Pasajeros provenientes de China aterrizaban en aviones en Vancouver. Llevaban consigo bolsas de hockey repletas de decenas de miles de billetes canadienses de 20 dólares. Participaban en juegos de bacará, un popular juego de cartas francés similar al blackjack, que se jugaban en salones privados dentro de casinos en la ciudad canadiense.
Escenas como esas reveló un informe de la Comisión Cullen (dedicada a analizar el lavado de dinero en la provincia de Columbia Británica) en 2022, dejando en claro que los casinos estaban recibiendo y blanqueando hasta 200 millones de dólares al mes. Dinero que provenía de la ilegalidad, pero que además estaba fuertemente vinculado a las mafias chinas.
A eso se lo llamó el “modelo de Vancouver”, que implicaba sacar grandes cantidad de dinero de China en montos pequeños para evitar los límites que impone el gigante asiático a la salida de capitales. Una vez en Vancouver (que en 2019 tenía un 20% de residentes chinos, según NPR), esos fondos se mezclaban con efectivo procedente del tráfico de drogas y se “blanqueaba” a través de casinos de la zona y de hipotecas privadas.
En el estado australiano, donde se ubican ciudades como Sydney o Byron Bay, una investigación de la Comisión Independiente de Casinos, liderada por Adam Bell SC, encontró evidencia de lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y fraude por parte de Star Entertainment Group.
Valorado en 1.290 millones de dólares, es una de las empresas de casinos más grandes que operan en Australia. Opera(ba) casinos en Sídney, Gold Coast y Brisbane.
La investigación lo encontró partícipe de los llamados “viajes turísticos”, tours internacionales organizados para jugadores de casino de alto nivel que tienen un riesgo altísimo de ser usados para lavar dinero de crimen organizado.
Pero, además, la empresa engañó a los reguladores australianos y motivaba a los jugadores que tenían prohibido jugar en Nueva Gales del Sur a hacerlo en otros estados donde también tenía casinos.
La Comisión Independiente de Casinos suspendió la licencia de la empresa por tiempo indefinido, la multó con 100 millones de dólares y le nombró un gerente nuevo (del cual han extendido el mandato hasta 2025, por cuarta vez).
En agosto de este año, la comisión publicó un segundo informe donde se concluyó que Star Entertainment Group todavía no cumplía con los requisitos para tener una licencia de casino en Nueva Gales del Sur por haber cometido cuatro infracciones más.
Y, aunque este año la empresa abrió parcialmente un casino (de 3.600 millones de dólares) en Brisbane (estado de Queensland), en setiembre cayó en una aparente crisis con sus acciones suspendidas temporalmente ASX después de que no presentara sus resultados financieros a tiempo.
Tanto es así que, según The Guardian, el gobierno de Queensland está considerando ayudar a la empresa a mantener sus puertas abiertas a través de exoneraciones fiscales.
Mónica Rivero fue denunciada como ausente en febrero de 2017. Después de haber robado 7,6 millones de dólares de la empresa Lestido, de la que era tesorera, del 2006 al 2016. Se fugó al Chuy (frontera entre Uruguay y Brasil).
En febrero de 2019, fue capturada y terminó procesada por estafa y falsificación de documentos. Se la investigó por lavado de activos y la Justicia comprobó que jugó alrededor de 4,2 millones de dólares en el casino del Enjoy, en Punta del Este.
Es cierto que la mayoría del dinero no se esfumó en apuestas, y no se ocultó en inmuebles. Pero, porque pasó de la ilegalidad a la legalidad, en parte a través de un casino, se lo considera también lavado de activos.
A pesar de tener un sueldo de 81 mil pesos nominales, llegó a apostar miles de dólares en efectivo en el casino. Una noche, según informó el diario El País, llegó a apostar medio millón. Y no solo nadie le preguntó por el origen del dinero, sino que obtuvo una tarjeta VIP, que se le asigna a los mejores clientes.
Al Enjoy se le inició un expediente fiscalizatorio en la administración pasada, que culminó con una intimación y luego del cumplimiento de lo intimado el expediente fue archivado.
Eso sucedió porque, antes, la ley era otra. Ahora, la ley que se promulgó en 2018 obliga a los casinos (sujetos obligados no financieros) a tener mucho más control sobre quién juega qué.
La ley vigente establece que los casinos en Uruguay deben aplicar procedimientos de debida diligencia cuando realicen ciertas operaciones con sus clientes. Esto incluye actividades como la compra o canje de fichas, apertura de cuentas, transferencia de fondos y cambio de moneda por un monto superior a los 3.000 dólares o su equivalente en otras monedas.
Si el casino detecta múltiples transacciones que, en conjunto, superan ese umbral y son realizadas por la misma persona, estas se considerarán como una única operación.
Además, el umbral de 3.000 dólares no aplica si hay sospechas de actividades relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, o si existen dudas sobre la veracidad de los datos obtenidos del cliente en el proceso de conocimiento.
Sin embargo (o debido a), los casinos son los sujetos obligados no financieros con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas.
Por operación sospechosa se entiende “cualquier operación que esté fuera de lo razonable, por fuera del perfil del cliente, que sea inusual”, explica Gustavo Misa, Supervisor de Fiscalización en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en Uruguay.
“Lo usual o no usual tiene que ver con cada cliente, porque hay determinados clientes que tienen una capacidad de juego mayor”, explica Álvaro Gamio, el responsable de Auditoría Interna de la Dirección General de Casinos.
La Dirección General de Casinos (o Casinos del Estado) es uno de los cuatro sujetos obligados entre los casinos en Uruguay que deben hacer reportes de operaciones sospechosas (ROS). Los otros tres son Codere (que en Uruguay gestiona cinco salas de slots y el Casino Carrasco), Enjoy (ex Conrad en Punta del Este) y el Casino Parque Hotel en Parque Rodó (casino municipal de la Intendencia de Montevideo).
Según información brindada por Codere Uruguay, "ante situaciones inusuales o sospechosas, siempre se realiza el análisis que corresponde y se reporta con alcance informativo y preventivo".
Contactados los otros dos sujetos obligados casino por El Observador, ninguno dio declaraciones para este reportaje.
Según el SENACLAFT, además, los casinos que no reporten operaciones sospechosas podrían ser multados hasta dos millones de dólares.
“No hay que perder de vista que para el que va a lavar activos, perder dinero no le complica absolutamente nada. Para él es todo ganancia porque lo que pierde no lo tenía dentro del sistema financiero. Lo que gane, que esté legitimado, le va a servir muchísimo más”, explica Misa.
Por eso, en la ecuación general, perder dinero en el casino no es lo importante. Sino, más bien, lograr legitimar esos activos para poder usarlos.
Pero reporte de operación sospechosa no significa que “el cliente esté operando con dinero proveniente de lavado de activos, es simplemente cumplir con la normativa. Hay una operación inusual y nosotros lo comunicamos. El nombre quizá es un poco más fuerte, lo que escapa a lo inusual es sospechoso”, dice Gamio.
Una vez comunicado el reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), se analiza el caso. Si, complementado con información de otros organismos públicos, se concluye que puede existir algún vínculo con lavado de activos se presenta el caso ante la Fiscalía para que comience la investigación.
“Lo que tienen los casinos es una cierta debilidad normativa en el momento en que no pueden por ejemplo, exigir documento de identidad a las personas que van a jugar. Eso los lleva a que haya determinadas operaciones, que a ellos les pueden parecer sospechosas, que no necesariamente tienen que serlo, pero que tienen que ver más que nada con no poder identificar al cliente”, explica Misa.
Por eso, agrega Misa, “lo que hacen es cubrir, por lo menos, la instancia del reporte. Pero no necesariamente porque reporten más sean los que tengan mayor cantidad de casos”.
Según un documento presentado por la UIAF, en 2023 se recibieron 911 reportes de operaciones sospechosas de todos los sujetos obligados (financieros y no financieros). Eso significa un aumento del 8% en comparación con el 2022, donde se registraron 843.
Con respecto al sector no financiero, categoría a la que pertenecen los casinos, en 2023 se recibieron 81 reportes de operaciones sospechosas. Se trata de un 21% más en comparación con la cantidad presentada en 2022, que fue de 67.
Entre 2019 y 2023, se enviaron a Fiscalía un total de 68 casos que tenían información de 220 reportes de operación sospechosa presentados por todos los sujetos obligados (financieros y no financieros).
El documento afirma que el total de reportes presentados en esos cinco años es de 4.039, lo que indica que, en promedio, solo el 5% de los reportes son incluidos en la información que se le da a Fiscalía.
Enrique Rodríguez, el fiscal que lidera la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos (creada en febrero, 2023) declaró a El Observador que desde que se creó la Fiscalía no ha recibido ninguna denuncia proveniente de la UIAF vinculada específicamente a los casinos.
Es que, “si nos guiamos por la información que hay respecto de las investigaciones y los casos judicializados del lavado de activos, no hay lavado de activos en Uruguay. Si no hay ni si quiera lavado de activos a través del sistema financiero, ¿cómo va a haber a través de los casinos?”, argumenta Alejandro Montesdeoca, experto uruguayo en políticas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, exsecretario Ejecutivo de GAFILAT y asesor del gobierno en la materia
Pero, aunque los casinos sean los que más operaciones sospechosas reportan, según el informe de la UIAF, el incremento en la cantidad de reportes del sector no financiero tiene que ver con los proveedores de servicios societarios, los rematadores, los explotadores y usuarios de zonas francas y las personas que intermedian o promueven la actividad inmobiliaria.
“Los reportes presentados por estos sujetos obligados del sector no financiero compensaron la caída registrada en los reportes presentados por los casinos, los escribanos y los contadores”, explica el documento.
En el período de 2019 a 2023, entonces, se aplicaron un total de 156 sanciones a los sujetos obligados. El año pasado fue el año en que se sancionó a la mayor cantidad: 54 sujetos obligados con un total de multas de más de 2 millones de Unidades Indexadas (UI), que se traduce en un monto aproximado de 12.273.000 pesos uruguayos.
Un 62,7% de aquello, más de la mitad, fue para sujetos no financieros.
Según Montesdeoca, es común a nivel internacional que los casinos sean los que tengan mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas. Y eso se debe a varias razones: a que es un sector sujeto a mayores controles que otros y a que las recomendaciones internacionales, por ejemplo del organismo GAFILAT, tienden a hacer foco en el sector casinos porque se entiende que es de mayor riesgo.
“No necesariamente quiere decir que haya más lavado a través de ese sector. Pero la única manera que tenemos de, más o menos, saber en qué medida se lava dinero a través del sector es a través de casos concretos. Que es lo que no tenemos, porque un caso vinculado a un casino en particular no es representativo de nada”, explica.
“Que los casinos no sean una puerta interesante para el lavado de activos en Uruguay, no lo sabemos. En realidad, a nivel mundial, los casinos son utilizados para lavar activos porque te da esa opción de poder ingresar efectivo”, explica Misa.
Según Montesdeoca, “si tratamos de llegar a conclusiones a través de las investigaciones, casos judicializados y sentencias, llegaría a la conclusión de que no hay lavado. Yo creo que eso no es así”.
¿Qué evidencias utiliza para decir eso? Elementos como los delitos determinantes que, “por su naturaleza generan ganancias” ilegales.
Los delitos determinantes son aquellos delitos de los que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de lavado de activos. Ejemplos claros son el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y de personas.
“En todos los países del mundo existe una relación entre el volumen de delitos precedentes y el lavado de activos”, dice.
"Hay que ver, de esa cantidad, en cuántos en realidad la fiscalía que intervino, haya sido estupefacientes u otra, logró la incautación de todo y consideró que no había otros elementos para seguir una investigación de lavado", dijo el fiscal Rodríguez en entrevista con Búsqueda en 2023, el mismo año en que salió publicada la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En un informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), donde se analizan las amenazas de lavado de activos en la región en el período 2022-2023, se afirma que “las condenas por lavado de activos tienen como principales delitos determinantes la extorsión, el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la corrupción y soborno, participación en un grupo delictivo organizado y fraude”.
En ese sentido, el GAFILAT observó que al igual que en los informes anteriores, el tráfico de drogas es el delito determinante más frecuente y lucrativo en la región, aunque también hubo incremento de casos relacionados con la corrupción, crimen organizado, fraude y extorsión en los últimos años.
El vínculo entre los casinos y los delitos determinantes tiene que ver con que, según el análisis del organismo internacional, “se observa una mayor diversificación de los sectores vulnerados: bancos, empresas de remesas, automotoras, empresas del sector inmobiliario, casas de cambio, notarios, juegos de azar”.
Hay otro elemento más, según Montesdeoca: que Uruguay está enmarcado en una "región que es complicada" por el crecimiento de organizaciones delictivas como Primer Comando Capital en Brasil. "No es razonable pensar que en el contexto regional en que se encuentra Uruguay, con la actuación de organizaciones delictivas cada vez más poderosas en la región, Uruguay se encuentra exento o a salvo de actividades", agrega.
De hecho, se pueden ver en cifras las solicitudes de cooperación internacional. Según la Memoria de la UIAF, el intercambio de información con el exterior se realiza sobre todo con unidades de inteligencia financiera que integran el Grupo Egmont, organización internacional que agrupa unidades de 170 países y jurisdicciones.
En 2023, se recibieron 31 solicitudes de información de unidades de inteligencia financiera del exterior y, en 2022, fueron 39 solicitudes. Del otro lado, a UIAF realizó 4 pedidos de información a sus contrapartes en el exterior.
Desde la Dirección General de Casinos, Gamio opina que a través de sus casinos “es difícil, por no decir muy improbable, que se lave dinero por los procedimientos de trabajo que tiene Casinos del Estado”.
Argumenta que eso se debe no solo a los controles requeridos por ley, sino que además porque Casinos del Estado “no trabaja con el sistema financiero”. Es decir, no paga a través de bancos salvo situaciones excepcionales que, por las características de azar, no permiten que haya riesgo de lavado de activos.
Sin embargo, aunque a través de Casinos del Estado no se pueda introducir dinero al sistema financiero (porque los montos ingresan y se van en efectivo) sí podría funcionar como una forma de justificar el ingreso personal de grandes sumas de dinero de una persona.
“Yo no puedo decir en Uruguay hay lavado de activos y menos puedo decir hay lavado de activos en tal sector, porque no tengo evidencia. Pero todos los elementos, todos los indicios me llevan a pensar que, primero, ningún país está exento de lavado y menos en la situación en la que se encuentra Uruguay en cuanto a la prevalencia de delitos precedentes y la situación regional”, finaliza Montesdeoca.
Aunque no todos los actores piensan igual. En octubre de 2023, en conversación con Búsqueda, el fiscal Rodríguez declaró que las pocas condenas por lavado de activos es "un fenómeno mundial" y que "habrá que ver si en Uruguay se lava tanto dinero, en la magnitud que uno piensa que se lava, o capaz que no es tanta cantidad y creemos que sí. Eso uno nunca lo puede saber. ¿Quién puede decir que Uruguay es un paraíso fiscal? Yo creo que no es así".
Pero, también, declaró que "en todos los países del mundo se lava dinero, en potencias mundiales que tienen muchas mejores posibilidades económicas se lava dinero" y que "la legislación está. Además, permite la incautación total de los bienes, el delito de lavado tiene penas de penitenciaría. Ahora, que eso haga que no se cometa el delito, no".
"Creo que el proyecto de ciberdelitos va a ser muy útil, porque no olvidemos que las estafas, o el blanqueo, también se hace utilizando medios electrónicos, como criptomonedas. Eso va a ayudar", dijo Rodríguez en esa entrevista.
El pasado 14 de agosto, el Parlamento uruguayo aprobó el Proyecto de Ley sobre la prevención y represión de la ciberdelincuencia, dando un paso significativo en la regulación de actividades ilegales en el entorno digital en Uruguay. Aunque aún no ha sido promulgado expresamente por el Poder Ejecutivo, se considera promulgado de forma ficta a los 10 días de su aprobación.
El Proyecto de Ley aborda cuatro ejes principales: la tipificación de ocho ciberdelitos y sus circunstancias agravantes, la promoción de la educación sobre el manejo de finanzas personales y ciberseguridad, la facultad de las instituciones financieras y entidades emisoras de dinero electrónico para crear un registro de ciberdelincuentes, y medidas de prevención de transacciones no consentidas que podrán ser adoptadas por las instituciones financieras.
Con los votos del oficialismo, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley, que había sido impulsado por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, el 22 de julio de 2021. El texto, que consta de 11 artículos, fue aprobado en general por 16 votos en 24, y en la votación del articulado, los artículos referentes al registro de ciberdelincuentes y su intercambio entre instituciones financieras, así como la inmovilización de fondos ante actividades sospechosas, recibieron el respaldo de todos los partidos.
