Ciudad Vieja: a la Corte Electoral le corren aguas servidas por las paredes; se filtran de un edificio ocupado
La filtración ocurre desde el sótano de un predio lindero, lo que ocasiona que el agua corra por la pared de la oficina de la Corte Electoral dedicada a expedientes
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12 de enero de 2022 a las 05:01
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El agua "corre por la pared" en la oficina de la sección de expedientes de la Corte Electoral, donde se apilan en estanterías cientos de archivos. La sala queda por debajo del nivel de la vereda de la calle Ituzaingó, donde el organismo tiene su sede en la Ciudad Vieja. Del otro lado del muro hay una suerte de "piscina" de aguas servidas, asentada en el sótano de un edificio ocupado.
La situación ocasiona dolores de cabeza a funcionarios y jerarquías desde hace años, relataron desde la institución a El Observador. El caso está entre ceja y ceja de la Comisión de Obras de la Corte Electoral, que consulta desde principios del último período a la Intendencia de Montevideo (IM) y al Municipio B. El organismo también convocó a los bomberos ante el estado de la estructura contigua, pero el problema sigue sin resolverse.
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La semana pasada la comuna pidió que se lograra una orden de allanamiento que le permita entrar al edificio, según consta en la resolución firmada por el director de la Asesoría Jurídica, Álvaro Richino. Según supo El Observador, el servicio de Saneamiento de la IM acudió de oficio al lugar en varias ocasiones, aunque no obtiene respuesta al golpear la puerta.
El edificio en cuestión da hacia la calle 25 de Mayo, perpendicular a Ituzaingó. Se trata de una estructura de principios del siglo pasado, construida originalmente para albergar apartamentos y una planta baja comercial. La propiedad de 217 metros cuadrados tiene cinco niveles y elementos decorativos –hoy deteriorados– que por su estilo y ubicación le conceden un grado de protección patrimonial que llaman –sin éxito– a mejorar su conservación.
La puerta sobre 25 de Mayo está abierta, y desde afuera puede verse la escalera que lleva a los pisos superiores. Desde la Corte Electoral dan por hecho que está ocupado, y desde la IM entienden que no tienen "mecanismos operativos con sustento jurídico" para entrar al sótano de esa estructura. Por eso la comuna intenta conseguir una orden de allanamiento.
Hasta ahora la IM no ha tenido éxito en dar con un propietario, que es el único que puede habilitar el ingreso sin tener que tramitar otra vía. La resolución describió "serias filtraciones de aguas servidas provenientes del sótano", un diagnóstico que al fin y al cabo consiste en una inferencia: están haciendo una lectura sobre un entorno al que nunca tuvieron acceso.
La interpretación se apoya en que las instalaciones sanitarias del edificio están dañadas, por lo que el agua termina asentándose –por efecto de la gravedad– donde puede.
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Fuentes de la Corte Electoral indicaron que se estaba llevando a cabo un cerramiento provisorio de la oficina, a la espera de que la IM encuentre una solución de fondo. En esa sala quedan recopilados varios expedientes, en su mayoría anteriores a 2002, dado que desde entonces se ha llevado a cabo un creciente proceso de digitalización.
Si bien no reconocen un perjuicio directo hacia los archivos –salvo que la humedad pueda deteriorar la calidad del papel almacenado– las acciones apuntan a revertir las condiciones laborales de quienes allí se desempeñan, y tienen aguas residuales corriendo por un costado.
Casas abandonadas
La realidad de casas y edificios abandonados o librados a ocupaciones están en la agenda de la IM desde hace varios períodos, al tratarse de un fenómeno que crece en especial en las zonas céntricas en función de un corrimiento hacia las zonas costeras de la ciudad.
La administración de Daniel Martínez puso en marcha el programa Fincas Abandonadas, que consiste en recuperar inmuebles deteriorados o con deudas a través de expropiaciones. El proceso implica que el gobierno departamental compense las deudas, aunque eso puede tomar un largo tiempo en concretarse.
Tanto el Ministerio del Interior –a través de los bomberos– como la IM están cometidos a tapiar las estructuras para impedir ocupaciones, aunque requieren para ello del permiso de un propietario –que en general es complicado de localizar– o declarar condiciones de riesgo de derrumbe o peligro de siniestro.
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