Ese acuerdo, que le evitaría ir a juicio y la liberaría de la condena penal, está en el 73,01% del 75% de adhesiones que según la ley se requiere. Si se obtuviera esa mayoría, Goldring no pasaría ni un día presa pero a cambio los damnificados tendrían algo de dinero. Según dijo Cabrera ese menos de 2% representa US$ 430.000.
El planteo de Lideco implica empezar a cobrar "antes de que el acuerdo sea homologado por la justicia" el 21% de ese 60%, o esperar tres años y medio para saber si Goldring es condenada en el juicio.
Agregó que la estimación de un proceso penal es que hasta llegar a tener una sentencia definitiva, incluido el trámite de casación ante la Suprema Corte de Justicia es de tres años. Recordó que “ya han pasado 4 años desde julio 2022”, cuando CVM fue intervenida.
Además, la sentencia de condena debería ordenar “devolver esas partidas que están en el exterior” y esos fondos “tendrían que ser superior al 60%”. También apuntó que los fondos del exterior están a nombre de la persona física (Sara Goldring) y de otras sociedades y el proceso para repatriarlos llevará más de seis meses.
Puso ejemplos de otros casos en los que están “teniendo muchísimas dificultades”. “No podemos decir que en una instancia contra la voluntad o sin la colaboración de la deudora se puedan traer en un plazo acotado esos fondos”, advirtió.
Chaves confirmó lo dicho por Cabrera y afirmó que “desde el punto de vista financiero", es "un acuerdo muy bueno, frente a la lotería de un juicio a futuro", ya que consideró que en total se estarán cobrando casi 75% porque "ya reciberon saldos compuestos de valores y efectivo". "Han quedado US$ 21 millones sin devolver, el resto se devolvió todo lo que estuvo disponible", dijo y se refirió a que se devolvieron US$ 33 millones.
La abogada Ana Irabedra trasladó un planteo de sus clientes sobre cuando se cobraría realmente si el APR logra la mayoría requerida pero es impugnado por otros que no están de acuerdo. Cabrera respondió que si bien el acuerdo debe ser homologado por un juez, el 21% del monto se paga antes de que quede firme el acuerdo. "En este caso se estableció que el inicio de los pagos es independiente de la homologación del acuerdo", dijo.
El abogado Nicolás Ghizzo consultó sobre el efecto del APR aprobado sobre quienes no lo firmaron. Cabrera dijo que, como no indicaron una cuenta, se les va a depositar en el juzgado y van a cobrar el 21% y después indicarán la cuenta para que se les pague el restante saldo.
Ante otra duda, Cabrera reiteró la posición de Lideco de que los clientes con saldo negativo en sus cuentas, "no son acreedores, son deudores" por lo que su firma no incide en la mayoría.
Los US$ 4 millones y el resto de los fondos de Goldring y la falta de garantías
Aunque se había estipulado previamente que los abogados fueran quienes trasladaran las dudas de sus clientes y nadie más hablara para evitar debates que se suelen dar entre los exclientes de Goldring y Lideco, una consulta de la abogada Irabedra desencadenó un breve intercambio con Cabrera.
Irabedra preguntó cómo se asegurará el pago, si sale el APR, ya que US$ 4 millones son ofrecidos por Goldring de su patrimonio personal y "deben ser liberados de cuentas en el exterior". Cabrera contestó que "el levantamiento estaba pensado para que fondos pudieran venir a Lideco y hacer la repartición".
"Se va a dar una orden irrevocable para que esos fondos vengan a Lideco", reiteró Cabrera pero la abogada le mencionó que estudió el texto del APR y "eso no está dispuesto".
"Está previsto", insistió Cabrera aunque admitió que no tenía el texto a la vista porque estaba con gripe en su casa. Luego dijo que el juzgado penal lo tendría que levantar. "Esos embargos se van a levantar en la medida que el destino de los fondos sean para satisfacer al APR".
Irabedra consultó que pasaría con los restantes millones que también están en el banco neoyorkino Jeffries, donde Goldring tiene sus cuentas, y que están embargados por orden del juzgado de Crimen Organizado que actúa en el caso. Cabrera le dijo que "nadie tiene conocimiento exacto de cuanto es lo que está cautelado".
Irabedra: "Hay muchísimo más de US$ 4 millones y más de US$ 21 millones también".
Cabrera: Tengo entendido que son valores y tienen subidas y bajadas. Lo que hará el juzgado penal es liberar el resto de los fondos cautelados.
Irabedra: Si se llegara al APR se estarían perdiendo todo ese dinero, que excede los US$ 4 millones.
Cabrera: Acá lo que estamos dando es certeza. Estamos cambiando una promesa futura e incierta por algo cierto. En caso de firmar con lo que se cuenta es con los US$ 4 millones y hasta llegar al 60% de los US$ 21 millones.
La contadora Chaves reiteró que "desde el punto de vista financiero", lo que se está ofreciendo a los clientes es devolverles "US$ 12 milones y pico con certeza y en tiempos breves" o que esperen a la "resultancia del juicio dentro de 3 años y 6 meses o más, para remesar fondos". "La simple colocación de US$ 12 millones en cualquier portafolio de bonos está rindiendo 7%, 8%. Esto colocado en 3 años y medio estamos en los US$ 19 o US$ 20 millones que se está hablando. Es mejor disponer del dinero y colocarlo uno", opinó.
Otro de los abogados de clientes, Pablo Donnangelo, señaló que la información que surge de la carpeta investigativa, en base a un oficio del BCU de cuando Goldring había querido movilizar fondos del banco Jeffries, es que había valores por US$ 17 millones y algo y se desconoce qué valores son o a cuánto están cotizando.
Irabedra dijo que no quería "hacee un contradictorio" con su colega pero que en la carpeta investigativa "Jeffries le dice al BCU que hay más de US$ 21 millones".
"Sean US$ 21 o US$ 100 millones el concepto es el mismo, son temas de criterio de lo que se está viendo. No les decimos acepten una lotería a futuro, (les decimos) tomen esto ahora que es concreto y se va a cobrar. Todo lo demás depende de decisiones fortuitas", insistió Cabrera.
Además dijo que no controla la vida de Goldring. "Si fallece, fallece inocente y nos vamos a quedar sin nada, con un tema sucesorio de por medio y se va a esfumar todo. No es querer poner fantasmas arriba de la mesa pero ella es una persona mayor", planteó.
Ante otra duda sobre qué pasará con las renuncias y desestimientos de juicios que están sujetos al APR si no hay acuerdo, Cabrera dijo que si no hay acuerdo se sigue adelante con todo ello. Irabedra preguntó entonces por qué Lideco no siguió adelante en este tiempo con un juicio civil en el que reclama US$ 21 millones, y le dijo que por los mismos argumentos que utilizan para alentar a que se firme el APR, se está perdiendo tiempo valioso. "Vamos a analizarlo", respondió el abogado de Lideco.
La posibilidad de un acuerdo abreviado con la fiscalía
Cabrera trasladó una duda a los penalistas sobre "hasta qué momento" Goldring podría un acuerdo abreviado con la fiscalía y qué podría acordar en cuanto al embargo de bienes.
Sasson respondió que "teóricamente hasta la finalización del control de acusación y eventualmente hasta que se inicie el juicio oral". Agregó que una vez iniciado el juicio cien por ciento seguro que no podrá.
Actualmente el juez de juicio Alejandro Asteggiante está por recibir el auto de apertura del juicio que redactó la jueza Diovanet Olivera y cuando lo reciba tendrá 20 días o un mes para dijar el inicio del juicio. Su colega Ignacio Durán acotó que puede demorar hasta tres meses en iniciar el juicio.
El proceso abreviado implica que la persona se declara culpable, cosa que Goldring ha negado hasta ahora, y a cambio obtiene una pena menor y también puede acordar el decomiso de determinado bienes y quedarse con otros. "En vez de que le decomisen tres casas, le decomisen una", ejemplificó Sasson en un caso hipotético y general.
Donnangelo agregó que en esa decisión de un acuerdo abreviado las víctimas no tienen "arte ni parte". Si eso ocurriera, a lo único que podrían aspirar es a un acuerdo reparatorio "pero debería reunirse voluntad del 100% de personas deunciantes". "No creo que eso pueda ocurrir en algún momento", dijo.
