Este miércoles el Tribunal de Apelaciones determinó la prórroga de la prisión preventiva para el exsenador Gustavo Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín hasta el 10 de junio de 2025. La decisión revierte la resolución de la jueza Marcela Vargas, quien había concedido prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
El abogado Juan Raúl Williman, representante de las víctimas a través del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, sostuvo que la medida es acertada, dado que los riesgos procesales no han desaparecido. "El tribunal estableció que estos riesgos ya habían sido probados por la trama que tiene a seis personas condenadas y a dos más formalizadas", afirmó este jueves en una entrevista con Doble Click de DelSol FM.
Uno de los puntos clave en la apelación fue la posibilidad de que los imputados entorpezcan la investigación o afecten la seguridad de las víctimas y testigos. Williman destacó el caso de un policía involucrado en la trama que denunció amenazas y cambió de domicilio. "Es una persona que estaba del otro lado y, sin embargo, debió mudarse sin aviso por miedo", explicó.
El tribunal también tomó en cuenta nuevos testimonios obtenidos en los últimos días. "Un testigo clave apareció recientemente con información relevante, pero solo aceptó declarar con identidad reservada por temor a represalias", reveló el abogado.
Sobre la decisión inicial de otorgar prisión domiciliaria, Williman cuestionó el argumento de que el tiempo redujo los riesgos procesales. "El mero paso del tiempo no morigera los riesgos", enfatizó. Además, aseguró que la red de influencia de Penadés sigue latente: "El imputado con una llamada conseguía datos e información que una persona normal no".
La Fiscalía tiene plazo hasta junio de 2025 para presentar la acusación formal. Si bien algunos sectores critican la duración del proceso, Williman defendió la necesidad de investigar a fondo. "Es una causa compleja con múltiples pruebas en análisis. La Fiscalía debe agotar todas las líneas de investigación. Si quedan diligencias pendientes, podría pedir una prórroga, pero nunca más allá de los dos años en total", explicó.
El caso Penadés involucra denuncias de abuso sexual a menores y un entramado de encubrimiento, con varias condenas y formalizaciones. La decisión del Tribunal de Apelaciones refuerza la postura de la Fiscalía y de la defensa de las víctimas, que insistieron en la necesidad de mantener la prisión preventiva efectiva.
