La Policía estima que la droga no era para consumo interno, sino que sería enviada a Brasil
La Policía incautó en las últimas horas 4.500 kilos de marihuana en un operativo desplegado en San José y Canelones, informó este martes el ministro del Interior, Carlos Negro.
La investigación comenzó el 22 de mayo, cuando por la frontera del Chuy (Rocha) ingresaron a Uruguay de forma irregular productos que son utilizados para la producción de hachis, una droga que se origina en la resina del cannabis.
Tras un trabajo de inteligencia de más de seis meses, este domingo los efectivos llegaron a una chacra en Juan Soler (San José) donde encontraron un laboratorio casero de producción de hachís. Allí incautaron más de una tonelada de marihuana y unos 45 kilos de hachis.
Luego, las autoridades realizaron tres allanamientos más, todos ellos en la zona rural de Canelones, donde incautaron más de tres toneladas de marihuana.
La Policía estima que el hachís no era para consumo interno, sino que sería exportado a Brasil.
"Es un nuevo golpe que se da, en este caso a la producción de estupefacientes dentro del territorio nacional. Estamos pegando al crimen organizado donde más duele, es decir, el dinero, las grandes importaciones y la ruta de ese dinero", celebró Negro en la conferencia de prensa.
Cuatro personas fueron detenidas: dos uruguayos y dos brasileños. Uno de los brasileños es estudiante de bioquímica y se estima que era quien se encargaba de "comandar la producción de la sustancia". Los uruguayos, por su parte, eran "empleados de la organización" y tenían un "rango medio-bajo", indicaron las autoridades.
El fiscal Ignacio Montedeocar obtuvo condenas mediante proceso abreviado para todos ellos.
Uno de los brasileños fue condenado a tres años de penitenciaria por asociación para delinquir, producción de sustancias estupefacientes e importación de estupefacientes y el otro a dos años de prisión por asociación para delinquir agravado y producción de sustancias estupefacientes.
Los otros dos delincuentes fueron condenados a 24 y 18 meses de libertad a prueba. Cumplirán una parte con arresto domiciliario y otra con presentación en la seccional y trabajo comunitario.