La denuncia penal contra el titular de Grupo Bursátil Uruguay (GBU), Álvaro Correa, junto al abogado José Luis Zabaleta y la contadora Belén Cafasso, ha tenido algunos movimientos en fiscalía. El Banco Central del Uruguay (BCU), la justicia civil y los herederos de María Luisa Gianoli, la mujer declarada incapaz con un patrimonio millonario, presentaron la denuncia para que se investigara la maniobra delictiva por la que desaparecieron casi US$ 40 millones que eran propiedad de Gianoli.
Según supo El Observador, una de las medidas que se tomó fue pedir el levantamiento del secreto bancario de los implicados, para intentar seguir la ruta del dinero del que se desconoce su destino.
Pero además la Fiscalía de Delitos Económicos de tercer turno citó como testigo a la contadora Ana Chaves, deignada interventora en GBU por el Banco Central, para que diera las explicaciones financieras de la maniobra llevada adelante por Correa, quien además fue presidente de la Caja de Profesionales y vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, y cuya empresa el BCU clausuró definitivamente a raíz de las maniobras delictivas por las que es indagado.
Chaves explicó que tras analizar la documentación en GBU como interventora se encontró con que “seguía sin poder resolverse el destino de una compra de bonos”, es decir notas de tesoro de Estados Unidos por US$ 21 millones aproximadamente "que el Banco Central preguntó el paradero y correspondían al patrimonio de María Luisa Gianoli que había sido declarada incapaz”.
Como especialista en finanzas opinó que "la operación es bastante sofisticada y bastante complicada".
Según la explicación que hizo a las fiscales adjuntas de la Fiscalía de Delitos Económicos de 3er Turno, Gabriela Gómez y Silvia Monzón, y a los abogados de los herederos, presentes en la audiencia, se vendieron bonos uruguayos en junio de 2019 y se compraron notas del Tesoro de Estados Unidos. Todas las inversiones se hicieron a través de la empresa Gorriti, una sociedad anónima chilena de la cual Gianoli era la beneficiaria.
Chaves explicó que la inversión era menos riesgoso que el bono uruguayo, pero incumplió la orden del juez de Familia que había declarado incapaz a Gianoli y le había ordenado al curador Zabaleta invertir en bonos uruguayos. Además, la contadora dijo que por esa decisión ingresaron a Gorriti unos US$ 500.000 menos por año.
Continuando con la explicación de la maniobra declaró que esos bonos "se mantuvieron en cartera hasta mayo de 2022", en que se encuentra una instrucción que Correa había dado en diciembre de 2021 de que "sean transferidos a una compañía Silver Holdings".
"A grosso modo unos US$ 11,5 se destinan a comprar un producto financiero que se llama el certificado PKT".
Ante la pregunta de la fiscal para que explicara de que se trataba, Chaves señaló que "el certificado PKT es un instrumento derivado bajo la ley suiza (...) lo que hace es replicar como espejo la performance en otra empresa que sólo tiene derecho al rendimiento (...) Si esa empresa donde se invirtió esos US$ 11,5 millones algo le corresponde por reflejo al tenedor".
Fue en ese momento ante las varias preguntas de la fiscal y de los abogados para entender la maniobra que uno de los abogados le preguntó si era "necesario hace algo tan complicado y sofisticado", a lo que Chaves respondió que "no".
- ¿Y cuál puede ser el sentido?, preguntó otro.
- No, no tiene sentido siendo la tenedora una única persona que tenía bonos.
Los restantes US$ 21 o US$ 22 millones fueron transferidos a una empresa llamada Porfolio Forestal internacional y "no se ha podido determinar dónde se encuentran custodiosos esos valores y a nombre de quién", dijo Chaves.
La contadora ratificó también que quien lleva a cabo el emprendimiento forestal es Porfolio Forestal Uruguay que es la sociedad anónima uruguaya que es 100% propiedad de Porfolio Forestal Internacional, sociedad de Islas Vírgenes.
"Negocio oscuro por donde se lo mire y harto sospechoso"
La denuncia penal presentada por los herederos de Gianoli califica así la maniobras llevada adelante por Corra, Zabaleta y Cafasso. Afirma que se ha incurrido "en una estafa procesal" y probablemente en apropiación indebida.
"Correa, asesor financiero con la anuencia del curador invierte esa cuantiosa suma de dinero en un fideicomiso propio lo que es improcedente y contrario a derecho", afirma.
Los herederos tomaron conocimiento de la inversión de US$ 33 millones con la rendición de cuentas que presentó Zabaleta como curador al morir Gianoli en abril de 2024. Allí "apareció súbitamente en un escaso renglón una inversión por valor US$33 millones documentada en un certificado de Portfolio Forestal Uruguay, de la cual nadie tenía noticia, además nunca se había pedido la venia judicial respectiva", señalaron.
Al pedirle explicaciones al curador les informó que era el dinero obtenido de la venta de Banmédica SA (empresa chilena de la que Gianoli tenía una parte) y "se destinó ilegalmente a una inversión de forestación en GBU que está a 18 años de tener su primer corte", advirtieron.
Señalaron que según surge de las declaraciones de los implicados en el juzgado da familia, "GBU aparentemente elegida por Zabaleta", hizo lo que le decían Zabaleta y Cafasso "como presidente y secretaria respectivamente de Gorriti SA". Correa dijo que se adquirieron miles de hectáreas en los departamentos de Cerro Largo, Rocha y Canelones mientras que Zabaleta argumentó que "fue asesorado por Correa de que invertir en tierras era algo seguro y que lo ideal era hacerlo en tierras forestales".
Los denunciantes plantearon que Gianoli "pasó de ser dueña de una suma de dinero en bonos soberanos del Estado Uruguayo, a ser acreedora por intermedio de Gorriti SA de una inversión incierta en un fondo Forestal sujeto a todo tipo de contingencias, cuyos titulares y administradores se desconocen”.
"Gorriti SA compra certificados de participación de un fideicomiso listado en la Bolsa de Viena (Austria) donde el emisor y el agente de pago es un Banco suizo –SPI- con cuyos fondos capitaliza una sociedad del exterior que es la titular de las acciones de la SA ejecutante del proyecto forestal en Uruguay", señalaron.
“Con absoluta liviandad el excurador argumenta que junto a Cafasso entendieron que el dinero que se invirtió no era necesario para Ma Luisa Gianoli y pensaron a futuro para sus herederos, fundamento que es literalmente insostenible".
Los otros US$ 6 millones
Los herederos pidieron a la fiscalía saber también el destino de otros US$ 6 millones y señalaron que por cada movimento que hacía GBU cobraba una comisión del 0,25.
Esos US$ 6 millones correspondían a Whar Plot Corp, una sociedad panameña cuyas acciones eran en un 100% de María Luisa Gianoli y que según la liquidación de Zabaleta al morir la mujer, tenía depositado en la cuenta de GBU ese dinero.
"Whar Plot tiene acciones en Molymet y Pimasa, dos sociedaeds chilenas que pagan importantes dividendos. Molymet pagó US$ 1 millón al año por concepto de dividendos a Whar Plot que Zabaleta mandaba a GBU", señalaron.
