El gobierno de Yamandú Orsi oficializó este viernes 18 de julio la decisión de no construir una planta potabilizadora en Arazatí, obra denominada proyecto Neptuno, y en su lugar avanzar en una planta potabilizadora en Aguas Corrientes y otra más pequeña para garantizar el acceso al agua potable en la Costa de Oro, una zona donde "crece la demanda".
Con estas obras, la administración pretende asegurar el abastecimiento en el área metropolitana de aquí a 2045, permitiendo el suministro de unos 900 mil metros cúbicos de agua potable solo con Aguas Corrientes. También se asgura que la gestión de la planta esté en manos de OSE.
Así lo anunció el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acompañado del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; del presidente de OSE, Pablo Ferreri, y del empresario Alejandro Ruibal, representante del consorcio Arazatí y director ejecutivo de Saceem (una de las empresas que lo integra).
Sánchez dijo que la renegociación de los términos del contrato firmado con el consorcio Arazatí para la construcción del proyecto Neptuno implica un ahorro de un tercio del total que suponía la obra comprometida en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Con el margen obtenido, entonces, el gobierno de Orsi avanzará en la construcción de una represa en Casupá (Florida), un viejo planteo del Frente Amplio. Sánchez situó al costo total del nuevo contrato en unos US$ 200 millones (US$ 100 menos que el anterior), pero aclaró que la cifra exacta se sabrá con la nueva redacción.
Conferencia proyecto Neptuno Sánchez, Ruibal, Ortuño y Ferreri
El empresario Alejandro Ruibal, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para anunciar que no construirán el Proyecto Neptuno
Foto: Leonardo Carreño
Los cambios anunciados por Sánchez implican que la toma de agua siga siendo el río Santa Lucía y no se innove con el Río de la Plata, como proponía el proyecto Neptuno. Este era uno de los principales cuestionamientos del Frente Amplio hacia la iniciativa, debido a los eventos de salinidad que podían registrarse y también a costos asociados.
El secretario de Presidencia estimó que la construcción de una planta anexa a Aguas Corrientes (desde donde ya se abastece al área metropolitana, pero que está al límite de su capacidad) permitirá el suministro de "cerca de 900 mil metros cúbicos" de agua potable.
"Además, este proceso va a implicar la construcción y la reparación de un conjunto de obras sobre la quinta línea de bombeo y la construcción de una reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico, junto con una pequeña potabilizadora", detalló Sánchez.
El objetivo de esto último es "solucionar" los problemas de acceso al agua potable que tiene la Costa de Oro, desde el arroyo Pando hasta Jaureguiberry.
La planta de Aguas Corrientes, las reparaciones en la quinta línea de bombeo y la potabilizadora en la Costa de Oro se harán a través de la modificación del contrato ya firmado entre el Estado uruguayo y el consorcio Arazatí.
Por fuera del contrato se impulsará la construcción de la represa de Casupá, producto del ahorro que la administración de Orsi asegura haber obtenido con la renegociación de los términos.
"La construcción de la represa de Casupá le va a aportar esa robustez que necesita el sistema hacia el futuro, para hacer frente a fenómenos de déficit hídrico", prometió.
Las partes tendrán tiempo hasta el 31 de agosto para hacer las modificaciones necesarias al contrato, que deberá ser analizado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El gobierno espera que las obras puedan comenzar en 2026 y lleven entre 30 y 36 meses de ejecución.
El secretario de Presidencia aseguró que el Estado no deberá pagar "ninguna multa" porque el contrato se modifica de común acuerdo entre las partes y consideró que no era necesario llamar a una nueva licitación por esa misma razón.
A diferencia del proyecto anterior, ahora la gestión estará en manos de OSE. Sí se mantendrá el mantenimiento de las obras a cargo del consorcio.
Consultado sobre los permisos ambientales, Sánchez argumentó que el proceso es más fácil de esta manera, dado que habrá que hacer "trámites" para Aguas Corrientes que estiman quedarán prontos "antes de fin de año".
"Porque ya viene de un trabajo desde hace bastante tiempo, con varias investigaciones", explicó y aclaró que, con estas nuevas obras, no habrá que expropiar "ningún terreno".
