‪Una historia de naufragios, tesoros perdidos y presiones en las costas de Colonia

Esta historia tiene todos los ingredientes que un novelista escogería a la hora de comenzar a escribir. La primera escena transcurre al amanecer en algún puerto europeo. Lentamente, el barco se aleja de la ciudad y comienza su aventura hacia América.

Pero al escritor aún le quedan algunas decisiones por tomar. Aún no definió si la historia transcurre en el siglo XVII, XVIII o XIX, ni tampoco si el puerto es inglés, español, holandés o francés. Lo que sí tiene claro es que habrá un naufragio en las tramposas aguas del Río de la Plata, y que esa embarcación construida en alguno de los grandes imperios de aquellos tiempos terminará sus días en el fondo de ese ancho río de vientos impredecibles.

El escenario de la novela será Colonia del Sacramento, una ciudad que a lo largo de su historia fue fiel testigo de las disputas entre las naciones europeas en su afán por dominar el mundo.

También habrá, como es esperable en este tipo de historias, millonarios tesoros y cazafortunas que van tras ellos.

Lejos de la ficción, estos naufragios ocurridos hace siglos ocupan por estos días un importante lugar en la agenda de los más altos funcionarios del gobierno uruguayo.

A la mística de los naufragios ahora hay que sumarle presiones diplomáticas e internacionales de todo tipo, así como también intereses contrapuestos entre los países que protagonizaron las historias.

La importancia cultural e histórica de estos barcos que llevan siglos en el fondo del Plata es innegable, pero más allá de eso hay en juego tesoros que despiertan el interés de los Estados y de los privados.

La riqueza comercial que esconden esas embarcaciones puede llegar a ser verdaderamente millonaria, debido a que muchas de ellas transportaban monedas y lingotes de oro que mantienen absoluta vigencia en el comercio actual.

Además del MEC, estos asuntos también están en la esfera del Ministerio de Defensa y de la Cancillería. Ruben López, asesor del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, fue muy gráfico a la hora de explicar lo que puede haber debajo del agua.

"Si un pecio tiene 200.000 monedas de oro, su valor deja de ser patrimonial y pasa a ser económico, porque nadie va a exponer esa cantidad de monedas en un museo. Se podrán exponer diez, pero no 200.000", aseguró a El Observador. Pecio es como se le llama en la jerga a esas naves que han naufragado.

Ante casos así, como hay en las costas uruguayas, surge la pregunta clave: ¿De quién son esos tesoros? ¿De los países de los que provenían esos barcos o de las naciones donde se hundieron? López no tiene dudas al respecto. "Esa riqueza es del Estado uruguayo, por más que esté debajo del agua", sostuvo.

Este escribano, que ingresó al Ministerio de Defensa en tiempos en que la gestión estaba en manos de Eleuterio Fernández Huidobro, contó que el jerarca fallecido en agosto de 2016 tenía un especial interés en defender ese patrimonio que creía del Estado.

"Fernández Huidobro puso mucha cabeza en esto, pero el actual ministro apoyó aquellas gestiones", narró.

Este año, el gobierno creó por decreto el llamado Grupo coordinador para hallazgos, pecios y materiales arqueológicos, en la órbita del Ministerio de Defensa. "Ese grupo busca realizar un equilibrio entre la defensa del patrimonio cultural y el patrimonio del Estado", dijo López.

Huidobro le encargó a sus colaboradres estudiar al detalle la convención que la UNESCO propone firmar a los países que cuentan con la llamada riqueza subacuática.

Ese acuerdo establece que, en caso de hallar una embarcación hundida, debe haber una participación conjunta del país del que proviene, de la última nación donde tocó puerto y del sitio donde está hundido. Por el momento, Uruguay no ha firmado esa convención.

López dijo que, a su juicio, es violatoria de la soberanía del Estado uruguayo. Como ejemplo, dijo que

si Uruguay hallaba petróleo cerca de un barco hundido, no hubiese podido extraerlo.

Este asunto viene siendo analizado por Uruguay desde hace muchos años. Durante el gobierno de Jorge Batlle (2000 – 2005), algunos integrantes del Poder Ejecutivo querían firmar el acuerdo y otros no. "La UNESCO juega su rol", sostuvo López.

Ya en los tiempos de las administraciones frenteamplistas, en dos oportunidades, en 2011 y en 2013, el país estuvo a punto de suscribir el acuerdo, pero luego hubo una marcha atrás, según contaron a

El Observador fuentes al tanto de las negociaciones.

Si Uruguay firma la convención, el país del que proviene el barco hundido pasa a tener derechos sobre el mismo, derechos con los que hoy no cuentan porque la normativa está regida por la ley uruguaya.

Naturalmente, para tener validez local, ese protocolo de la UNESCO debe ser aprobado por el Parlamento. Aunque cuando se encienden los grabadores los jerarcas que participan en esas negociaciones niegan que haya presiones de la UNESCO, varias fuentes al tanto de las negociaciones dijeron a El Observador que hay insistentes solicitudes para que Uruguay se una al acuerdo internacional. Actualmente hay un caso que deja en evidencia la complejidad de estas búsquedas. En 2015, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el hallazgo del galeón San José, en las costas de Cartagena.

El mandatario dijo que puede ser uno de los tesoros más grandes de la historia de la humanidad. Al galeón San José lo hundió un cañonazo inglés en 1708.

España ha realizado reclamos sobre la icónica embarcación, pero una de las dificultades que asoman para sus intereses es que Colombia jamás firmó el tratado de la UNESCO.

Mientras estas negociaciones internacionales siguen su curso, la Comisión del Patrimonio logró un principio de acuerdo con la Universidad de Lisboa y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Portugal para realizar un minucioso estudio en la bahía de Colonia. Inda, el titular de ese organismo, dijo que se trata de una investigación de base arqueológica que buscará descubrir qué tipo de barcos eran y rehacer la controvertida historia de Colonia del Sacramento.

"Esa bahía fue el escenario de las luchas entre dos imperios tan importantes como el de Portugal y España", sostuvo. Pero aún no ha sido firmado. El titular de la Comisión de Patrimonio dijo que debe ser aceptado por la Cancillería y por el Ministerio de Defensa.

Al respecto, López, funcionario de esa cartera, sostuvo que el asunto será estudiado y luego habrá un pronunciamiento porque efectivamente la ley le otorga a la Prefectura Nacional la obligación de revisar minuciosamente este tipo de expediciones.

Además de secretos, los hundimientos de los barcos en los siglos pasados esconden una riqueza histórica pero también monetaria. El desafío está en conjugar esos aspectos de la manera más equilibrada posible y administrar los intereses en juego. El novelista que aspire a narrar nuevas historias deberá ser muy creativo si aspira a superar una realidad repleta de monedas de oro, piratas, sueños de grandeza imperial y barcos de los por entonces dueños del mundo.

Históricamente, hubo una costumbre de que las búsquedas de estos barcos hundidos corrieran por cuenta de los privados. Una vez que lograban resultados, lo usual era que la mitad de lo rescatado fuera para quien lo encontró y la otra mitad para el Estado. Sin embargo, en 2006, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que suspendía la concesión de nuevos permisos de búsqueda. Los que estaban vigentes seguían, al punto que en la actualidad hay una única búsqueda en marcha con aquellas reglas. Se trata del rescate del Lord Clive, una embarcación británica que está en las aguas frente a Colonia del Sacramento. El rescatista a cargo es el argentino Ruben Collado.

El objetivo de la nueva reglamentación que puso en marcha la administración de Vázquez fue evitar la depredación de esas embarcaciones que estaban en las aguas uruguayas, debido a su importancia patrimonial, cultural e histórica. Ya sin privados de por medio, Ruben López, asesor del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, informó a El Observador que se está analizando qué pasos dar. "El Estado, a través del Ministerio de Defensa, está haciendo un trabajo. Hacemos un estudio sobre todos los pecios que hay. Se van a estudiar caso a caso qué hacer", dijo. "El Estado, directamente, está georeferenciando los casos para luego hacer un análisis y ver qué se hace con ellos. Lo importante es que no hay más contratos con privados", sostuvo.

"Una de las tareas de este grupo es culminar la relación con los permisarios privados y liquidar todo tipo de relación con ellos. Se trata de contratos que se firmaron entre 1990 y 2005", agregó el asesor del ministro de Defensa Nacional. En este tipo de asuntos complejos siempre hay batallas legales y el Estado busca evitar que haya juicios que puedan llevar a afectar las arcas públicas. El asesor del ministro comentó que hay un equipo trabajando al respecto para cerrar los temas.