Ante el impacto de las lluvias e inundacionesque han golpeado a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, en el norte de Colombia, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica. Con esta medida, el gobierno busca aplicar nuevos impuestos y recaudar fondos para la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El decreto precisa las cifras del impacto generado por “un evento hidrometeorológico atípico”, que entre el 1 y el 6 de febrero provocó precipitaciones superiores en un 180% a las esperadas para todo el mes.
Colombia - inundaciones - Petro -9-2-26 - AFP
Petro en una reunión de gabinete por las inundaciones
AFP
El Ejecutivo reporta un saldo de 10 personas fallecidas, 69.235 familias y 252.233 personas afectadas. Además, se registran daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas —de las cuales 4.158 quedaron destruidas—, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.
Al evaluar la magnitud de los daños en cada departamento, el decreto señala que Córdoba ha sufrido el mayor impacto, con 169.445 personas y 48.356 familias afectadas hasta el momento. En segundo lugar aparece Antioquia, seguido por La Guajira.
El Gobierno del Presidente @PetroGustavo expidió el decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional.
El riesgo de que surjan nuevas calamidades está presente. La capacidad de respuesta del programa Hambre Cero resulta insuficiente frente al número creciente de familias que padecen inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, el estancamiento de aguas y los daños en hospitales rurales incrementan la vulnerabilidad sanitaria, generando condiciones propicias para la propagación de enfermedades como dengue, malaria e infecciones respiratorias.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales anticipa una reducción paulatina de las precipitaciones en los próximos días, pero decidió mantener las alertas hidrológicas activas. La razón es clara: los suelos de la región siguen saturados y cualquier nueva lluvia, por ligera que sea, puede desencadenar inundaciones adicionales o deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.
La directora del Instituto, Ghisliane Echeverry, indicó en un Consejo de Ministros que este año no se consolidó una temporada seca, lo que agrava el panorama. Además, recordó que en marzo y abril comenzará el ciclo habitual de lluvias, con posibles impactos tanto en el Caribe como en la región andina. Esto significa que el país enfrenta un escenario de riesgo prolongado, donde la emergencia actual podría ser solo el preludio de nuevas crisis climáticas.
Gustavo Petro junto a su equipo se desplazó hasta las zonas afectadas por vía aérea y observó en un sobrevuelo los estragos causados por el desbordamiento de ríos como San Jorge, Sinú y Canaletes.
La emergencia económica está vigente, pero debe ser avalada por la Corte Constitucional. El decreto le otorga al gobierno la facultad de adoptar medidas que normalmente requieren la aprobación del Congreso, como la imposición de nuevos impuestos.
El Ministerio de Hacienda anunció que, mediante un impuesto al patrimonio de las grandes empresas, espera recaudar 8 billones de pesos ( unos 2.200 millones de dólares) para atender la emergencia.
A diferencia del decreto de emergencia anterior, se espera que en esta oportunidad la Corte Constitucional dé luz verde a la medida. El pasado 30 de enero la Corte suspendió el decreto de emergencia anterior, dejando sin efecto las medidas excepcionales tomadas por el gobierno, que incluían un alza de impuestos destinada a financiar parte del déficit en las cuentas públicas.
El fallo suspendió el cobro de los impuestos de manera temporal, hasta tanto la Corte tome una decisión definitiva sobre si la medida se ajusta o no a la Constitución. Básicamente los cuestionamientos son que los decretos de emergencia están diseñados para enfrentar circunstancias inesperadas y no algo estructural como el déficit fiscal.
El presupuesto nacional ya arrastra un déficit de 16 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares), y a esa carga se suma ahora el impacto de la emergencia por las lluvias.
