Franjas de IRPF
El Poder Ejecutivo decidió cambiar el criterio adoptado por el gobierno anterior y ajustó la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) –que fija entre otras cosas las franjas del IRPF– por Índice de Precios al Consumo (más un ajuste de 20%) y no por el Índice Medio de Salarios como hizo el gobierno anterior.
Eso llevó a que la BPC pasara de $ 6.576 a $ 6.864, una suba de 4,38%. Luego de considerar la baja pronunciada de la inflación hacia el cierre de 2025 —que registró una variación anual de 3,65%— y que la inflación esperada para 2026 se sitúa en torno a 4,5%, el gobierno resolvió hacer uso de la facultad prevista en el artículo tercero de la Ley N.º 17.856 que permite ajustar hasta un 20% por encima de la variación del IPC, dice el comunicado del gobierno.
Este cambio hizo que el mínimo no imponible del IRPF pasara de $ 46.032 nominal a $ 48.048.
Desde la oposición critican que con este cambio el gobierno va a recaudar más porque la BPC va a aumentar menos que los salarios. Eso, dicen desde el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), implica que hay gente que antes no pagaba el impuesto que ahora lo va a pagar (unas 8.500 personas) y que otras personas van a pagar más de lo que ya pagaban.
Desde el oficialismo, en tanto, la respuesta es que eso implica que aumenta el ingreso de las personas. “Que más personas pasen a tributar IRPF o que aquellos que tributan pasen a una tasa efectiva algo mayor, es producto del aumento del ingreso real de la mayoría de las personas. Eso debería ser noticia positiva en cualquier sociedad sana”, escribió en la red social X el tributarista vinculado al Frente Amplio, Gustavo Viñales.
Y, al mismo tiempo, señalan que el criterio anterior de ajustar por Índice Medio de Salarios lleva a que, como pasó en 2021 y 2022, aumente la recaudación por IRPF con rebaja del salario real.
Fonasa
A fines de diciembre, el gobierno anunció que cambiaría la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE), que fija el costo promedio que insume al sistema dar cobertura de salud a un usuario a lo largo de su vida.
Hasta ahora, ese CPE estaba fijado en $4.828, pero a partir del 1° de enero, a través de un decreto, pasó a ser de $6.693, lo que elevó el umbral de ingresos a partir del cual se generan devoluciones de Fonasa. Esto hará que a partir del 2027 (cuando se generen las devoluciones por lo aportado el año anterior) habrá gente que deje de recibir devolución y otra que reciba menos pese a mantener su ingreso.
El gobierno aduce que se trata de la corrección de un "error de diseño", que no tiene un afán recaudatorio y que el sistema estaba "subestimando" el costo de otorgar cobertura a los usuarios por distintas razones.
Desde la oposición uno de los más críticos fue el senador colorado Pedro Bordaberry, quien acusó al Frente Amplio de tener "verguenza" de defender a los uruguayos que "ganan y se esfuerzan". El cambio en las devoluciones del Fonasa afectará, a grandes rasgos, a los uruguayos que perciben más de $170 mil nominales, aunque el cálculo depende de varios factores, algo que se puede consultar en esta nota de El Observador.
Desde 2019 los técnicos del Ministerio de Economía venían sugiriendo realizar este cambio pero tanto Tabaré Vázquez como Luis Lacalle Pou habían descartado realizarlos.
El senador blanco Sebastián da Silva dijo que Oddone “destruyó” la confianza que habían depositado en él y apuntó al “harto conocido mecanismo frentista”.
Ajuste de combustibles
La discusión se dio recién en enero pero la decisión del gobierno fue tomada a mediados de 2025. ¿Por qué? Porque hace diez días el Centro de Estudios de Políticas Públicas –impulsado en su momento por Ernesto Talvi y vinculado al Partido Colorado– divulgó un informe que pone foco en el mercado de los combustibles y asegura que entre marzo y diciembre los uruguayos pagaron US$ 88 millones por encima del precio de importación de la nafta Súper 95 y del gasoil 50S.
Desde el año pasado rige una nueva metodología para la fijación de los precios de los combustibles. El Poder Ejecutivo abandonó la fijación mensual según el Precio de Paridad de Importación (PPI) de cada mes, “un criterio muy cercano a las operaciones de importación de crudo de Ancap”, para adoptar un mecanismo basado en la comparación con el promedio de dos meses, sumando un sobreprecio llamado “factor de estabilización”, que adicionó $ 1,5 por litro en naftas y gasoil.
Sin embargo, el gobierno cuestionó el informe y aseguró que no hubo fines recaudatorios al fijar la nueva metodología. “La reintroducción del factor de ajuste, previsto en la normativa en el decreto 201/021 del año 2021, fue necesaria para sostener el subsidio al precio del supergás envasado, que se encontraba sin financiamiento al inicio del (actual) gobierno”, dice el comunicado.
Además, aseguran que los US$ 88 millones son una sobreestimación que no tiene en cuenta que el Precio en Planta de distribución de Ancap tiene inculuido el flete secundario (de casi $ 1 por litro) que no está contemplado en el PPI. El gobierno afirma que lo recaudado por encima del precio de importación fue totalmente destinado al subsidio para el supergás.
Ajuste tarifario
Esta es una discusión clásica de cada enero. El que está en el gobierno ajusta las tarifas y el que está en la oposición asegura que es un “tarifazo” o un ajuste fiscal. Pero en este caso, el foco de la discusión estuvo puesto en OSE, la empresa pública que ajustó sus tarifas muy por encima de la inflación (8,5% contra 4,8%, con una diferenciación para los hogares más vulnerables)
Sobre este tema, Pablo Ferreri fue convocado a la comisión permanente del Parlamento y habló de una “situación crítica de las finanzas” debido a deudas comprometidas y que arrastran varios años de gastos por encima de los ingresos.
El presidente de OSE señaló que en 2024 hubo un endeudamiento bancario por US$ 40 millones y atraso con proveedores por US$ 20 millones, mientras que al inicio de su gestión en 2025 había un déficit de US$ 70 millones.
El ajuste “garantiza sostenibilidad financiera, continuidad y calidad del servicio de la empresa” a la vez que “aporta a la inversión histórica en obras que realizará OSE en el período”, sentenció.
En este período OSE deberá afrontar las obras vinculadas al agua potable y al saneamiento.
Impuestos en el Presupuesto
El proyecto de Presupuesto votado en 2025 trajo consigo una serie de cambios impositivos que generaron intensos debates entre oficialismo y oposición. Si bien el gobierno tuvo que recular en su promesa de no aumentar impuestos, se defendió diciendo que ninguno de los cambios impacta en la clase trabajadora.
Mínimo Global
El proyecto de Presupuesto incluyó la creación nuevos impuestos y la modificación de otros para que alcanzaran a más gente. El principal cambio –en términos de recaudación– está vinculado al Impuesto Mínimo Global, una aplicación que el Ministerio de Economía tuvo que adelantar porque, según palabras del propio Oddone, la situación fiscal era peor de lo esperado.
En este caso no hubo sorpresas porque estaba incluido dentro del programa del Frente Amplio. La implementación de este impuesto –que abarca a grupos multinacionales con ingresos superiores a los US$ 750 millones– implica localizar un pago de un 15% que, según entiende el gobierno, se está haciendo en algún otro país (en la casa matriz de la empresa, por ejemplo). Es impulsado por la OCDE y la mayoría de los países de Europa ya lo adoptaron.
La creación de este impuesto fue votada solo por el Frente Amplio y Cabildo Abierto y desde el resto de la oposición advirtieron por los presuntos impactos en el clima de negocios y en la imagen del país. Una de las principales críticas fue que podría ahuyentar inversiones en un momento en el que se precisan. El Poder Ejecutivo estima una recaudación de US$ 360 millones en el primer año.
Impuesto Temu
La creación de un impuesto que grave con IVA las compras en el exterior fue uno de los temas más polémicos del Presupuesto. Desde el gobierno lo defendieron como una medida de justicia con el comercio local mientras que desde la oposición apuntaron al afán recaudador.
“Respecto de Temu, déjenme ser muy franco con ustedes. Nunca se nos ocurrió a ninguno de nosotros —ni a mí en primer lugar— hablar de este tema. Este es un tema que trajo a consideración del equipo económico el sector privado en tanto entendía que las condiciones de existencia del régimen anterior introducían un conjunto de distorsiones que los afectaban y que creían que había oportunidad para mejorar (…) Cuando digo que a nosotros no se nos ocurrió, me refiero a que nosotros nunca contabilizamos esto con un efecto de recaudación”, dijo Oddone en una de sus comparecencia en el Parlamento.
Hasta 2025 las compras en el exterior se podían realizar en tres franquicias de un máximo de US$ 200 cada una. Ahora el límite aumentó a US$ 800 en total y se puede hacer en una sola compra o en tres. Con este impuesto el gobierno estima recaudar unos US$ 60 millones anuales.
Rentas en el exterior
El proyecto de Presupuesto también amplió la cobertura del Impuesto a la Renta de No Residentes ya que ahora grava los dividendos que sociedades uruguayas distribuyan al exterior siempre y cuando el residente en el exterior pueda descontar en su país el tributo.
Al mismo tiempo, también pasa a gravar con IRPF los incrementos patrimoniales en el exterior con una tasa de 12%.
