El Frente Amplio (FA) presentó este lunes las conclusiones de sus legisladores en la Comisión Investigadora de la Asamblea General que analizó la compra de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama. Desde la fuerza política denunciaron que Cardama es el "principal responsable", pero también destacaron que la investigación expuso "responsabilidades políticas" de la anterior administración, en especial, del expresidente Luis Lacalle Pou y reclamó que los antecedentes sean considerados por la Justicia para determinar eventuales responsabilidades penales.
"Ha quedado claro que nos quisieron estafar, que había joda, que los documentos eran truchos. (...) [A] todas las personas que están acá nos queda claro quién defendió a Cardama (...); no nos queda claro en este proceso quién defendió al Estado uruguayo y la plata de los uruguayos. [Hay] claras responsabilidades políticas: los ministros de Defensa, los cargos de confianza del Ministerio, miembros de la Armada, pero también el expresidente Luis Lacalle Pou, que siguió esta compra y las avaló", denunció Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en conferencia de prensa.
El Frente Amplio también señaló que la investigación debe avanzar para determinar "la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros".
Uno de los principales planteos fue que, durante la investigación parlamentaria, aparecieron hechos que no habían sido denunciados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, mencionaron la constitución de las garantías, la documentación falsa presentada por la empresa y los pagos efectuados por el Estado.
El informe en mayoría establece que la Comisión no puede atribuir responsabilidades penales, pero sí señala que existen actuaciones que, por su naturaleza y gravedad, "presentan elementos que justifican su examen en sede penal" y plantea poner la totalidad de los antecedentes a disposición de la Fiscalía.
Ante los cuestionamientos de la oposición acerca de que la rescisión del contrato con Cardama habría significado un negocio ruinoso para Uruguay, el Frente Amplio sostuvo que la existencia de una garantía falsa justificaba la decisión.
"A partir de la constatación de la existencia de una garantía falsa o trucha y a partir de la confirmación de una segunda garantía en las mismas condiciones, haber desconocido la sugerencia del Banco Central del Uruguay (BCU) y la sugerencia, el rechazo del Banco de Seguro del Estado (BSE) de la posibilidad de otorgar la garantía, entendemos que hay elementos sobrados para haber dado este paso", afirmó la fuerza política.
El informe sostiene que la garantía falsa no fue un hecho aislado, sino "el resultado final de una cadena de decisiones previas que permitieron que el proceso continuara a pesar de que las condiciones contractuales para su entrada en vigor no habían sido cumplidas".
Apuntan a Lacalle Pou como "primer responsable político"
El principal señalamiento político de la conferencia estuvo dirigido al expresidente Luis Lacalle Pou: "Entendemos que el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou. Por ser, no solamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, sino por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de los OPV de la forma irregular con la cual se actuó", afirmó el senador frenteamplista Nicolás Viera.
El informe de la Comisión documenta que Lacalle Pou firmó, junto a Javier García (entonces ministro de Defensa) y Azucena Arbeleche (quien era titular de Economía), el decreto de marzo de 2023 que dejó sin efecto el procedimiento de compra de 2022. Ese proceso había contado con "pliegos detallados, más de 80 exigencias, experiencia de comparación de ofertas, documentación producida por especialistas y una metodología formal de evaluación". Meses después se avanzó hacia una contratación directa con Cardama por € 82,27 millones.
La propia investigación establece que el procedimiento de 2023 comenzó sin que existiera un llamado formal, metodología previa de evaluación ni reglas de participación. Además, los requisitos técnicos se redujeron sustancialmente respecto de 2022.
En ese proceso, el exministro Javier García había asumido el pasado lunes 20 de julio ante la Comisión la responsabilidad política por el procedimiento: "¿Usted quiere saber quién fue el responsable? Fui yo y yo me hago cargo".
Cardama es el "principal responsable"
La fuerza política distinguió entre la responsabilidad de la empresa y la actuación de los funcionarios públicos que participaron del proceso: "Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso", afirmó.
En ese sentido, el Frente Amplio planteó que deben investigarse esas actuaciones "a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros".
Cuatro situaciones que el FA considera de "apariencia delictiva"
Consultados sobre los cuestionamientos de la oposición a que el informe incluyera hechos de apariencia delictiva, desde el Frente Amplio enumeraron cuatro grupos de situaciones.
- El primero fue "el otorgamiento de prórrogas sin reconocimiento por parte de la Administración Pública y la omisión de cursar la comunicación de no entrada en vigor por incumplimiento del contrato".
- El segundo, "la autorización de pagos invocando un análisis de documentación que nunca se tuvo a la vista y nunca pisó las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional".
- El tercero, "la autorización de pagos sin control de documentación, sin traducción de documentos en inglés y documentación sin apostillar".
- Y el cuarto: "la ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones esenciales para la protección de los dineros públicos".
El FA insistió en que esos hechos deben ser investigados por Fiscalía y que la investigación penal deberá determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos.
FA defendió a Lazo ante la denuncia de la oposición
Durante la conferencia también se consultó al Frente Amplio por la denuncia que la oposición anunció contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y sus asesores Damián Rojas y Daniel Marsiglia.
La bancada sostuvo que Lazo fue "muy clara" ante la comisión y que la actuación de ambos asesores "no constituyó una investigación ni una pesquisa, como se señala por parte de la oposición". También señaló que la determinación de las sanciones aplicadas por la ministra se ajustó, según su interpretación, a las normas que rigen la conducta del personal de las Fuerzas Armadas.
Sobre el tema, agregaron que existen procesos jurisdiccionales en curso ante la Justicia administrativa y que será allí donde deberán determinarse eventuales irregularidades.
