Amigos y familiares del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y el exprofesor de Historia Sebastián Mauvezín, ambos imputados por decenas de delitos de explotación sexual, enviaron una carta luego de la audiencia del pasado jueves en la que se les extendió la prisión preventiva.
“Es desolador que la justificación de no cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria se fundamenta en que el tribunal pueda revocar dicha decisión”, indica el texto. A su vez, califican de “inaceptable” los argumentos esgrimidos por la jueza Marcela Vargas.
Sobre las audiencias, asegura que “los términos en los que se dan las audiencias son inaceptables y vergonzosos”. “Hemos escuchado, al igual que muchos ciudadanos, los rumores sobre un vínculo entre uno de los denunciantes y la fiscal, quien según dichos del propio denunciante mantiene una relación cercana con ella y su familia. Nos resulta alarmante que esta situación no haya sido investigada ni cuestionada”, agrega.
“La indefensión de Sebastián y Gustavo es increíblemente notoria: desde no conocer quienes los denuncian, no poder tener una medida cautelar menos gravosa, incluso cuando la jueza declara estar a favor de la prisión domiciliaria pero no la otorga por ‘presión social’, donde el celular incautado de Gustavo envió mensajes estando bajo custodia, donde la familia sufrió agravios, e incluso persecuciones por parte de uno de los denunciantes, donde la fiscalía no entrega todo el material que tiene, oculta pruebas, encubre delitos de los denunciantes y omite denunciarlos”, asegura el texto.
Asimismo, se indica que “el consultorio jurídico defiende personas de las cuales desconfía (dicho por ellos), donde Sebastián es atado a Penadés cuasi ancla, y es sometido a decisiones sin incluso justificación”.
Con la carta se busca “llegar a quienes hoy, luego de todos los dichos y prejuzgamientos hechos por la fiscalía y la sociedad, creen en el principio de inocencia”. “Queremos que por primera vez se vea este caso como un caso donde se está juzgando a dos personas por testimonios, sin pruebas, con un destrato que viola los derechos humanos, y por una falta de objetividad aberrante por parte de la fiscalía”, sostiene la carta.
“Verdaderamente, queremos que la sociedad entienda que esto marca un antes y después en la historia del Uruguay, que entiendan que hoy cualquiera puede ser denunciado, marginalizado, sometido a escarnio, penado, e incluso con un testimonio falso. Que hoy la justicia coloca en estado de indefensión a quien es denunciado, haciendo que quien tiene que probar que no es quien se le acusa es el mismo denunciado, y no quien realiza la denuncia”, dice el texto sobre el final.
