¿Podría la pandemia traer una crisis alimentaria a América Latina y el Caribe?

A pesar de esta ventaja relativa en la producción y exportación de alimentos con relación a otras regiones, un número importante personas en América Latina y el Caribe no pueden acceder a una alimentación adecuada.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el número de latinoamericanos que presentan dificultades de acceso físico o económico a alimentos inocuos y con calidad nutritiva (inseguridad alimentaria) pasó de 157 millones en 2015 a 205 millones en 2019, lo que representa cerca del 32% de la población regional. Adicionalmente, en el mismo período la tasa de prevalencia de subnutrición (aporte calórico no cubre necesidades mínimas para mantener peso y talla) se incrementó del 6,2% a 7,4% de la población.

Con la pandemia del COVID 19 y sus repercusiones económicas y sociales, las dificultades de los sectores más vulnerables en la región para acceder a una alimentación adecuada podrían profundizase y elevar las tasas de subnutrición, desnutrición y sobrepeso, convirtiéndose en un problema adicional de salud pública y amenazando la seguridad alimentaria regional.

En este contexto se vuelve fundamental para los gobiernos de América Latina y el Caribe analizar, evaluar y mitigar los factores de riesgo que ha traído la pandemia en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.

Debido al volumen de producción agropecuaria regional y al comercio intrarregional la disponibilidad de alimentos en la mayor parte de países debería estar garantizada. Sin embargo, en el contexto de la pandemia la oferta alimentaria se ha afectado en varios países latinoamericanos. De acuerdo con un primer estudio del impacto del COVID-19 en los sistemas alimentarios de la región publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la FAO, la disponibilidad de productos agropecuarios está teniendo problemas principalmente por dos factores.

En primer lugar, debido a las disrupciones en las cadenas de suministro de alimentos. Actividades como transporte, logística, procesamiento y almacenamiento se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. En segundo lugar, la crisis económica y falta de liquidez está haciendo menos viable la producción de alimentos para pequeños y medianos productores y microempresas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la oferta.

Como se mencionó, el acceso económico y físico a alimentos, mostraba cifras preocupantes antes de la crisis sanitaria. La población en zonas con mayor pobreza presentaba dificultades para obtener una alimentación adecuada debido a la carencia de ingresos o a la distancia a centros de expendio. La contracción de la economía regional, el deterioro de los indicadores sociales y la reducción del ingreso familiar, producto de la crisis sanitaria dificulta aun más el acceso a dichos alimentos, sobre todo en la población más vulnerable. A esto se suma el incremento de los precios de bienes esenciales como el arroz, frutas y huevos en varios sitios de la región durante la pandemia. De acuerdo con la CEPAL, entre enero y mayo de 2020, el componente alimentario del índice de precios al consumidor presentó un aumento de 4,6%.

La tercera dimensión de la seguridad alimentaria es la utilización adecuada de los alimentos y su calidad nutricional. En la última década la región ha logrado disminuir ciertos indicadores de malnutrición. De acuerdo con la FAO, la tasa de retraso de crecimiento infantil en niños menores de 5 años, paso de 11,4% en 2012 al 9% en 2019. Sin embargo, el sobrepeso infantil se incrementó de 7,2% al 7,5% en el mismo período y la obesidad en adultos pasó de 22,2% en 2012 al 24,2% en 2016. La pandemia trae el riesgo de que estos y otros indicadores relacionados con la malnutrición presenten retrocesos, producto de la dificultad para acceder a alimentos con la suficiente calidad nutricional.

La última dimensión para garantizar la seguridad alimentaria es la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. El cambio climático, los desastres naturales y la vulnerabilidad que tienen los productos agropecuarios a la fluctuación de los precios siguen siendo los mayores factores de riesgo para la estabilidad alimentaria en América Latina y el Caribe. La incertidumbre y la crisis socioeconómica producto de la pandemia están generando ya mayores dificultades en la oferta y acceso a alimentos. En esta coyuntura se encuentran en mayor riesgo los países del Caribe e importadores netos de alimentos, ya que son más vulnerables a las fluctuaciones en los precios.

Ante este complejo escenario, el riesgo de que la pandemia traiga una crisis alimentaria no es menor. Para evitar esto se requiere una intervención oportuna de los gobiernos de la región.

En este contexto, la reactivación productiva, necesita de políticas que permitan mitigar el impacto de la pandemia a nivel económico y social, pero que no pierdan de vista la seguridad alimentaria. Es urgente dar sostenibilidad a la oferta de alimentos en la región y garantizar su acceso, sobre todo a la población más vulnerable. Se requiere también dotar de liquidez a pequeños agricultores y empresas, fortalecer el autoconsumo y la agricultura familiar, y reducir la especulación en las cadenas de distribución.

A pesar de la pandemia, la temprana y oportuna acción de los países e instituciones regionales permitirá reducir los riesgos que amenazan la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

Gustavo Cuesta Rugel es economista y profesor en la Universidad de las Américas (UDLA) en Ecuador. Máster en Economía y Doctorando en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en macroeconomía, comercio exterior y política pública.

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