En su guerra contra el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, Donald Trump redobló la apuesta y en un mismo día asestó dos fuertes golpes. Luego de imponer sanciones económicas al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, el presidente firmó una orden ejecutiva que puso fin a las negociaciones con Brasil y ordenó la entrada en vigor de aranceles del 50% a los productos brasileños.
El texto que acompaña la medida sostiene que este castigo económico, el gravamen más alto impuesto por Estados Unidos a un país, busca enfrentar "las recientes prácticas del gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EEUU".
El gobierno de EEUU dijo que los aranceles del 50% entrarán en vigor en siete días a partir de este miércoles. Sin embargo, en la lista de excepciones figuran varios de los principales productos que Brasil exporta a Estados Unidos, como petróleo y combustibles, aviones, minerales y jugo de naranja. Según cálculos preliminares, las excepciones benefician productos que representaron cerca del 43% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos el año pasado.
Por su parte, desde el gobierno de Brasil dijeron que esta medida los dejaba en una situación más favorable que la que esperaban. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, aseguró que el anuncio de Trump no es el punto de llegada, sino el de partida en las negociaciones entre ambos países para resolver sus diferencias comerciales.
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Brasil firmó acuerdos con China en el marco de la cumbre de los BRICS, potenciando su distancia con EEUU y la administración de Trump.
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Según el ministro, al anunciar una lista de 700 excepciones al arancel, EEUU mostró que tuvo en consideración las observaciones de las autoridades brasileñas sobre una sanción que terminaría afectando a ambas economías. "Hubo sensibilidad ante nuestras consideraciones y a nuestros argumentos de que esa medida no afecta solo al trabajador brasileño, sino también al consumidor estadounidense", afirmó Haddad en declaraciones a los periodistas en Brasilia, que recogió la agencia EFE.
De todas maneras, a pesar de las excepciones, varios productos se vieron fuertemente impactados por el elevado arancel adicional, entre los que se incluyen algunos importantes en la pauta de exportación a Estados Unidos, como el café, las carnes y las frutas.
"Aún hay muchas injusticias. Hay sectores afectados que no necesitaban ser sancionados, ningún rigor y casos que son dramáticos que tendrían que ser considerados inmediatamente", afirmó el ministro y anunció que Brasil presentará recursos ante todas las instancias posibles, incluidas la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los órganos reguladores de Estados Unidos, contra lo que considera medidas injustas.
La justificación para los aranceles más altos del mundo
Trump había amenazado con imponer los aranceles el 9 de julio, en una carta dirigida al presidente Lula. Sin embargo, la base legal de esa amenaza se sustentaba en una orden ejecutiva anterior, que se refería a los desequilibrios comerciales de EEUU con otros países. No obstante, según la Oficina del Censo, Estados Unidos registró un superávit comercial de 6.800 millones de dólares con Brasil el año pasado.
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Para aplicar este nuevo arancel, que en realidad supone un aumento de 40 puntos porcentuales, ya que se suma al arancel universal anterior del 10%, Washington invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. La legislación es la misma a la que se recurrió en febrero para poner aranceles a México y Canadá con el pretexto de que estos países no hacen lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo y de migrantes a través de la frontera.
Los motivos detrás de la medida contra Brasil son principalmente políticos: la balanza comercial favorece a Estados Unidos, pero el presidente busca utilizar este arancel como una herramienta para influir en el juicio contra su aliado, el exmandatario Jair Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en el intento de golpe de Estado enero de 2023.
La orden sostiene que las autoridades brasileñas llevaron a cabo una persecución política y adoptaron medidas que vulneran los derechos humanos y la libertad de expresión, centrándose especialmente en el caso de Bolsonaro y sus simpatizantes. En el texto, la Casa Blanca señala específicamente al juez De Moraes, acusándolo de "emitir unilateralmente cientos de órdenes para censurar secretamente a sus críticos políticos".
Además, la orden hace mención al juicio contra X, acusando a "miembros del gobierno brasileño de tomar medidas sin precedentes para coaccionar, de manera tiránica y arbitraria, a empresas estadounidenses, exigiendo que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido".
Finalmente, la orden subraya que esta práctica "socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de las empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de Estados Unidos de promover elecciones libres y justas y proteger los derechos humanos fundamentales, tanto dentro como fuera del país".
Sanciones a De Moraes
El miércoles, el gobierno estadounidense también impuso sanciones a De Moraes, quien está a cargo del juicio contra Bolsonaro. La decisión de la Casa Blanca contra el juez es por "autorizar detenciones arbitrarias" y "suprimir la libertad de expresión", según el Departamento del Tesoro.
Las sanciones se imponen en base de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.
"De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro", acusado de intentona golpista, afirmó el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado.
No es la primera vez que el líder MAGA toma medidas contundentes en defensa de su aliado. El encargado de apurar las gestiones contra el juez en EEUU porta el mismo apellido que el del ex presidente de Brasil. Se trata de Eduardo Bolsonaro. Con Jair inhabilitado para ser candidato por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, su hijo Eduardo podría ser la esperanza conservadora para desbancar a Lula da Silva de la presidencia. Una forma de mantener el apellido Bolsonaro en la boleta, pero con una figura menos desgastada que la de su padre. Eduardo se le confirmó a El Observador USA.
A mediados de mes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se revocaban los visados de entrada a Estados Unidos de Moraes y otros jueces del Supremo y sus parientes. No todos, únicamente los que el Gobierno Trump considera cómplices de la "caza de brujas" contra Bolsonaro.
