¿Promover o controlar el voluntariado?

Del lado del oficialismo se sostiene que dicho proyecto, procura fomentar el voluntariado mientras que desde la oposición se observa una voluntad controladora y reguladora. Según Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, y promotor inicial de una ley para fomentar el voluntariado, “la iniciativa está desnaturalizada”. Para Mieres, “el concepto que opera es el de perseguir eventuales evasiones de relaciones laborales” y sugiere cambiar el nombre y en lugar de “promoción” habría que poner “control”. Otro tanto ocurre con la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado, organización que apoya la redacción de una ley que “promueva el voluntariado” pero que ve con preocupación este proyecto de carácter “sensiblemente controlador”.

El proyecto de ley declara de interés general la promoción del voluntariado con fines de bien común. Pero esa promoción no aparece en ninguna parte del proyecto. Más bien se procura evitar que, so capa de voluntariado, se realice competencia desleal a empresas establecidas o que se incumplan normas relativas a la legislación laboral. De ahí, la normativa más bien de matriz controladora que tiene el actual proyecto.

Lo que más preocupa es la obligación de registrar las organizaciones de voluntariado ante el MTSS así como la de contratar seguros de accidentes y de enfermedades, así como un examen psicofísico de los voluntarios.

Quienes entienden necesaria una ley de fomento, lo hacen en el entendido que la solidaridad no se consigue ni por decreto ni por ley. Surge de la buena voluntad de cientos de miles de personas que dan una mano para ayudar a un amigo, a una comunidad vecinal, a una ONG, a una institución religiosa, cultural o recreativa. Ello no se impone. Surge espontáneamente. Pero entienden que una ley puede dar garantías para evitar casos –pocos en general- en los que el voluntario se presenta luego a reclamar haberes laborales o previsionales, cuando era manifiesto que la naturaleza de su prestación era voluntaria y gratuita.

Para conseguir estas cosas no es necesario que las organizaciones sin fines de lucro que canalizan el voluntariado deban registrarse obligatoriamente ante el Ministerio de Trabajo. Quien quiera hacerlo, que lo haga libremente. Y fomento real sería que la presunción corra en el sentido de la ausencia de vínculo laboral salvo prueba en contrario y que se consiguieran seguros de accidentes en condiciones favorables. Y si hay casos donde se genera competencia desleal o donde hay trabajo remunerado encubierto, lo que se debe hacer es combatir esos casos, que son la excepción.

Lo mejor sería que el proyecto de ley tuviera en cuenta el art. 10 de la Constitución que establece que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”. El voluntariado no solo no ataca el orden público ni perjudica un tercero sino que favorece al orden público y ayuda a los terceros. Razón de más para no regularlo y dejarlo exento de la autoridad de los magistrados.