¿Por qué el polémico aporte del agro al Fondo Coronavirus debe aprobarlo el Parlamento?

Las gremiales agropecuarias anunciaron, luego de reunirse con el gobierno, que el aporte del sector asciende a unos US$ 100 millones aunque la estimación del equipo económico es menor. Además, gran parte de ese dinero son fondos que ya pertenecen al Estado y por eso su reasignación debe ser aprobada por ley, según explicó a El Observador el constitucionalista y administrativista, Daniel Ochs. 

“Se trata de activos de la hacienda pública. Hay un principio de legalidad que está consagrado en los artículos 85, 86 y 87 de la Constitución, que manda que toda la cuestión vinculada a los recursos tributarios y la hacienda pública sea por ley”, agregó. 

El artículo 85 de la Constitución asegura que la Asamblea General tiene la potestad de “establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes”. 

Es decir, son los legisladores los que decidirán si destinan los recursos al Fondo Coronavirus.

Es por esto que el anuncio de las gremiales generó la reacción de algunos dirigentes frenteamplistas. “Es falso decir que las gremiales agropecuarias donarán US$ 100 millones. Como máximo son US$ 20 millones del impuesto semovientes. El resto es dinero del Estado, recaudado por ley”, escribió en Twitter el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García. 

Ochs agregó que se ha realizado un mal uso del lenguaje porque no se trata de una donación. "La palabra donación no aplica en lo más mínimo. Es una medida de ordenamiento de recursos de la hacienda pública", apuntó. 

¿De dónde sale el dinero? 

El aporte anunciado tiene tres fuentes de financiación distintas. Una de las fuentes de financiación es el 1% que la actividad ganadera paga por la venta de ganado y se trata en este caso del único aporte extra que hará el sector para combatir el virus. 

Contra ese pago los productores obtienen un certificado que luego puede ser utilizado ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI) por el mismo monto. Los productores anunciaron que están dispuestos a renunciar a ese crédito fiscal durante un año, a partir de mayo, para que ese dinero se utilice en el combate contra el coronavirus y estimaron que sería de unos US$ 40 millones el aporte. 

Sin embargo, el equipo económico estimó que esa cifra es menor en su comparecencia ante en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el pasado 1 de abril. El director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera de la cartera, Hernán Bonilla, aseguró que el monto es de unos US$ 25 millones porque no todos utilizan los certificados. 

“Si esos certificados no se utilizaran serían US$ 40 millones que podrían entrar a las arcas del Estado, pero hay que aclarar que no se utiliza exactamente esa cifra porque no todos los productores utilizan los certificados. Por lo tanto, el monto es algo inferior, en una estimación preliminar, podría llegar a US$ 25 millones”, aseguró. 

Esto al estar vinculado a tributos también debe ser aprobado por ley, según dice el artículo 87 de la Constitución. 

Otra parte del dinero viene del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) que aportará unos US$ 40 millones de una deuda que el gobierno tiene con el organismo porque en 2015 la administración encabezada por Tabaré Vázquez decidió congelar el aporte. 

El INIA, un organismo público no estatal, se financia a partir de lo que se recauda de un adicional del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) y, según su ley de creación, un aporte del gobierno que debe ser igual a lo que recauda ese adicional. 

Sin embargo, en 2015 cuando se hizo el presupuesto quinquenal se estimó el aporte del gobierno en pesos y sin tener en cuenta la inflación. Por lo tanto, el representante de la Federación Rural en el organismo, Rafael Secco, había estimado que el gobierno le debía unos US$ 35 millones al INIA. Ese dinero es el que ahora piden que se utilice en el Fondo Coronavirus. 

Es decir, no se trata de un aporte extra sino de destinar dinero público que por ley estaba destinado al INIA. El dinero restante para completar los US$ 40 millones proviene de fondos que INIA utiliza para financiar la investigación de terceros organismos, que en muchos casos es la Universidad de la República.

“El aporte al INIA surge de una ley. Tiene fuente legal por lo que para extinguir ese adeudo tiene que existir otra ley”, explicó Ochs. 

La tercera fuente de financiación proviene del Instituto Nacional de Carnes (INAC), otro organismo público no estatal. En este caso lo que se hace es redirigir el aporte de industriales, comerciantes y frigoríficos, por unos US$ 20 millones. Inicialmente ese dinero se utiliza para financiar al INAC y ahora irá para el Fondo Coronavirus. 

El aporte “está conformado por el 0,6% del precio FOB neto de las exportaciones y el 0,7% del precio de venta en el mercado interno de carnes y derivados”, dice el documento presentado por el organismo al Ministerio de Ganadería. Se trata de un descuento que se realiza y que ahora estará destinado al combate contra el virus.