Tuvieron que pasar más de 100 años para que un hombre nacido y criado fuera de Montevideo llegara nuevamente a la Presidencia de la República. Desde Baltasar Brum (1919-1923) todos los mandatarios electos democráticamente habían nacido en la capital. Hasta que llegó Yamandú Orsi.
Un presidente, además, que viene de hacer política en el interior del país y que habla el mismo idioma que los intendentes porque ocupó el sillón municipal de Canelones durante 10 años. Un integrante del “sindicato”, como alguna vez lo nombre Carmelo Vidalín, es quien lidera ahora el gobierno nacional.
Ese escenario atípico para Uruguay generó una esperanza en el Congreso de Intendentes que cada cinco años tiene que sentarse con el Poder Ejecutivo a negociar los recursos que el gobierno central le transfiere a los departamentos.
Esta vez, Yamandú Orsi está del otro lado del mostrador. Es el que tiene la última palabra y los intendentes esperaban que, como al presidente no hay que explicarle los problemas locales porque los conoce de primera mano, iban a tener mayor receptividad. Sin embargo, hasta ahora, los resultados son bastante distintos. Las negociaciones presupuestales entre los intendentes y el gobierno –representado en este caso por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto– están trancadas y "lejísimos" de llegar a un acuerdo, según dijeron a El Observador participantes de las reuniones.
Este viernes hubo un segundo encuentro entre la Mesa del Congreso de Intendentes –encabezada por el jerarca de Paysandú, Nicolás Olivera,– y las autoridades de la OPP, Rodrigo Arim y Jorge Polgar, pero los avances fueron nulos. Las partes tienen hasta el 31 de julio para acordar. Si no lo logran, la discusión se trasladará al Parlamento.
Los fondos departamentales
Entre los intendentes y la OPP hay hasta ahora dos grandes diferencias, según lo que pudo reconstruir El Observador. Los intendentes no solo quieren que el gobierno aumente las partidas destinadas para las intendencias sino que pretenden manejar de forma mayoritaria la plata que sale del Fondo de Desarrollo del Interior.
¿Cuáles son los recursos y cómo se reparten? Buena parte de la torta ya está definido de antemano cómo se distribuye. La Constitución establece dos fondos que deben ir a los gobiernos departamentales. Por un lado, el artículo 214 establece que un porcentaje del Presupuesto Nacional debe ser destinado a las intendencias. Ese monto se fijó hace más de 20 años en el 3,33% y los gobiernos subnacionales se lo reparten según una serie de criterios (territorio, población, necesidades básicas insatisfechas).
El artículo 298 de la Constitución por su parte, señala que un porcentaje de los impuestos nacionales recaudados fuera de Montevideo serán destinados al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Eso también se negoció hace varias décadas y está establecido en 11%. Esa plata, a su vez, es administrada en un 60% por el gobierno central y el restante 40% por las intendencias. Y ahí la primera diferencia.
El Congreso de Intendentes pretende que esa relación sea inversa y que el 60% de los recursos sea administrado por los jerarcas municipales. Si bien los intendentes saben que el dinero va a llegar a sus departamentos, pretenden poder manejar la mayor parte de los recursos. Sin embargo, la OPP no está dispuesta a cambiar esta relación.
Hay otra parte menor de los recursos que varía según el gobierno de turno. Las administraciones del Frente Amplio crearon el Fondo de Infraestructura Metropolitana (para Montevideo y Canelones) que fue cortado por la administración de Luis Lacalle Pou que, a su vez, creó en 2023 el Fondo de Asimetrías por el que se beneficiaron los departamentos del interior.
Esta administración plantea un nuevo fondo de unos US$ 80 millones (la mitad para Montevideo y Canelones y la otra mitad para el resto de los departamentos) que se comenzaría a aplicar a partir de 2027. Los intendentes pretenden que ese fondo aumente considerablemente. “Calculá dividir US$ 40 millones entre 17”, graficó uno de los intendentes para expresar su molestia.
El otro punto de discordia tiene que ver con el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Ese fondo se nutre de descuentos que el Poder Ejecutivo le hace a las partidas que les transfiere a las intendencias por el artículo 214 de la Constitución (el 3,33% del Presupuesto). Los descuentos se hacen con el mismo criterio que se reparten el dinero (Montevideo aporta el 12,9%, Canelones el 10,09%, Maldonado el 7,92%, etc.).
Sin embargo, a la hora de repartir esos recursos para los municipios se utilizan otros criterios que tienen que ver con la población (hay un 25% que se reparte de forma igualitaria y un 75% según cantidad de habitantes). Eso hace que los municipios de Montevideo y Canelones se lleven cerca del 50% de la plata y en eso también discrepa el Congreso de Intendentes que pretende un reparto más equitativo y más parecido a lo que aporta cada uno.
Nueva instancia
En las próximas horas la bancada de intendentes del Partido Nacional se reunirá para evaluar los pasos a seguir. El Congreso de Intendentes y la OPP tienen una nueva instancia fijada para el martes 29 para intentar llegar a un acuerdo. La Constitución establece que tienen tiempo para negociar hasta un mes antes de la entrega del Presupuesto al Parlamento (31 de agosto).
En caso de no acordar, el Congreso de Intendentes elevará su propuesta al Poder Ejecutivo que deberá trasladarla al Parlamento donde los intendentes volverán a intentar conseguir más recursos. Sin embargo, hay quienes todavía creen que pueden cambiar la voluntad del gobierno.
El senador blanco y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, se va a comunicar con el presidente Orsi durante el fin de semana para acercarle una propuesta para llegar a una solución.
Los intendentes esperan que el presidente valore los gestos de diálogo y acercamiento del Congreso. Nicolás Olivera, intendente blanco, participó en el lanzamiento del Diálogo Social del que el Partido Nacional había decidido orgánicamente no participar. Quedan pocos días pero todavía hay tiempo para acordar.
