La exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky afirmó que el proyecto Neptuno "no era una política de Estado", tras la cancelación de la planta potabilizadora en Arazatí (San José), una apuesta de la anterior gestión por acudir a la "fuente infinita" de agua del Río de la Plata.
La histórica dirigente del Frente Amplio (FA) a su vez respondió a las críticas de la oposición por la cancelación del proyecto. "Esto se firmó tres o cuatro días antes de que el gobierno terminara, sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo”, agregó Topolansky.
La referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) remarcó que una política de Estado “es una cosa convenida” entre oficialismo, oposición y otros actores políticos, sin embargo esto no aconteció en ese caso.
Además dijo que desde el FA tienen “una cantidad de informes técnicos” que respaldan su posición, luego de que jerarcas de la oposición afirmaran que en realidad son argumentos políticos. Por ejemplo, el expresidente de la República Luis Lacalle Pou había catalogado de "netamente política" la decisión del gobierno de Yamandú Orsi.
“No creo en eso que se dice de que lo hicimos ni por razones ideológicas ni por sacarnos las ganas. Se han dicho cosas muy superficiales. Prefiero no entrar en esa discusión”, afirmó Topolansky este martes en rueda de prensa.
“Son temas polémicos y a mí me parece que lo más importante es resolver el problema del agua. Creo que esto es un camino serio”, sentenció la referente de la izquierda. La exvicepresidenta recibió durante esta jornada al presidente de España, Pedro Sánchez, en su chacra del Rincón del Cerro.
La decisión del oficialismo es no construir Neptuno, pero en su lugar hacer una planta anexa a Aguas Corrientes (que aseguran proveerá 200.000 metros cúbicos) que sigue tomando agua del río Santa Lucía como sucede hoy. Además, se prevé construir una potabilizadora más pequeña para mejorar el abastecimiento en la Costa de Oro y, por fuera del contrato con el consorcio, impulsar la represa de Casupá (Florida).
Los reparos del Frente Amplio a construir el proyecto anterior referían, sobre todo, a cuestiones ambientales, técnicas y relativas al financiamiento del proyecto, que ahora aseguran permitirá un ahorro de 1/3 del valor total, porque en vez de implicar US$ 300 millones estiman será US$ 200 millones.
