La defensa de Citgo, una de las joyas de la corona del patrimonio petrolero de Venezuela, entró en fase decisiva. El 18 de agosto, un tribunal federal de Delaware, en Estados Unidos, podría declarar un ganador en el proceso de subasta y decidir que la empresa cambie de manos. No obstante, los encargados de la defensa de la compañía intentarán frenar el proceso por vías legales.
En 2019, Estados Unidos consideró que el gobierno de Nicolás Maduro se había apartado del camino democrático y reconoció a Juan Guaidó -entonces presidente del Parlamento venezolano- como mandatario interino de Venezuela. A partir de ese reconocimiento, Guaidó designó una Junta ad hoc encargada de administrar los activos en el exterior de PDVSA, la petrolera estatal. En particular, Citgo, la filial con sede en Estados Unidos.
Con tres refinerías, 34 terminales de almacenamiento y una red de 4.000 estaciones de servicio, Citgo es un actor relevante en el mercado de combustibles del este de EEUU y tiene un valor simbólico y logístico para Venezuela. Horacio Medina, presidente de la Junta ad hoc de PDVSA, admite que la empresa atraviesa un momento crítico: "Está en un altísimo riesgo de ser perdida, pero nosotros todavía tenemos espacio para seguir defendiendo esos activos".
Un grupo de 15 empresas, afectadas por expropiaciones sin compensación o con deudas por cobrar en Venezuela contraídas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, logró que el juez Leonard Stark, al frente del tribunal federal de Delaware, decidiera que PDVSA y el Estado venezolano son una misma persona desde el punto de vista jurídico. Ese criterio, establecido inicialmente en el caso de la minera canadiense Crystallex, abrió la puerta a que los acreedores puedan cobrar subastando las acciones de PDV Holding, filial de PDVSA y propietaria de Citgo.
En conjunto, la lista de acreedores que incluye a empresas como Conoco Phillips, Huntington Ingalls y Tide Waters reclaman pagos que ascienden a 18.900 millones de dólares.
La subasta está en marcha. El asesor especial del tribunal, Robert Pincus, recomendó al juez Stark aceptar la oferta de un consorcio liderado por Gold Reserve, que asciende a 7.382 millones de dólares. A partir de esa recomendación se abrió un período para que otros oferentes o partes interesadas presenten sus objeciones. En la audiencia programada para el 18 de agosto, el juez podría adjudicar Citgo a un postor distinto o validar la propuesta de Gold Reserve. También tiene la opción de aplazar su decisión para una fecha posterior.
Objeciones a la oferta
La oferta presentada por Gold Reserve, una empresa minera registrada en Bermuda y que cotiza en Canadá, incluye un esquema de financiamiento basado en un préstamo de 4.500 millones de dólares y una línea de crédito rotativa de 2.000 millones a operar tras la adquisición. En la propuesta participan JP Morgan, TD Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. La defensa de Citgo contempla presentar objeciones.
Medina advierte que la oferta se apoya en el endeudamiento de Citgo. "A Gold Reserve nadie le va a prestar 4.500 millones de dólares, se los van a otorgar porque va a poner a Citgo como prenda. Igual que el préstamo rotativo. La deuda va en cabeza de Citgo", señala. Además, cuestiona la falta de inversión: "No están trayendo ni un solo dólar. Están endeudando al máximo, más allá de lo permisible a Citgo, lo cual dejaría a la empresa prácticamente desguarnecida".
Posible cambio de fecha
La audiencia del 18 de agosto en Delaware podría postergarse mientras se espera una decisión clave en otro tribunal: el de la jueza Katherine Failla, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Su fallo está relacionado con la demanda de inversionistas que poseen bonos emitidos por PDVSA en 2016 - y en default desde 2020- que también reclaman derechos sobre Citgo.
La administración de Maduro emitió los bonos otorgando como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, algo que el gobierno interino consideró ilegal bajo el argumento de que las acciones no podían comprometerse sin autorización del Parlamento. Tras fallos y apelaciones, el juicio sigue en curso, y el tribunal deberá decidir si, conforme a la Constitución venezolana, no era necesaria la aprobación del Parlamento para respaldar los bonos.
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"La jueza analizará el proceso a la luz de la ley de Venezuela. Las probabilidades de que nosotros ganemos bajo ese enfoque, diría que son un poco más del 50%", afirma Medina y agrega que este litigio incide en las ofertas que se presentan por Citgo en el tribunal de Delaware.
La jueza Failla ha anticipado que emitirá su decisión a finales de septiembre, y un grupo de acreedores solicitó al juez Stark que difiera la audiencia hasta contar con ese pronunciamiento. La posibilidad de una postergación está latente.
La apelación
Si finalmente el juez Leonard Stark declara un ganador en la subasta y decide que Citgo debe cambiar de dueño, la Junta ad hoc de PDVSA apelará esa decisión en la Corte del Tercer Circuito de Delaware. "Aún no está decidido, pero podríamos también acudir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, de modo que este podría ser un caso que se decida en el primer trimestre del próximo año", explica Medina.
Si bien se cuida de no adelantar todos los argumentos, explica que un punto a resaltar es que el fallo de Stark que determinó que PDVSA y el Estado venezolano son en lo jurídico una misma persona, un alter ego, se basó en la ley federal. Sin embargo, advierte que también debe considerarse la ley del estado de Delaware, que exige no solo identificar la existencia de un alter ego, sino demostrar que "se prestó para un hecho fraudulento". "Eso no ocurrió, nadie ha mostrado evidencia alguna y nosotros vamos a insistir", afirma.
Este argumento ya ha sido esgrimido por la defensa de Citgo, pero no ha habido una decisión al respecto. Horacio Medina explica que la Corte del Tercer Circuito de Delaware indicó que analizaría este aspecto al final del proceso, es decir, si en definitiva avanza la venta de la empresa entonces será el momento para considerar si este argumento es válido o no.
En marzo del año pasado, el juez Stark reafirmó la tesis de que PDVSA y el Estado venezolano conforman una misma entidad jurídica, al considerar que tanto la administración de Maduro, dentro del país, como la del gobierno interino de Guaidó, en el exterior, gestionaron la empresa de forma tal que diluyeron la frontera entre el Ejecutivo y la petrolera.
Horacio Medina afirma que, si bien respeta las decisiones del juez Stark, no las comparte. “Uno de sus argumentos principales es que nosotros le dimos 1.000 millones de dólares al gobierno interino y eso no es verdad, no es cierto, y esa fue una de las razones por las cuales decidió sobre el alter ego. Vamos a insistir sobre eso en la apelación”, asegura.
Aunque la decisión no tiene carácter vinculante en el caso de Delaware, Medina subraya que, en otro proceso judicial promovido por los acreedores G&A y Girard, el juez Jed S. Rakoff, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, descartó la existencia de alter ego tras realizar un análisis riguroso basado en evidencias.
Las licencias
La última línea de defensa para evitar que Venezuela pierda Citgo, en caso de que todas las instancias judiciales resulten adversas, son las licencias que emite la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En el marco de las sanciones impuestas al gobierno de Maduro, Washington ha emitido una licencia que suspende temporalmente el derecho de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 a ejecutar la garantía y tomar control del 50,1% de las acciones de Citgo. El pasado 20 de junio, esa medida fue prorrogada hasta el 20 de diciembre de este año, y podría ser extendida nuevamente.
Otro aspecto clave es que, si la subasta en Delaware llega a su fase final -como todo parece indicar- y el juez ordena la venta de las acciones, el comprador necesitará una licencia individual emitida por la OFAC para asumir el control efectivo de Citgo.
