El asesinato del exjefe del Servicio de Información y Defensa es objeto de una intensa polémica histórica
La Comisión Especial que otorga las compensaciones de las víctimas de la guerrilla se reunirá por primera vez desde el cambio de gobierno en el mes de julio, dijo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.
La Comisión es presidida por Mario Galeotti, representante del Ministerio de Educación y Cultura. La integración se completa con un integrante del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y delegados de dos organizaciones sociales que representan a las víctimas.
El plazo para presentarse a reclamar una indemnización ya caducó. Una semana antes de que se cerrara el registro, se llevaban recibidos 58 pedidos, de los cuales ya se habían aprobado 30, tres habían sido rechazados y 22 continuaban pendientes de ser analizados, según dijo el exdiputado Daniel García Pintos, integrante de la Comisión por la Asociación Patriótica 14 de abril, una de las dos organizaciones sociales representadas, el 5 de junio en el programa “Desayunos informales” de Teledoce.
En esa oportunidad, el exlegislador criticó que el nuevo gobierno todavía no haya convocado a la comisión.
De acuerdo a información que recogió El Observador, entre los casos que la comisión tiene pendiente de analizar se encuentra el del coronel Ramón Trabal, asesinado por dos pistoleros que lo acribillaron a quemarropas en París, el 19 de diciembre de 1974.
Trabal se desempeñaba como agregado militar en la embajada uruguaya en Francia. Anteriormente había sido jefe del Servicio de Información y Defensa (SID) del Ejército.
Una llamada anónima a la agencia France Press atribuyó el atentado a la Brigada Internacional Raúl Sendic, hasta ese momento desconocida. Los homicidas nunca lograron ser identificados.
El asesinato de Trabal ha sido durante años objeto de una intensa polémica.
La dictadura responsabilizó del crimen al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) y un día después, en represalia, asesinó a cinco tupamaros cerca de la ciudad de Soca: Floreal García Larrosa, Héctor Daniel Brum, Graciela Marta Estefanell, María de los Ángeles Corbo, Mirtha Yolanda Hernández.
Pero integrantes del MLN-T, como el hoy fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, han señalado que Trabal fue ejecutado por sus propios camaradas, en función de luchas de poder internas.
Por su parte, el periodista Sergio Israel, autor del libro “El enigma Trabal”, ha sostenido que el militar fue muerto por un comando de jóvenes radicales franceses, admiradores de los tupamaros, que también habrían asesinado a un embajador de Bolivia en Francia.
Tres hijos de Trabal se presentaron reclamando la indemnización por la muerte de su padre a manos de la guerrilla.
Entre otros casos que la comisión aún debe estudiar, también se encuentra el de Esther Báez, hermana del peón rural Pascasio Báez, asesinado por el MLN-T en la tatucera “Caraguatá”, cerca de Pan de Azúcar, en 1971.
La ley que facultó a las víctimas de la guerrilla a pedir una indemnización fue aprobada en diciembre de 2022 con los votos de la entonces coalición gobernante y la negativa de la bancada del Frente Amplio.
Las indemnizaciones constan de un único pago de US$ 150.000 para los causahabientes de quienes perdieron la vida a manos de la guerrilla entre 1962 y 1976, 100.000 para quienes sufrieron incapacidad permanente, total o parcial, o sus causahabientes y 50.000 para aquellos que estuvieron secuestrados por más de 72 horas o sus causahabientes.