Datos de la inteligencia militar de Colombia, citados en un informe de 2024 de la Fundación Paz y Reconciliación, señalan que el ELN cuenta con unos 5.900 combatientes, de los cuales 950 operarían en territorio venezolano. En sus investigaciones Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois, sostiene que el cierre de la frontera en 2015 convirtió al ELN en una autoridad de facto y que en 2019, ante el temor de una incursión armada desde Colombia, el gobierno de Maduro recurrió al ELN como fuerza de contención.
Actualmente, el ELN ha ampliado su control sobre el Catatumbo, el enclave de mayor producción de coca en Colombia, ubicado en la frontera con Venezuela. En esa zona, ha desplazado progresivamente a las disidencias de las FARC fortaleciendo su presencia territorial. Más allá de su poder militar, una característica central de esta narcoguerrilla es su capacidad para penetrar en la sociedad, sustituir al Estado, proveer servicios básicos y controlar a bandas criminales locales.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, sostiene que “del lado venezolano el ELN hace parte de la línea defensiva de la revolución bolivariana”, aunque no está subordinado a sus mandos. Añade que su influencia trasciende lo militar: “información que nos ha llegado desde el área indica que ha logrado insertarse en toda la dinámica de los consejos comunales y la milicia nacional bolivariana, lo cual le da una capacidad de control social muy fuerte”.
El giro que ve Petro
Según el presidente colombiano, Gustavo Petro, el gobierno de Nicolás Maduro reformuló su política fronteriza —a instancias suyas— y comenzó a cooperar para cercar al ELN cuya ofensiva contra las disidencias de las FARC en el Catatumbo tiene como saldo, hasta ahora, 72.488 desplazados y 154 homicidios de acuerdo a datos de la Gobernación de Norte de Santander.
“He movido diplomáticamente al gobierno de Venezuela para que golpee al ELN, y lo está golpeando”, aseguró Petro el pasado 12 de agosto. El giro habría comenzado con la Operación Relámpago del Catatumbo, ejecutada por la Fuerza Armada venezolana en febrero de este año. El propio Nicolás Maduro respaldó esa narrativa al afirmar: “Es evidente que Venezuela en toda esa zona del Catatumbo llegó y limpió”.
Petro con Maduro - EFE.webp
De acuerdo a las autoridades venezolanas la Operación Relámpago del Catatumbo permitió incautar 30 toneladas de cocaína, desmantelar 17 campamentos de procesamiento de hoja de coca y la detención de cuatro alcaldes presuntamente vinculados al narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado enfrentamientos con el ELN ni la captura de alguno de sus comandantes.
“Hasta donde tengo información las acciones contra el ELN en territorio venezolano no son significativas, no se ha detenido ningún comandante que pueda llegar a tener algún tipo de valor estratégico en alguna de las rutas o redes de acceso a recursos”, dice Ronal Rodríguez.
El ELN como ficha de poder
El pasado 25 de agosto, el gobierno venezolano anunció que reforzará el operativo militar en la frontera con Colombia. Los efectivos se concentrarán entre los estados Zulia y Táchira, a lo largo de una franja de 851 kilómetros. Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, los 15.000 soldados se organizarán en 60 unidades de reacción rápida, con apoyo de drones y patrullas navales en el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, con el objetivo de combatir el narcotráfico.
La movilización se enmarca en una creciente presión por parte de Washington. La administración de Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una red narcotraficante en la que estarían involucrados altos mandos militares venezolanos. En paralelo, el director de la DEA, Terry Cole, aseguró que el Estado venezolano colabora con el ELN y las FARC en el envío de cocaína hacia Estados Unidos.
Washington desplegó fuerzas militares en aguas del Caribe, frente a Venezuela, y advirtió que está dispuesto a utilizar “todos los elementos de su poder” para frenar el ingreso de drogas por sus fronteras y “llevar a los responsables ante la justicia”, según comunicó la Casa Blanca.
¿En este contexto, la administración de Nicolás Maduro va a combatir al ELN en la frontera? Para Rodríguez, “la revolución bolivariana, ahora y particularmente con el discurso de Estados Unidos, necesita que el ELN, un cuerpo que conoce y controla la zona, tenga los ojos más abiertos”.
Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, explica que la presencia del ELN en Venezuela podría funcionar como un factor disuasivo ante cualquier intento externo de promover un cambio político. La hipótesis sugiere que, al mostrar un escenario potencial de ingobernabilidad —con actores armados y alto poder de fuego—Venezuela, en este escenario, se convertiría en un país ingobernable.
Sin embargo Mijares agrega que la presencia del ELN en Venezuela no responde únicamente a la permisividad estatal. “El ELN se ha ganado su puesto a pulso”, afirma, al destacar que su poder de fuego y capacidad de combate lo convierten en un actor capaz de representar una “amenaza formidable”para la propia Fuerza Armada Bolivariana: “es una presencia de la que no van a poder salir, le abrieron la puerta al diablo y ahora está adentro”, sostiene.
En este contexto, enfrentar al ELN no parece una opción viable para el gobierno venezolano. “Sería absolutamente contraproducente para los intereses de Maduro y los distintos clanes que forman parte del poder en Venezuela”, dice Víctor Mijares.
Las razones de fondo
Si el ELN mantiene el mayor control territorial en la zona, no hay indicios de confrontación directa y luce poco probable que suceda ahora, ¿qué explica entonces el movimiento de tropas ordenado por Nicolás Maduro hacia la frontera con Colombia?
Para Mijares, el objetivo no es golpear a la guerrilla, sino reforzar la presencia en un territorio estratégico. “El gobierno venezolano considera que es la zona más delicada para la estabilidad política. Cada vez que ha denunciado algún tipo de intento de golpe de Estado, magnicidio o asonada hay colombianos involucrados”.
Rodríguez añade al refuerzo de la seguridad, el interés en controlar la labor de eventuales mercenarios que podrían verse tentados a operar en Venezuela. “Se sabe que los militares colombianos que se van a trabajar como mercenarios a Sudán reciben como pago 11.000 dólares, mientras que la recompensa de Estados Unidos por la detención de Nicolás Maduro es de 50 millones de dólares, y por la del ministro del Interior, Diosdado Cabello, 25 millones. Esto puede hacer que quienes trabajan como mercenarios o contratistas puedan verse tentados”, explica.
Mural de Maduro en Caracas - EFE.jpg
Mural de Maduro en Caracas
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Otro factor a considerar es el impacto del despliegue militar de Estados Unidos sobre las rutas del narcotráfico. Alterar el flujo de la droga podría generar tensiones entre los grupos armados que operan en la zona. En ese contexto, la movilización venezolana buscaría anticiparse a una mayor conflictividad, reforzando su presencia en un territorio que se volverá más inestable.
De acuerdo con Insight Crime el Cartel de los Soles se asemejaría a una red de corrupción en la que militares y políticos venezolanos facilitarían el tránsito de narcóticos. En este sentido Mijares destaca que el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe va a derivar en mayor presión para el flujo de narcóticos por las rutas terrestres.
“El bloqueo en las costas metería presión, entonces, a las cadenas de suministro por las vías terrestres. Creo que parte del objetivo de los Estados Unidos con esta operación es, precisamente, poner a prueba las frágiles y siempre inestables relaciones entre grupos de narcotraficantes, y poner en evidencia que existe complicidad en este tipo de operaciones, y que Venezuela y sus Fuerzas Armadas estarían involucradas”, advierte Mijares.
