Es que tampoco existe un registro de cuánto se gasta. El dinero que se destina a las donaciones no se especifica dentro de las rendiciones de cuentas de la Junta. Por ejemplo, no es público cuánto costó la impresión de 300 ejemplares de un libro que solicitó la Asociación de Bibliotecólogos, dado que el monto se incluyó dentro del rubro de Libros, revistas y otras publicaciones.
“O sea, no está camuflado, pero está perdido por ahí adentro. Están todos los gastos ahí, pero es el rubrado histórico de la Junta y los auspicios y apoyos se realizan hace no mucho tiempo", dijo a El Observador Gonzalo Sánchez, edil del Frente Amplio que presidió la Junta Departamental los últimos 12 meses -dejó el cargo días atrás-. Además, reconoció que no tiene una cifra de cuánto se ha gastado en colaboraciones durante su año de presidencia.
Soto reclama desde el año pasado la publicación de los costos de cada una de las colaboraciones y, en los últimos días, recibió una incipiente respuesta. Accedió a una escueta descripción de cuatro -de las más de 50- donaciones. El costo de estas cuatro donaciones totaliza $234.426.
Si bien Sánchez asegura que esas fueron todas las donaciones del primer semestre de 2026, el análisis realizado por la edila y confirmado por El Observador da cuenta de que hubo al menos siete donaciones más en ese periodo.
Cómo funciona
El sistema es sencillo. Las organizaciones o personas deben presentar una nota al legislativo departamental solicitando el auspicio de su actividad o emprendimiento y detallando la colaboración que precisan.
El caso pasa a la Comisión de Cultura o a la de Derechos Humanos. Según contaron varios ediles, el trato de estos temas en comisión es simplemente burocrático en la mayoría de los casos. Por ejemplo, son pocos los casos donde los beneficiarios comparecen ante la comisión para detallar el por qué de su solicitud.
En general, el pedido es aprobado por unanimidad en la comisión y luego pasa al plenario, donde -sin debate- se aprueba automáticamente, salvo contadas excepciones. Casi todos los jueves -día de la semana en que sesiona el plenario- hay al menos una donación por aprobar.
Soto, que reconoció que votó “muchas” de las donaciones, dijo que en el plenario hay un "consenso entre los ediles para votar". "Es de esas cosas que siempre se hicieron así. Y creo que es propio de la inercia. Si la Junta puede colaborar con organizaciones que lo necesitan, no me parece un impedimento, siempre y cuando haya transparencia en el mecanismo y que no sea una herramienta que permita beneficios personales", dijo a El Observador.
Luego de aprobado, la Mesa -un órgano de cinco integrantes que encabeza el presidente de la Junta- se encarga de cumplir con lo solicitado. No se entrega dinero, si no que se compra lo que el beneficiario solicita.
Uno a uno
Desde julio de 2025 -cuando comenzó la legislatura- hasta la actualidad, la Junta ha autorizado la impresión de numerosos libros.
Por ejemplo, autorizó la impresión de 1.000 ejemplares de Historia Afrouruguaya, escrito por Oscar Montaño. También fueron 1.000 los ejemplares de la publicación “Olelé, un canto a la ancestralidad”, un material pedagógico repartido en las escuelas públicas sobre las raíces afro e indígenas en nuestro país.
La Junta también financió la impresión de 500 ejemplares de “Nuestro repertorio: textos y partituras de murgas de mujeres feministas y transfeministas”, de Mayra Martínez Marquez, así como 300 libros que pidió la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay para recopilar las mejores piezas de su concurso de cuentos.
También se imprimieron 1.000 ejemplares del libro “Relatoría del primer Encuentro por el trabajo del Cedel de Casavalle”.
Hay dos libros más en esta lista y de ellos sí se conoce el costo, dado que están entre las cuatro donaciones que detallaron las autoridades de la Junta. El legislativo departamental pagó $133.200 para imprimir 500 ejemplares de Croquis de la cárcel, un libro del artista plástico Julio Mancebo y $71.000 por 500 ejemplares de “Historia del Cerro 1940-1980”.
Siguiendo con sus tareas de imprenta, la Junta pagó por la impresión de 300 mapas para el grupo Volver a mi barrio, que reclama el realojo de las familias expulsadas de los conventillos Ansina y Mediomundo durante la dictadura, 200 invitaciones al evento “Campeonato de Pelota Vasca” y 500 folletos para el evento “La noche accesible e Inclusiva”.
Hay un segundo grupo de colaboraciones, cuyo costo no se conoce en ningún caso, que son los traslados que alquila la Junta para distintas delegaciones.
Por ejemplo, los ediles de todos los partidos autorizaron el pago del traslado de las delegaciones participantes del Primer Encuentro Latinoamericano de Coros LGBTIQ+, que organizó el Coro de hombres gay de Montevideo. También se alquilaron ómnibus para el Congreso latinoamericano de probabilidad y estadística matemática (CLAPEM) y para el traslado de la comparsa La Candela y de los Humoristas “Los Chapitas”.
Otros ómnibus fueron para el traslado de niños, como el alquilado para la asociación civil Solidar Uruguay (que desarrolla merenderos educativos), para la actividad llamada “Edil por un día” que propone la Junta Departamental y para llevar de campamento a La Floresta a los niños del Caif Casa de los Caramelos.
Hay un tercer grupo de donaciones vinculado a la compra de trofeos y medallas para actividades deportivas y culturales. Algunas son respaldos a pequeños campeonatos de niños, como un torneo de fútbol del Concejo Vecinal 18 del Municipio A, que pidió ocho trofeos -además de pelotas y arcos- y otros son de relevancia nacional: como los premios de la Maratón de Montevideo -no se detalla qué se pide- y la compra de 15 estatuillas para los Premios Florencio, el principal galardón del teatro uruguayo.
Entre esos dos extremos, aparecen una centena de trofeos y casi 1.000 medallas que se dividen entre las Llamadas de Invierno, un campeonato de la Fundación de Diabetes del Uruguay, un encuentro de Danza Folclórica, un torneo de Taekwondo, otro de artes marciales, la correcaminata del jardín de infantes N° 216 y el Encuentro Regional de Gramilla.
Fuera de los libros, los traslados y los trofeos, la lista de donaciones se amplía a los requerimientos más diversos: desde el alquiler de baños químicos, hasta la compra de cientos de “meriendas” para eventos de distintas organizaciones, la compra de botellas de agua para la Marcha de la Diversidad y compras de papelería, como lapiceras, cuadernos y carpetas. También se financió la restauración del mural de Carlos Páez Vilaró en el edificio que está enclavado donde funcionaba el conventillo Medio Mundo y se compraron 76 remeras para un concejo vecinal y una escuelita de golf en un asentamiento del noreste montevideano.
Los que se rechazaron
Existen pocos casos de solicitudes que son rechazadas por los ediles y, habitualmente, tiene que ver con temas políticos o éticos. Tal es el caso de dos donaciones que se vinculan con dirigentes del Frente Amplio.
En abril, la senadora frenteamplista Susana Andrade solicitó la impresión de 500 ejemplares de su libro “Macumberos”, pero el pedido fue rechazado y archivado, luego de que generara molestia en la coalición. “Entendimos que era una senadora de la República, que tenía los medios como para poder realizar esa impresión, entonces la Junta no debía hacerse cargo de eso”, dijo Sanchez.
En un caso más reciente, a mediados de julio, una edila se vio directamente involucrada. Serrana Lamas Silva presentó una solicitud para que la Junta pague un traslado en la actividad denominada “Diálogo de Juventudes” de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. ¿Cuál es el problema? Lamas Silva es hija de la edila frenteamplista Juana Silva, cuya firma aparece en la solicitud de tratar el tema como grave y urgente.
“Cuando visualicé el expediente, que estaba el nombre de la hija Juanita, dijimos que se retirara, que no podía salir de ninguna manera. El Frente Amplio no hace clientelismo político con estas cuestiones”, dijo Sánchez.
Los cambios
La edila Soto propone desde octubre del año pasado que exista mayor transparencia en este proceso.
“No estoy en contra de las donaciones, pero quiero mecanismos que traigan mayor transparencia, equidad entre los beneficiarios y trazabilidad”, dijo Soto, cuya nota presentada el año pasado no tuvo eco en el oficialismo.
La edila remarcó que, actualmente, al momento de aprobar una donación no se conoce “el monto que trae asociado”. Además, pidió que exista una “evaluación de las solicitudes” y que los casos sean “realmente estudiados en las comisiones”.
En su propuesta de protocolo, a su vez, pide que se compruebe que la “institución está legalmente constituida, que haya pruebas sólidas de funcionamiento de la institución”.
Finalmente, pide que exista una rendición de cuentas de parte de la Mesa, “donde se transparenten los montos asignados y que la Junta publique regularmente las colaboraciones con sus montos y destinos”, para que haya “un control ciudadano”:
Soto presentó aditivos durante la discusión del presupuesto de la Junta, pero tampoco fueron votados por el Frente Amplio. En esa segunda ocasión, desde el FA se asumió el compromiso de acordar el protocolo en 15 días, pero no se cumplió.
Sánchez coincidió con Soto en la necesidad de “transparentar el tema de las donaciones”, y adelantó que la Mesa -integrada por cinco frenteamplistas- comenzará a presentar semestralmente los auspicios que se hayan realizado.
“Ahí estará el importe, el proveedor, la fecha, el número de expediente y lo que se donó”, dijo. Además, se refirió a la falta de un rubrado específico para las donaciones: "De ahora en más habrá un rubrado específico donde se van a poner los auspicios para que quede todo transparentado".
Consultado sobre por qué el oficialismo no había cumplido con el plazo de 15 días marcado para crear el protocolo, el edil del MPP respondió: “Después del Presupuesto habían cosas para resolver y se estaba en transición -en la Presidencia de la Junta- y la Mesa estaba un poco entreverada con algunas cosas que había que resolver. No nos dieron los quince días”.
