La Dirección General Impositiva (DGI) se presentó en el concurso de Conexión Ganadera a reclamar un total de $ 256 millones, equivalentes a unos US$ 6,4 millones, de impuestos impagos por los últimos cuatro años por el concepto de renta de capital. La decisión causó indignación en los inversores ya que los afecta directamente porque la ley coloca al Estado antes que a los inversores en la lista de acreedores para cobrar sus créditos.
Sin embargo, por haberse presentado fuera del plazo de 60 días para entregar la documentación que acreditara su condición de acreedores, el juez concursal Leonardo Méndez le impuso la obligación de pagar los honorarios de la sindicatura, dijeron a El Observador fuentes judiciales.
Ese monto está estipulado por ley y oscila entre un mínimo de 3.000 Unidades Indexadas (UI) más IVA y un máximo de 10.000 UI ($63.652), más IVA, que es lo que el juez Méndez le impuso a la DGI. Fuentes judiciales dijeron que la DGI siempre paga ese monto porque en todos los concursos sistemáticamente se presenta fuera de plazo.
Las fuentes del juzgado explicaron que una vez que quede acreditado el pago de los honorarios se le dará ingreso al escrito de verificación.
La DGI se había presentado inicialmente el jueves 24 pero el juzgado le indicó que debía presentar domicilio real y domicilio procesal electrónico o físico, con lo que habían cumplido los abogados de la Impositiva. Subsanada esa omisión, el juez le impuso el pago de los honorarios, luego de lo cual se aceptará el escrito.
Desde la sindicatura se afirmó que seguramente se resolverá por un lado la verificación de los créditos que se presentaron dentro del plazo y por otro, los que se presentaron fuera de fecha.
El dato de la presentación de la DGI al concurso lo informó Eduardo Preve, quién también dio cuenta de que este martes se remataron hasta 14.600 animales que estaban en campos administrados por Hernandarias XIII, la empresa de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.
Presentación de la DGI indignó a damnificados que analizarán impugnarlo
La abogada Graciana Abelenda explicó a El Obsevador que si bien la ley concursal hablita a cualquier acreedor a presentarse fuera del plazo pagando los honorarios del síndico, en el caso de la DGI esto "activó señales de alerta porque los damnificados no esperaban para nada que la DGI se presentara y menos haciendo uso de este privilegio que le confiere la ley y menos aún de forma tardía".
Abelenda evaluó que "resulta bastante llamativo que la administración fiscal no se haya presentado dentro del plazo que tenía para verificar de forma gratuita".
1565815559055.webp
Prensa DGI
"Consideran que es una definición política, siendo de público conocimiento que estas personas han sufrido las contingencias más fuertes que se nos ocurran, ya que se quedaron sin dinero para pagar alquileres, colegios, tratamientos médicos, sin el complemento que tenían para la jubilación, que no se haya ponderado y decidido no presentarse, teniendo en cuenta que no son responsables por las decisiones que tomaron los directores de Conexión Ganadera".
La abogada insistió en que esta presentación "significa un golpe muy importante" puesto que están muy lejos de reunir los fondos para el pasivo que tiene Conexión Ganadera, entonces que se presente la DGI a reclamar un monto importante "desmoraliza a cualquiera", dijo.
Para Abelenda, los damnificados fueron "nuevamente víctimas" de estas personas en materia tributaria, y por lo tanto lo que esperaban era que la DGI "se presentara en sede penal, a los efectos de agravar la responsabilidad de los representantes de Conexión Ganadera". En ese sentido, recordó que hay videos de que Carrasco y Basso informaban a los inversores de que no debían pagar porque de los impuestos se encargarban ellos.
Por su parte, la abogada Andrea Ramírez, de Bragard Abogados, que representan a más de 200 inversores, dijo que analizarán el tenor del escrito de la DGI para impugnarlo. "En la medida en que la verificación de créditos es muy importante (la DGI) cobraría en primer orden, lo que implicaría que el activo sea bastante inferior para poder cubrir a la masa de daminificados".
La ley concursal determina que primero cobran los créditos privilegiados, que son los garantizados por prenda e hipoteca, luego los trabajadores de las empresas, en el siguiente orden viene el Estado por lo que ahí entrarían DGI, BPS, las intendencias si tuvieron algún impuesto para cobrar, y recién después los llamados "acreedores quirografarios" que son los inversores. Entre estos primero cobrarán los instantes, que son los que se presentaron pidiendo el concurso en primer lugar -son los seis que Abelenda y Santiago Alonso representan- y luego el resto de los inversores.
En el último lugar de la lista quedan los créditos subordinados que son las multas, recargos y créditos de aquellas personas vinculadas a la sociedad concursal.
Abelenda dijo que también ellos considerarán la impugnación del crédito de la DGI.
