nacional" o waiver, que permite conservar parte de la cooperación bilateral, aunque con una señal política de advertencia.
La segunda opción es una descertificación plena, que implica la suspensión de ayudas, el voto negativo en solicitudes de crédito ante organismos multilaterales, la imposición de sanciones comerciales y efectos indirectos, como una eventual reducción de la inversión por parte de empresas estadounidenses.
La coyuntura
Colombia no ha sido objeto de una descertificación desde 1997, cuando la administración de Bill Clinton optó por aplicar una descertificación parcial al gobierno de Ernesto Samper. Posteriormente, con la llegada de Andrés Pastrana al poder, Washington concedió la recertificación y las relaciones retornaron a la normalidad.
Donald Trump - 22-7-25 - AFP
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La coyuntura actual es similar. Trump podría optar por una descertificación parcial, lo que permitiría mantener la asistencia a las fuerzas de seguridad colombianas y enviar una señal de advertencia. Esta decisión se daría en un contexto marcado por el liderazgo de Colombia como principal productor mundial de cocaína y por la expectativa de un cambio de gobierno, dado que al mandato de Petro le restan diez meses.
La Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham) precisa en un análisis que actualmente Colombia recibe alrededor de 450 millones de dólares anuales en programas de seguridad, desarrollo y asistencia técnica. En caso de una certificación parcial, los recortes podrían ir desde un 10% hasta un 50% "afectando proyectos sociales, de justicia y de seguridad ciudadana que dependen del financiamiento externo".
Una descertificación plena supondría el fin de la ayuda o su reducción al mínimo y abriría la puerta a que Estados Unidos vote en contra de las solicitudes de crédito de Colombia en organismos como el BID, el FMI y el Banco Mundial. Además, considera Amcham, aumentaría el riesgo país, con lo que se elevaría el costo del endeudamiento y se reduciría la inversión extranjera.
Las probabilidades
Desde el Gobierno colombiano se mantiene la expectativa de una certificación. El pasado 25 de agosto, la canciller Rosa Villavicencio expresó confianza en ese desenlace durante una entrevista con El Espectador, en la que afirmó: "Vamos bien y creo que nos van a certificar. La lucha contra el narcotráfico no es tan fácil, tiene complejidades como el mismo hecho de tener una geografía compleja, la existencia de muchos grupos fragmentados".
Sin embargo, un informe técnico de AmCham evaluó distintas dimensiones de la política antidrogas, como la reducción de cultivos ilícitos y la voluntad política. Concluyó que, pese a avances en incautaciones e interdicciones, el aumento de los cultivos y la percepción internacional de rezago en su erradicación siguen siendo factores críticos.
El análisis señala que en 2023 se registraron más de 250.000 hectáreas de coca, con un aumento significativo en la producción potencial de cocaína. A junio de 2025, la erradicación forzosa cayó a mínimos históricos y la aspersión aérea continúa suspendida, lo que agrava la brecha frente a las metas oficiales.
Colombia - cultivo de coca - EFE.jpg
Cultivo de coca en Unguía, Colombia
EFE
Tras ponderar los distintos indicadores, AmCham concluye que el desempeño es bajo y "se traduce en una probabilidad de descertificación estimada entre 55% y 70%. Este resultado confirma que Colombia enfrenta un riesgo alto y no marginal, donde la descertificación deja de ser un escenario retórico para convertirse en una opción real con consecuencias significativas para el país".
Los alcaldes
En medio de la posibilidad de una descertificación, los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, viajaron a Washington para reunirse con congresistas estadounidenses. Gutiérrez afirmó en un video publicado en su cuenta de X que "hay riesgos ante una posible desertificación luego de los graves errores que ha cometido el gobierno Petro y al ser complaciente con las estructuras criminales y no combatirlas y no combatir con decisión el narcotráfico".
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Aunque reconoció que la decisión corresponde a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, señaló que busca mediar para que, en caso de que el país sea descertificado, "no se le quite el apoyo a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares en el combate al narcotráfico y a las estructuras criminales, que no se afecte el comercio, que no se afecten millones de empleos".
Inicialmente, estaba previsto que al viaje a Washington se sumaran también los alcaldes de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Petro interpretó la iniciativa como una interferencia en la política exterior y, a través de su cuenta de X, afirmó: "Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta".
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó esa postura y señaló que los alcaldes que viajaron a Washington "están usurpando funciones que son del presidente de la república como son las relaciones exteriores, el orden público y la seguridad nacional".
El apoyo a Maduro
Un factor que podría incidir en la decisión de Trump es el acercamiento de Petro con el régimen de Nicolás Maduro, justo cuando Washington intensifica su ofensiva contra el mandatario venezolano. Estados Unidos lo acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles -una estructura que cataloga como narcoterrorista-, ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura y mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe como parte de una operación antinarcóticos.
A través de su cuenta de X, Petro desestimó las acusaciones de Estados Unidos y afirmó que "el Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen" y advirtió que "cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe".
Petro con Maduro - EFE
Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
EFE
Su postura reafirmó una agenda de cooperación. Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para crear una zona económica binacional en la frontera que conecta los estados venezolanos de Táchira y Zulia con los departamentos colombianos de Norte de Santander, La Guajira y Vichada.
Analistas consideran que para el gobierno de izquierda de Petro, una eventual caída del chavismo en Venezuela configura un escenario de alta incertidumbre. El posible ascenso de una oposición con la que mantiene distancias ideológicas, y que percibe alineada con Estados Unidos y con sectores de la oposición colombiana, es interpretado como una amenaza potencial.
El costo político de este alineamiento podría ser significativo. El respaldo de Petro a Maduro, en un momento de alta presión por parte de Washington, tensiona la relación bilateral e introduce un factor que puede pesar en la evaluación antidrogas.
