Un cruce con el gerente general de OSE caldeó más aún los ánimos y obligó a un cuarto intermedio en una sesión que se extendió hasta la madrugada
Audiencia Arazatí
Los carteles en el costado, a los pocos metros de desviarse y tomar la vieja ruta 1, adelantaban que lo que se viviría en la tarde-noche en Rafael Perazza iba a ser fermental.
“No al proyecto Neptuno”, resumía un pasacalles puesto sobre maquinaria agrícola, mientras otros al lado daban cuenta del rechazo a la “contaminación”, señalaban que comprometía el “futuro de las próximas generaciones” y que la potabilizadora no debía instalarse en el “corazón más productivo” del país.
Los cánticos, las banderas, la diversidad de carteles en contra del proyecto, y un estruendoso toque de bocinas de un par de tractores a las seis en punto sintetizaban que sería una jornada larga, rica y compleja, tanto para las autoridades del Ministerio de Ambiente que debían liderar la audiencia pública, como para el consorcio Aguas de Montevideo (integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) seleccionado por el gobierno para construir la nueva planta.
Tal como preveían los organizadores, las sillas en el gimnasio del club San Rafael no resultaron suficientes, por lo que decenas de personas siguieron la reunión desde una carpa especialmente dispuesta en la entrada.
Aunque no era obligatoria su participación, hasta el lugar llegó la plana mayor de Ambiente, compuesta por Robert Bouvier y Gerardo Amarilla, y la de OSE, representada por Raúl Montero y Arturo Castagnino. “Es una instancia muy importante de participación que será tenida en cuenta para la elaboración del informe final”, dijo el ministro, que será quien defina si Ambiente le otorga la Autorización Ambiental Previa al proyecto.
Hasta el lugar, también llegó el exdiputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, la legisladora del FA, Lucía Etcheverry, la vicepresidenta de la coalición de izquierda, Verónica Piñeiro, y la exsenadora Constanza Moreira.
A pesar del comentario de Bouvier, vecinos, representantes de la sociedad civil y la comunidad científica lucieron carteles señalando que la audiencia no era “participación” y cuestionaron que se estaba violando el Acuerdo de Escazú y el artículo 47 de la Constitución, principalmente el párrafo que dice que “los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”.
A su entender, esto no ocurrió porque el privado presentó el proyecto y la administración lo aceptó. “No fuimos escuchados”, dijo Selva Ortiz de la organización Redes amigos de la tierra.
Siguiendo la dinámica habitual de estas audiencias, el primero en hablar fue el ingeniero Francisco Gross, a cargo del proyecto por parte del consorcio. Entre críticas y abucheos, una constante de toda la jornada, defendió que la playa de Arazatí no tenía salinidad porque estaba en el punto donde termina el agua dulce. “El agua potabilizada será de buena a muy buena los 365 días del año”, dijo en un momento.
La intervención, de unos cuarenta minutos fue apoyada por la ingeniera de CSI Luciana Paggiola y debió ser interrumpida en varias instancias obligando a la moderadora de Ambiente a exigir tranquilidad, silencio y respeto.
“Esta audiencia es más compleja que la de Punta Ballena”, le adelantó a El Observador un hombre que participó de ambas al observar el clima. Por momentos, la reunión levantó tanto la temperatura que pareció irse de control.
El punto más tenso se produjo ya entrada la noche tras la intervención de Raúl Viñas. El referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) planteó que OSE no tenía informes que justificaran el proyecto en Arazatí y criticó que la gestión actual es la misma que "privatizó" el suministro de agua en Maldonado en 1993.
Aunque había sido aludido previamente, el comentario motivó una réplica del gerente general de OSE, Arturo Castagnino, que también desempeñó ese cargo entre 1993 y 2005. El jerarca aseguró que en 2013 OSE había estudiado todas las opciones sobre una planta potabilizadora que suministrara agua a la zona metropolitana y fue cuestionado por la baja inversión de la empresa para contener las pérdidas de las tuberías.
El griterío que se armó con su intervención fue tal que el director de Dinacea, Eduardo Andrés, dispuso un cuarto intermedio de diez minutos para bajar los decibeles. Castagnino y Viñas intercambiaron cara a cara y finalmente el gerente de OSE optó por retirarse.
Un rato antes, la representante del colectivo de vecinos, Silvana Fernández, había subido la temperatura al advertir a los gritos y mirando a los ojos a las autoridades que no les permitirían poner “un pie” en Arazatí. “Nos acostamos y no dejamos pasar una máquina", exclamó. "Así como firmamos un juicio, no te vamos a permitir que metas un pie en Arazatí, no lo tocás. No es una playa olvidada, Arazatí es vida, recuerdo, patrimonio de Rafael Perazza", siguió.
El tercer punto de ebullición se produciría casi sobre la madrugada y tendría a Gross, el responsable del proyecto, y la científica Ana Lía Ciganda como protagonistas. La investigadora había reclamado que no se tomaron muestras de cianotoxinas para elegir la zona (algo importante por la floración de cianobacterias) y el ingeniero le contestó que sí. El ida y vuelta, en lenguaje técnico cuasi inentendible para la mayoría, llevó a que Gross sacara su laptop y le mostrara algo de la información mientras ella cuestionaba que esos datos eran insuficientes.
Las cianobacterias, la salinidad y la contaminación del acuífero Raigón fueron los tres temas centrales de discusión técnica. En cada uno se observaron posiciones antagónicas con menciones a bibliografía específica que supuestamente sustentaba cada una de las afirmaciones pero que no era aceptada por la parte contraria.
Si bien la mayoría de los intercambios fue entre los promotores y científicos de la sociedad civil (Ciganda, Bernardo Zabaleta, Marcel Achkar y Guillermo Popelka, entre otros), en el caso del Raigón –cuya infiltración se discute por la construcción de una reserva de agua bruta (un pólder)– tomó partido también Eugenio Lorenzo de Ambiente.
El jerarca, uno de los principales técnicos a cargo del estudio del proyecto, adelantó que por la información que ya habían obtenido de diversos trabajos específicos y perforaciones en la zona “no hay compromiso de afectación de la calidad del acuífero”.
El punto fue cuestionado por Pedro Bonino, uno de los vecinos, a partir de una consultoría encargada a Ingesur que arrojó resultados diferentes acerca de las filtraciones de agua del río sobre el acuífero.
Aunque fue presidida por Eduardo Andrés de Dinacea, los principales técnicos de Ambiente que intervinieron fueron Lorenzo (director de la división de Emprendimientos de Alta Complejidad) y Rosario Lucas (gerenta de Evaluación Ambiental).
La gerenta defendió la “independencia técnica” del ministerio y reiteró en diversas oportunidades que estaban “evaluando” el proyecto. Aseguró que la sentencia judicial (que impide a OSE firmar el contrato con el consorcio) no detenía la evaluación de impacto ambiental.
Su compañero, en tanto, agregó que no se posicionaban sobre la obra y que su tarea era verificar y determinar que no haya impactos ambientales negativos. Lorenzo detalló que recibieron 558 comentarios y 36 documentos técnicos durante la puesta de manifiesto.
Aseguró que todos se tomarían en cuenta y contestó a varias de las preguntas que habían ido llegando a la mesa. Evidenciando todas las tensiones que se estaban viviendo, el jerarca incluso respondió una que podía parecer extraña: “¿de cuánto es la coima?”, leyó con sorna y se limitó a responder que la oferta “no le ha llegado”.