La iniciativa aún se encuentra en fase de comentarios públicos. El proceso para aprobar una normativa del Departamento de Trabajo de EEUU consta de varias etapas: comienza con la elaboración de la propuesta, seguida de su publicación oficial, un período de comentarios públicos para cada uno de los cambios, el análisis de esas opiniones y la revisión correspondiente, y concluye con la publicación de la norma definitiva.
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Un informe de la agencia AP examinó en profundidad las consecuencias de las medidas de desregulación en consideración para diversos sectores:
Sin salario mínimo para cuidadores domiciliarios
La atención domiciliaria, un sector vital para el bienestar de personas mayores o con condiciones médicas delicadas, enfrenta un posible retroceso en los derechos laborales de quienes lo sostienen. La nueva propuesta del Departamento de Trabajo permitiría a las agencias empleadoras pagar a cerca de 3,7 millones de trabajadores por debajo del salario mínimo federal, actualmente de 7,25 dólares por hora, y eximirlos del pago por horas extra, siempre que no estén amparados por leyes estatales.
Los trabajadores de este rubro asisten diariamente a personas en situación de vulnerabilidad: preparan comidas, administran medicamentos, ayudan en tareas de higiene personal, los acompañan a citas médicas y brindan contención emocional. A pesar de la exigencia física y emocional que implica, muchos podrían quedar excluidos de protecciones laborales básicas.
Departamento de Trabajo de Estados Unidos. AP
Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
AP
La iniciativa busca revertir una regulación adoptada en 2013 durante la presidencia de Barack Obama, la cual había extendido las protecciones salariales a estos trabajadores. De aprobarse, se restablecería el marco normativo de 1975, que excluía al personal de cuidados domiciliarios de dichas garantías.
Según el Departamento de Trabajo, la medida reduciría costos operativos para las agencias y ampliaría la disponibilidad de servicios, permitiendo que más personas mayores permanezcan en sus hogares por más tiempo.
En respuesta, Judy Conti, del National Employment Law Project, advirtió a AP que su organización se movilizará para impedir su aprobación, ya que en ausencia de estas protecciones, muchos trabajadores —predominantemente mujeres— podrían enfrentar jornadas de 50 o 60 horas semanales sin pago extra, con riesgo elevado de lesiones por esfuerzo físico.
Por su parte, desde la organización conservadora Independent Women’s Forum aplaudieron la medida, argumentando que reducir los costos haría más accesible el servicio para quienes asumen las tareas de cuidado familiar, especialmente mujeres. Sin embargo, desde el Economic Policy Institute, Samantha Sanders alertó: “Decir que creemos que no necesitan esas protecciones sería devastador para una fuerza laboral que realiza un trabajo realmente esencial y que está compuesta en gran parte por mujeres, especialmente mujeres negras”.
Protecciones para trabajadores agrícolas migrantes
Trabajadores en un granja de California. AP.jpeg
AP
El año pasado, el Departamento de Trabajo implementó una serie de normativas destinadas a fortalecer las protecciones para los trabajadores agrícolas migrantes contratados bajo el programa de visas H-2A. Sin embargo, la administración actual considera que muchas de esas medidas imponen cargas financieras y administrativas innecesarias a los empleadores del sector.
Con su nueva propuesta, el Departamento eliminaría la exigencia de que la mayoría de los medios de transporte proporcionados por los empleadores cuenten con cinturones de seguridad para los trabajadores agrícolas y revertiría una normativa adoptada en 2024 que ofrecía garantías a los trabajadores migrantes que presentaran quejas, testificaran o participaran en procesos de inspección o audiencias relacionadas con condiciones laborales.
“Existe una larga historia de represalias contra trabajadores que denuncian abusos en el trabajo agrícola. Y con el programa H-2A es aún peor, porque el empleador simplemente puede no renovar tu visa”, explicó Lori Johnson, abogada senior de Farmworker Justice, a AP.
Por su parte, Michael Marsh, presidente y CEO del Consejo Nacional de Empleadores Agrícolas, celebró los esfuerzos de desregulación, señalando que los agricultores se han visto abrumados por miles de páginas de regulaciones en los últimos años. “¿Se imagina a un agricultor y su esposa tratando de comprender 3.000 páginas nuevas de regulaciones en 18 meses y luego ser responsables de cumplir con cada una de ellas?”, preguntó.
Seguridad en las obras en construcción y minas
Vigas de acero en una construccion de EEUU. AP.webp
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que depende del Departamento de Trabajo, quiere derogar una norma que exige a los empleadores proporcionar iluminación adecuada en sitios de construcción, argumentando que esta no reduce sustancialmente el riesgo.
En la actualidad, la OSHA tiene la potestad para emitir sanciones bajo su “cláusula de deber general”, que exige que los empleadores mantengan un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos que puedan causar la muerte o lesiones graves.
La propuesta también tendría implicaciones para los estándares de seguridad minera. Actualmente, los operadores de minas de carbón deben presentar planes detallados de ventilación y prevención de colapsos para su revisión por parte de la Administración de Seguridad y Salud en Minas (MSHA). Los directores de distrito de MSHA están autorizados a exigir mejoras o ajustes en esos planes.
Sin embargo, el Departamento de Trabajo busca retirar esa potestad, argumentando que otorga a funcionarios locales la capacidad de modificar requisitos sin el debido proceso de consulta pública ni supervisión legislativa. Asimismo, la propuesta eliminaría la autoridad de los gerentes de distrito para solicitar cambios en los programas de formación en salud y seguridad dentro de las minas.
Limitar la capacidad del gobierno para sancionar por condiciones inseguras
La cláusula de deber general permite a OSHA sancionar a los empleadores por condiciones laborales inseguras, incluso si no hay una norma específica aplicable.
Una propuesta de OSHA excluiría a la agencia de aplicar esta cláusula para prohibir, restringir o sancionar a empleadores por “actividades profesionales inherentemente riesgosas que son propias de ocupaciones profesionales, deportivas o de entretenimiento”. Es decir, atletas, actores, bailarines, músicos, otros artistas y periodistas.
En materia de salud y seguridad en el trabajo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) recibió, en general e históricamente, apoyo de ambos partidos políticos. Ya que, además, la aplicación de la OSHA no se alterna según el partido político que controle el Poder Ejecutivo.
Debbie Berkowitz, quien fue jefa de personal de OSHA durante la administración Obama, opinó que limitar la autoridad de la agencia sería un error. “Una vez que se elimina esa amenaza, podríamos volver a una situación en la que la seguridad quede relegada, porque hay otras presiones productivas que pesan más”, afirmó Berkowitz a AP.
