Marcelo Umpiérrez

¿Cómo será la fiscalización de DGI a los comercios golondrina en temporada?

El subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, dijo que existe la posibilidad de “flexibilizar” los controles en un contexto de menor actividad comercial

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03 de noviembre de 2020 a las 05:02

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Todos los veranos la Dirección General Impositiva (DGI) pone foco en la actividad comercial que se lleva a cabo en la zona costera con motivo de la temporada turística.

En ese marco lleva a cabo los clásicos operativos de fiscalización en balnearios de Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia. Desde hace algunos años los mayores controles apuntan a establecimientos zafrales o también llamados golondrina, que solo abren sus puertas en verano y que no tienen una antigüedad mayor a dos años.

En esos casos se exige, al momento de la inspección, un adelanto de impuestos que se debe depositar como garantía, en función del riesgo que existe respecto al incumplimiento de sus obligaciones tributarias. El monto se calcula a partir de las estimaciones de ingresos por ventas que pueden tener los comercios al cabo de dos o tres meses, según su giro y tamaño.

¿Qué ocurrirá en la próxima zafra estival? Consultado sobre el tema el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, dijo a El Observador que existe la posibilidad de que se apliquen modificaciones a los criterios que se venían aplicando hasta ahora; tomando en cuenta el contexto de la pandemia, la menor actividad, y las características especiales que tendrá la temporada.

Marcelo Umpiérrez

“La DGI siempre hace controles a las empresas que se instalan en el verano, los famosos negocios golondrinas. A veces se les pedía un anticipo para dar un poco más de seguridad de cumplimiento. Sabíamos que la temporada no iba a ser buena por el efecto argentino. Ahora con esto (por la pandemia y cierre de frontera) sabemos que va a ser notoriamente menor, por lo que tal vez esos controles de DGI se puedan, de alguna manera, flexibilizar. Pero bueno, la idea también es que el que trabaje por lo menos esté en la formalidad”, afirmó el jerarca.

Irastorza señaló que el adelanto se solicita, comúnmente, a los comercios que no tienen antigüedad o que la DGI no tiene un registro de sus antecedentes. “Si hay un caso puntual que se instala, pero sabemos que no va a tener las ventas que tenía el ejercicio pasado no le vamos a exigir el mismo porcentaje que se le pedía de anticipo, porque la DGI sabe cada giro cómo fue cayendo. En función de esa caída se puede decir: ´bueno, te hago un porcentaje menor en función de la caída que tuvo el respectivo giro´, explicó el subsecretario del MEF.

Para los comercios que solo funcionan en verano, pero que llevan al menos dos años operando, el criterio de fiscalización es distinto. En esos casos no se solicita la garantía y se envía una comunicación a sus propietarios donde se estima la facturación que pueden tener en temporada. La diferencia es que el fisco tiene la historia reciente del contribuyente como apoyo, y puede determinar de mejor forma su comportamiento tributario. Cumplidos los plazos se controla que los pagos estén dentro de los parámetros esperados.

Esta diferencia de criterio aplica desde hace ya algunos años a pedido de hoteleros y gastronómicos, cuyos emprendimientos si bien cierran en invierno, tienen infraestructura instalada a su nombre todo el año. De esa manera se evita un costo financiero para los comerciantes ya instalados y también significa menos horas de control por parte de los inspectores que pueden volcar más tiempo a detectar negocios informales.

Al inicio de cada temporada también se formalizan clausuras como resultado de los controles realizados en la temporada pasada. Comúnmente el cierre del comercio se realiza casi un año después del operativo que detectó la infracción, debido al tiempo que lleva el proceso en la Justicia para autorizar la clausura. Cuando se incumplen normas formales de facturación la clausura se puede extender, generalmete, de uno a seis días según la gravedad del caso. Cuando la empresa es reincidente la sanción puede ir hasta 30 días. En 2019, la DGI clausuró unos 42 comercios que registraron irregularidades durante el verano de ese año.

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