19 de marzo de 2026 5:00 hs

Desde hace algunas semanas la comisión de Constitución del Senado tiene en el orden del día tomar una decisión sobre la denuncia contra el senador colorado Andrés Ojeda por presuntamente violar la Constitución al ejercer como abogado mientras que se desempeña como legislador.

El asunto tomó estado público en noviembre del año pasado –a raíz de una denuncia de un convencional colorado– y la comisión, el involucrado y el Frente Amplio solicitaron una serie de estudios jurídicos para dilucidar el tema. Esos informes empezaron a llegar, con opiniones distintas, y la oposición se abroqueló detrás del excandidato presidencial: no solo entendieron que el denunciante no tenía “legitimación activa” para presentar esa denuncia sino que además señalaron que la comisión de Constitución no tiene potestades para tratar el tema.

Sin embargo, el Frente Amplio aun no fijó una posición, algo que desde la coalición reclamaron en varias oportunidades. Incluso, la idea de la sesión de la comisión de este martes era que finalmente se decidieran por archivar el asunto o iniciar un juicio político. Pero la discusión fue por carriles bastante distintos.

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Tal como informó El Observador, el Frente Amplio solicitó la comparecencia de tres abogados constitucionalistas para que den su opinión sobre el tema y también pidió el escrito de la fiscal Sylvia Lovesio en el que decidió desestimar un pedido de desarchivo de un caso por parte de Ojeda por entender que no puede actuar como abogado.

Esos planteos del Frente Amplio levantaron la temperatura de la comisión de este martes y generaron una fuerte discusión entre el oficialismo y oposición que amenazó con cortar el relacionamiento político.

“Creo que la violación de las normas reglamentarias, legales y constitucionales tienen que tener un efecto en el relacionamiento político. Si no vamos a cumplir con las normas legales, no podemos seguir teniendo relacionamiento político de forma alguna”, dijo el senador colorado Pedro Bordaberry durante la discusión según consta en la versión taquigráfica.

El centro de la discusión de este martes fue si la comisión de Constitución tenía potestades para abordar el tema o no. Desde la oposición aseguran que no y señalan que si se quiere avanzar en el tema deben conformar una comisión investigadora o que un senador haga suya la denuncia que un convencional colorado presentó contra el senador y avance con el juicio político.

Esa comisión asesora no se puede convertir en inquisidora. Ustedes tienen la mayoría (en la comisión) para hacerlo si quieren. Están en todo su derecho; hagan lo que quieran. Tienen los votos. Ahora, les digo retruco, señores: hagan el juicio político. Lo que sí sé y es un dato de la realidad, es que acá el Frente Amplio no va a echar a nadie porque no tiene los votos. ¿Juntarán los votos en la Cámara de Representantes para iniciar el juicio político? Puede ser. Vendremos, haremos y nos iremos con el mismo resultado y me van a ver en esta comisión los cinco años y en el pleno los cinco años. A mí no me corren, no me achican, no me amedrentan”, dijo Ojeda que hasta ahora se había mantenido al margen de la discusión por estar directamente involucrado.

Pese a que han tenido evidentes diferencias en otros temas de gestión política, Pedro Bordaberry fue el principal defensor de Ojeda en la comisión de este martes.

“Lo primero que hay que analizar antes de ir al fondo de la cuestión y conseguir información es si se puede seguir actuando. El denunciante no tiene legitimación activa –lo dijeron los asesores–, y esta comisión no puede entender en la denuncia de una eventual configuración de infracción al artículo 124 porque es una comisión asesora del plenario. Para que esto avance lo dice claramente y lo habíamos adelantado es necesario que exista una actuación de la Cámara de Representantes mediante un juicio político y no sé cuántas otras cosas más, o sea, no es en este ámbito”, aseguró.

El líder de Vamos Uruguay dijo que Ojeda está siendo “objeto de una persecución ilegal e inconstitucional” y que el Frente Amplio está “pasando por encima de la ley y de la Constitución”.

Tanto la postura de unos como de otros se respalda en distintas lecturas de los informes jurídicos que, a veces, permiten más de una interpretación.

“Nosotros, antes de archivar, estamos solicitando información; no estamos entrando en el fondo del asunto, porque creemos que no existe información relevante para hacerlo. Lo único que decimos es que sobre esta información queremos acceder a la que está en poder de la fiscal, que aparentemente tomó una resolución y no sabemos si es un archivo o denegar el procedimiento correspondiente establecido”, dijo el senador frenteamplista Daniel Caggiani y defendió que la comisión sí puede asesorar pero no dictaminar.

La discusión fue subiendo de tono y desde la oposición comenzaron a acusar al oficialismo de querer “censurar” o “proscribir” al secretario general del Partido Colorado.

“Vamos apenas un año de gobierno –quedan cuatro– y el nivel de enfrentamiento y de agresividad es importante, el llegar a querer proscribir y censurar –lo dijimos en diferentes términos; el senador Bordaberry habló de persecución política– augura tiempos dificilísimos. Es imposible tener un clima mínimo de convivencia política en estos términos. Lo digo sinceramente”, dijo, por ejemplo, el senador blanco Javier García.

El exministro de Defensa dijo que era necesario un “tiempo de reflexión” porque, aseguró, el “nivel de agravio, de enfrentamiento, de patoterismo político” hace muy difícil la convivencia política.

Ante esa acusación fue el senador del MPP Nicolás Viera el que contestó: “Resulta que no nos iban a adjudicar intenciones, pero terminamos siendo inquisidores, persecutores, proscriptores, censuradores. Ahora se nos acusa de patoteros, cuando fue el senador Bordaberry quien se paró a pelear y a los gritos”, dijo.

Fuentes participantes de la reunión dijeron a El Observador que si bien Bordaberry se paró de su asiento nunca tuvo intenciones de pelear.

En ese clima, fue la senadora Graciela Bianchi –que antes había pedido que paren de “hacer circo”– la que planteó la necesidad de un cuarto intermedio para bajar revoluciones y tratar de llegar a un entendimiento. Sin embargo, y pese al cuarto intermedio de quince minutos, no hubo acuerdo.

Luego de la pausa y antes del cierre, fue el frenteamplista Sebastián Sabini el que defendió la postura del oficialismo. “Estamos dentro del informe; recibimos la denuncia y ahora estamos analizando los antecedentes. Esa es la postura que tenemos para hacer lo que establece el informe, que es elevar en determinado momento un informe al Cuerpo. Por lo tanto, entendemos que la solicitud que hemos hecho está dentro de las potestades de la comisión y que no estamos violando ningún tipo de reglamento ni la Constitución”, dijo.

Desde la oposición García aseguró que la única alternativa era el archivo del caso y Ojeda agregó que el otro camino era que algún senador oficialista “haga suya” la denuncia y la lleve al pleno.

Sin acuerdo, el Frente Amplio hizo valer su mayoría en la comisión y aprobó la moción para convocar a los constitucionalistas Daniel Ochs, José Korzeniak y Martín Risso –los tres con opiniones que cuestionan el accionar de Ojeda– y pedir la resolución de Lovesio.

“Si este tema se resuelve de esta manera inquisitiva e investigadora veremos qué decisiones tomaremos en el futuro, porque esto claramente cambia mucho las reglas de juego para nosotros. Lo que sí es claro que elegir antojadizamente tres informes que ya sabemos que dicen que hay una violación constitucional, es pescar en la pecera; parece que se quisiera traer digitado lo que sirve que digan políticamente”, retrucó Ojeda que más temprano había dicho que la comisión ya tenía 11 informes sobre el tema.

Pero el tema no terminó ahí. El clima ya venía tenso entre oficialismo y oposición porque el senador blanco Sergio Botana había dicho que todas las decisiones del Frente Amplio “están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”.

Eso hizo que el oficialismo pidiera una retractación pública e inmediata algo que el senador blanco descartó. Ante esa situación, el oficialismo decidió plantear un asunto político como grave y urgente en el plenario pero que no obtuvo los votos necesarios.

Antes de la sesión, desde el Partido Nacional habían dicho al Frente Amplio que si ellos planteaban un asunto político por el tema Botana, los blancos iban a plantear otro por el caso Ojeda. Sin embargo, tras la discusión sobre las declaraciones del senador blanco, el oficialismo usó su mayoría para levantar la sesión. Desde la bancada nacionalista interpretaron que fue para que no pudieran plantear su asunto político.

"Los ataques que inició el FA hacia dirigentes de la CR con intentos de censura en el Senado y amenazas en fiscalía como la anunciada a Sergio Botana o a Andrés Ojeda intentando sacarlo del senado muestran una gran debilidad del oficialismo y una estrategia de 'huir hacia adelante'. La caída en picada del gobierno comenzó a partir de la conferencia de prensa de octubre y desde ahí no han parado de caer. La persecución a dirigentes de la oposición es una deriva anti democrática pero además ineficiente si creen que prosperará. Gobiernen no pierdan el tiempo. Están desconectados de la realidad", escribió en la tarde de este miércoles el senador Javier García en X.

Más tarde, el diputado y coordinador de la bancada oficialista Carlos Varela mostró su preocupación por el "tono" de algunos legisladores. "Todos deberíamos estar preocupados por el tono en que algunos actores políticos de la oposición están tomando en cuanto al contenido de sus discursos", dijo y apuntó directamente contra Botana: "Hubo una barbaridad absolutamente desproporcionada e injusta del senador Botana que debió pedir disculpas o presentar pruebas".

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