A raíz de ese casos y de otras denuncias, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay inició movilizaciones y planteó el tema a la presidencia de la Corte. El 30 de noviembre de 2023 se inició la investigación administrativa por acoso laboral y violencia en el trabajo. Como consecuencia, en diciembre, renunció Marcelo Pesce, director general de los Servicios Administrativos.
Al concluir la investigación, quedó probado el acoso y la violencia o maltrato lo ejercían los jerarcas que estaban por debajo de Pesce y que eran de su confianza, Alzer Arezo y el escribano Ignacio Wilf y ello llevó a la Suprema Corte a destituirlos en un fallo votado por unanimidad, informó Búsqueda este miércoles.
Además se decidió notificar del caso a Fiscalía por si amerita una indagatoria penal sobre las personas responsables de los hechos probados.
En el informe que el instructor del sumario entregó a la Corte concluyó que Arezo es "responsable por acción como partícipe principal de llevar a cabo conductas abusivas, ejerciendo en forma continua violencia psicológica y emocional y o acoso laboral hacia los funcionarios, violentando los derechos humanos fundamentales de estos e incumpliendo sus propios deberes funcionales, lo que determinaría la comisión de una falta administrativa de extrema gravedad".
En el caso del escribano Wilf concluyó que también "es responsable por acción de haber revestido la calidad de soporte y en menor medida haber realizado acciones de violencia psicológica y acoso laboral, incurriendo también en falta administrativa grave", por lo tanto se recomendó la destitución de ambos.
"Gestor del acoso"
La ministra Doris Morales, impulsora de la denuncia que había recibido como presidenta, y por la que se enfrentó duramente a Pesce, opinó que quien operaba como "gestor del acoso" era justamente Pesce, ya que es imposible que no supiera los hechos relatados por los testigos. Por acción u omisión cometió acoso, opinó.
“Bajo ningún parámetro puede considerarse que fuera ajeno a lo que sucedía en la oficina que tenía a su cargo y de haberlo sido demuestra total inoperancia e ineptitud”.
La Corte concluyó que “es palmario que la operativa de Arezo y Wilf produjo miedo en los trabajadores afectados, ocasionando que varios de ellos tuvieran que ser sometidos a tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos”.
Los ministros concluyeron que el acoso laboral se expresó por parte de Arezo en "dar órdenes sin sentido, controlar los movimientos de los funcionarios, no proporcionarles el material de trabajo necesario, otorgarles tareas imposible de cumplir, hostigarlos y menospreciarlos en forma constante, tensionarlos con el otorgamiento de licencias, imposibilitarlos de cumplir sus necesidades básicas como ir al baño, comer, por miedo a reprimendas o sanciones, conversar demuestra la existencia de acoso laboral en la oficina".
Testimonios: "Gran hermano", permiso para ir al baño y amenazas con sumarios
Los testimonios unánimes de toda la oficina demostraron la existencia de malos tratos. "El problema radicaba en que todos los mandatos los revisaba Alzer, sonaba el interno 4090 y ya sabíamos que había algo que no le gustaba… a veces era una línea que había quedado pegada, errores de tipeo. Eso genera un desgaste. Trabajo desde los 19 años en el Poder Judicial y nunca vi lo que vi ahí, y me terminó enfermando”.
A través de las 16 cámaras instaladas en la oficina controlaba los movimientos de cada funcionario pero no lo hacía únicamente desde la oficina, también cuando estaba en su casa. Eso llevó a que una funcionaria afirmara: "Estábamos en una especie de Gran Hermano donde Arezo nos controlaba a toda hora y sabía todos los movimientos de la oficina".
No podían dejar el puesto de trabajo sin avisarle a dónde iban, incluso cuando iban al baño, relataron los trabajadores. "Si se solicitaba ir al baño, había que dejar a alguien. En algunos lugares específicos como la mesa de entrada, había que avisarle a Arezo para ir al baño, no se podía pedirle a un compañero que se quedara cinco minutos cubriendo mientras ibas al baño o a comer”.
"Nos controlaba desde su casa porque a veces llegábamos antes a la oficina y cuando ella llegaba nos decía ¿qué estabas buscando en ese mueble?", relató otra.
El manejo de las licencias "era otro factor de poder… generaba estrés psicológico en los funcionarios que no podían prever ni siquiera sus propias vacaciones".
Tampoco los dejaba relacionarse entre ellos. "Nos pedían no hablar con nadie, no saludar, nos llamaban a la atención cuando saludábamos, cuando dos personas se llevaban bien, las separaba (...) y efectuó un sinfín de humillaciones y malos tratos, utilizando descalificativos y expresiones amenazantes".
Ante las situaciones de acoso, los trabajadores empezaron a pedir traslado a otras oficinas. "Su resolución era otra forma de ejercer presión. Los informaba de un día para otro, imposibilitando que se despidieran de sus compañeros. También modificaba los lugares de destino que venían proyectados desde Recursos Humanos", relataron los testigos del sumario.
Otra forma en la que ejercía violencia era a través de la concesión de horas extras que manejaba a su antojo, según surge del sumario. Una de las funcionarios explicó: "Había viáticos fijos asignados a la oficina y ella los distribuía como quería, se los daba a quiénes se habían portado bien, ella misma se autoasignaba viáticos y se supone que era para la gente que se quedaba fuera de hora y no tenían permanencia”.
En el caso del escribano Wilf, los funcionarios relataron que era el "brazo ejecutor de las órdenes que impartía Arezo" y cuando ella no estaba en la oficina asumía su rol. “Ignacio fue incrementando su poderío y con su poderío los malos tratos. Él era administrativo cuando lo conoci e hizo una carrera vertigionsa sin concursar para esa región. Había abuso de poder”, relató otro compañero.
Fueron unánimes también los comentarios de que se paraba atrás de las computadores mientras trabajaban y les señalaba errores. "Todo lo que hacíamos estaba mal y había que seguir los lineamiento de él porque era el portavoz del ingeniero (Pesce) y de ella (Arezo). Ellos siempre estaban juntos y tenían una relación muy cercana", contó otro.
"Escuchaba conversaciones y observaba a los funcionarios a través de mamparas o puertas con el fin de infundir temor". "Hablaba con desprecio y se mimetizaba con Arezo", relataron otros dos funcionarios.
El acoso al funcionario que se suicidó
El suicidio de Ricchino ocurrido el 21 de noviembre pasado, después de sufrir acoso por parte de Arezo y Wilf, fue determinante para que la situación se denunciara y se iniciara el sumario.
Como ya informó El Observador, la psiquiatra que lo trataba escribió en su historia clínica que se sentía "permanentemente acosado" en el trabajo, que consultó en busca de “amparo” y “respaldo”, y que se le recetó medicación. La psicóloga en tanto, describió que él se rehusó a denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo, como se le recomendó, porque tenía temor a que se tomaran represalias.
Una compañera del trabajador relató que quería irse de viaje y le pidió con varias semanas de anticipación la licencia a Arezo y no le respondía y no se pudo ir de viaje. "La última que me contó fue que le pidió y le dijo que no porque ella se iba y coincidían los días y resultó que ella no se tomó los días".
En la resolución la Suprema Corte concluyó que Arezo "decidió aislarlo, menospreciarlo, quitarle funciones, amenazarlo con iniciarle procedimiento disciplinarios y hasta lo obligó a trasladar la totalidad de útiles existentes en el depósito, sin ayuda sabiendo de los problemas de espalda que le aquejaban".
En uno de sus últimos actos Arezo negó la licencia a Ricchino, quien decidió quitarse la vida, dice el fallo de la Corte.
