Cuando la ministra confirmó hace tres semanas que ahora sí estaba más despejado el panorama para proceder a una designación, se agitó en la Armada el mismo oleaje que la llevó cinco meses atrás a aplacar la discusión. A modo de advertencia y con intereses contrapuestos en juego, en la oficialidad circularon anotaciones de cada uno de los seis contraalmirantes en condiciones de ascender, repartidos que también llegaron a Lazo y su entorno, según reconstruyó El Observador.
195 aniversario de la Jura de la Constitución/Mario Stevenazzi, Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Sandra Lazo.
Foto: Leonardo Carreño
Una vez más, la cautela del gobierno para avanzar en ese tema, a sabiendas de que ese lado “oculto” de los legajos, tergiversado en algunos casos pero también con hechos constatables y confirmados para esta nota, saldrá a flote tarde o temprano a instancias de los detractores de quien sea electo el nuevo comandante.
Los “de la derecha”
Por ser el contraalmirante de mayor antigüedad, José Luis Elizondo asumió en marzo como encargado de Despacho, a modo de jefe interino de la fuerza. La ministra ha valorado que desde entonces “está funcionando todo”, lo que hace pensar a varios de sus correligionarios en que la semana que viene lo va a oficializar como comandante.
De las advertencias que recibió la ministra, es el que tiene menor cantidad de reparos. Sí es cierto que durante la Junta de Almirantes el 26 de mayo de 2023, Elizondo –en calidad de prefecto nacional– votó junto al comandante Wilson y al director de Material Naval, Héctor Magliocca, a favor de la propuesta de Cardama para fabricar las dos OPV. Las posturas estaban enfrentadas: Gustavo Musso, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, respaldaba a Astilleros Gondán y de hecho terminó pidiendo pase a retiro; los otros tres oficiales no mostraron preferencia clara.
El freno más importante a su nombramiento radica en cambio en una discusión jurídica, como advirtió Búsqueda tiempo atrás: es el jerarca máximo de la Prefectura Naval, que no es parte del Cuerpo General de la Armada, uno de los requisitos para ascender a comandante de acuerdo a la Ley Orgánica de la Marina del 1946.
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El contraargumento de quienes respaldan a Elizondo es que la norma más reciente, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas del 2019, solo explicita que los comandantes de cada fuerza serán designados entre los “oficiales generales” de cada institución, condición con la que él cumple al ser contraalmirante.
Sino, el de mayor antigüedad, o “de la derecha” en la jerga militar, es Mario Diego Vizcay, hoy comandante de la Flota. Su venia de ascenso la mandó al Parlamento el gobierno de Luis Lacalle Pou en abril de 2020 y ya desde la comisión de Defensa, el senador Guido Manini Ríos dejó constancia de que Cabildo Abierto tenía “una objeción para el ascenso” y que por tanto no iba a acompañar.
El 15 de julio se votó la venia en la Cámara de Senadores. Votaron en contra los tres legisladores cabildantes y además se retiraron de sala los cinco representantes del MPP: José Mujica, Eduardo Bonomi, Lucía Topolansky, Charles Carrera y la hoy ministra Lazo. Sí la votó el resto de la bancada del Frente Amplio.
En el currículum de Vizcay en la web de la Armada, no consta que tenga aprobado el curso de Estado Mayor, un requisito que comenzó a regir en 2022 para acceder al almirantazgo.
Su gestión es observada de forma crítica por haber dado de baja el ROU Oyarvide alemán y haber promovido la adquisición del nuevo buque oceanográfico que desde que arribó ha permanecido fuera de servicio. “Estaba en alguna cuestión de mantenimiento y de reparación. La realidad es que en el trayecto desde donde vino se notaron algunas dificultades desde el punto de vista de la operativa, entonces está en esa reparación necesaria”, dijo Lazo en entrevista con El Observador a principios de julio. El buque costó US$ 3,5 millones.
Por otro lado, Vizcay estuvo a cargo de la fallida detención de un pesquero chino y el año pasado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le anuló un Tribunal de Ética realizado contra el capitán de navío Pablo Quezada. Ese tribunal, que había sido homologado por Lacalle Pou y Javier García, fue el primero de la nueva modalidad y lo tuvo como presidente e impulsor de una falta grave. También se le anuló un tribunal previo a otro capitán de navío, Andrés Durán, y una sanción al subalterno Gabriel Vega está a estudio de Defensa. Ese capitán de fragata denunció irregularidades en el comando de Infantería de Marina.
Otro dato no menor para la actual administración es que en noviembre de 2022 sancionó con 13 días de arresto simple a la capitán de corbeta Noelia Miraballes. El entonces ministro Javier García resolvió revocar esas órdenes disciplinarias al hacer lugar al reclamo de la oficial respecto a que la administración de Vizcay no le dio vista previa a las actuaciones para que presente sus descargos, y por tanto no se le habían otorgado “las garantías del debido proceso”.
Hoy la capitán de fragata Miraballes es ayudante naval de la ministra Lazo.
El “de la izquierda”
El último contralmirante en asumir su rango, y por tanto el “de la izquierda”, es José Ruiz. Ascendió a la jerarquía en diciembre de 2023 y hoy se desempeña como director general de Material Naval (Dimat). Cuando se votó su venia en el Senado, la informante fue incluso la hoy ministra Lazo.
Sin embargo, en los primeros meses de la actual administración fue arrestado a rigor por la ministra por no brindar datos requeridos en torno a los pagos a Cardama por parte de un grupo de trabajo conformado por la propia Lazo. Además, desde la Dimat, Ruiz es el jefe del proyecto de las OPV.
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Otro de los sancionados por Lazo al comenzar su gestión fue el contralmirante Miguel de Souza, director general de Finanzas. Como parte de la misma camada de Mario Vizcay y Gustavo Luciani que ascendió al comienzo del gobierno de Lacalle Pou, a la hora de votarse su venia se retiró de sala la bancada del MPP.
De Souza fue edecán del entonces vicepresidente Danilo Astori entre 2012 y 2014. En 2022 integró el Tribunal de Ética junto a Vizcay contra Quezada, aunque en ese caso se inclinó por absolverlo. Entre los cuestionamientos que le hicieron llegar a la cúpula de Defensa, hay reproches por no haber actuado con firmeza en algunos casos de denuncias de acosos y abusos en la Escuela Naval, de la que fue director entre 2018 y 2019, y subdirector entre 2008 y 2009.
En su currículum tampoco consta que se haya graduado del curso de Estado Mayor, un requisito para acceder al almirantazgo.
Luciani, por su parte, es el actual director general de Personal y durante la pasada gestión de Wilson fue jefe del Estado Mayor de la Armada. Desde su rol también dirige la Inteligencia Estratégica del Estado Mayor de la Defensa (Esmade).
Antes de poner como privada su cuenta de Twitter, se había mostrado crítico con la gestión del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo. En 2021, en tanto, recibió un arresto a rigor por parte del nacionalista Javier García por “razones disciplinarias”. También integró el Tribunal de Ética anulado por el TCA al capitán de navío Quezada, en el que sugirió una falta leve, menor a la promovida por Vizcay y que se terminó aplicando.
Por último, está Héctor Magliocca, quien fuera edecán del socialista Jorge Menéndez cuando era ministro de Defensa. Tras desempeñarse como agregado militar en la embajada de Buenos Aires –a cargo de Carlos Enciso– el gobierno de Luis Lacalle Pou lo ascendió a contralmirante en 2023.
Como director de Material Naval (Dimat), Magliocca presidió la comisión asesora que redactó el contrato con Cardama e hizo declaraciones a favor de las OPV elegidas. “Son ideales”, expresó en una entrevista publicada en la web de Defensa. Hoy es el jefe del Estado Mayor de la Armada.
En paralelo avanza en Fiscalía una denuncia por el faltante de unas 35 toneladas de carne, frutas y verduras, cuando el servicio de aprovisionamiento depende de la Dimat. El caso está siendo investigado por la fiscal Sandra Fleitas y es asunto de preocupación en la interna militar por las derivaciones que pueda tener.