La publicación de las cifras de criminalidad de 2018 -que marcan aumentos de 53,8% de las denuncias de rapiña, 25,6% de los hurtos y 45,8% de los homicidios respecto a 2017-, reeditó el debate entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación sobre el papel que tuvo el nuevo Código del Proceso Penal en el aparente agravamiento de la situación de inseguridad y sembró preguntas en el sistema político y judicial sobre la realidad de las cifras que la cartera presentaba hasta la entrada en vigencia del nuevo código.
Mientras la cartera culpa al “efecto noviembre” del aumento de la criminalidad (en referencia al 1° de noviembre de 2017 cuando entró en vigencia el nuevo sistema), el fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostuvo en una entrevista con El Observador que “al sistema procesal no se le puede exigir que evite que se cometan delitos”.
Estas posiciones antagónicas volvieron a quedar de manifiesto este miércoles cuando el director Nacional de Policía, Mario Layera, dijo Informativo Sarandí que el nuevo sistema le da “facilidad” a los delincuentes para delinquir, al tiempo que la fiscal de homicidios y presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirta Morales, dijo que culpar al nuevo CPP es un "un desprecio a la inteligencia popular muy grande".
Del lado del Ministerio del Interior y del presidente Tabaré Vázquez, por otra parte, insisten en llamar “efecto noviembre” al cambio que se registró en noviembre de 2017 y que revirtió la tendencia a la baja que se registró durante 2016 (de -9,6% en homicidios y -3,7% en rapiñas), al tiempo que llevó a que las cifras de aquel año mostraran una caída de los delitos de rapiñas por debajo de las previsiones (-4,7%), al tiempo que crecieron los homicidios un 5,6%.
Carlos Pazos
Por otra parte, quienes niegan que el nuevo CPP pueda ser la causa de un aumento de los crímenes, consideran que es imposible que –como lo muestran las estadísticas- el nuevo sistema haya tenido un impacto en la suba de los delitos el mismo mes de su puesta en marcha. "Me hago cargo de mis palabras: no logro comprender cómo se piensa que los delincuentes estuvieron leyendo el código en octubre (de 2017) para después salir en noviembre a delinquir. No lo logro comprender", dijo la fiscal de Homicidios a El Observador.
Para el senador suplente del Frente Amplio y ex director del Observatorio que elabora las cifras del Ministerio del Interior, Rafael Paternain, no es posible decir que el nuevo Código haya provocado un efecto inmediato en el aumento de los delitos sino que la suba de los crímenes se debe a que “cambió la forma del registro” de las denuncias.
Para sus informes estadísticos, el Ministerio del Interior se basa en las denuncias que tiene registradas en su sistema. Por lo que las 29.904 rapiñas que la cartera dijo que se cometieron el pasado año son en realidad solo aquellas que fueron denunciadas.
Hasta noviembre de 2017 el dato de las denuncias solo los tenía el Ministerio del Interior. Sin embargo, a partir de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, cada vez que una persona hace una denuncia de cualquier delito, ésta impacta tanto en la base de datos de la cartera de seguridad como en la de la Fiscalía.
Esto llevó a un cambio en la forma en la que se registran las denuncias que pudo haber reducido el subregistro que tenía el sistema anterior, explicó Paternan. “Los sistemas de denuncias son complejos y tienen dos problemas: uno es el de la persona que sufre un delito y no lo denuncia, otro es del subregistro, es decir, que al sistema de información se le carga un porcentaje mayoritario de los hechos, generalmente los más relevantes, y otros menos importantes no quedan registrados”, explicó.
El ex director del Observatorio del Ministerio del Interior, explicó que había rapiñas simples, por ejemplo, que podían no quedar contenidas en el sistema y que ahora, al tener que registrarse tanto en la Fiscalía como en el Ministerio del Interior sí pasan a ser contabilizadas.
Leonardo Carreño
En el mismo sentido, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo que el nuevo código sinceró las cifras de seguridad y acusó al Ministerio del Interior de haber mentido en el pasado cuando en 2016 y 2017 mostró una baja en el número de delitos. “Al compartirse los datos de denuncias con la Fiscalía el ministerio tuvo que sincerar sus cifras”, señaló.
La contradicción entre las cifras del Ministerio del Interior y la Fiscalía se dio de forma inmediata. De hecho, la cartera había planificando la puesta en marcha del nuevo código en base a datos aportados por la cartera de seguridad que estimaban en algo más de 18 mil las noticias criminales (denuncias de todo tipo de delitos) que se presentaban al mes. Sin embargo ya en noviembre la Fiscalía había recibo casi 30 mil.
Desde la cartera nunca se dio mayor explicación de cómo se había dado esta diferencia, pero para Bordaberry esto es una prueba de que la cartera mentía con su información. Al respecto, el fiscal de Corte dijo a El Observador: “nosotros planificamos el funcionamiento de la Fiscalía para una determinada realidad y volumen de denuncias. Pero en noviembre de 2017 nos enfrentamos a una realidad que no era lo que habíamos previsto”.
Diego Battiste
Las dos cifras de homicidios
El aumento de los homicidios que elevó la tasa de asesinatos cada 100 mil habitante a 11,8 (la más alta de la historia), fue explicado por el Ministerio del Interior como consecuencia del conflicto entre criminales. De esta forma, en conferencia de prensa resaltó que el 60% de los 414 homicidios perpetrados en 2018 responden al conflicto criminal, 14% a la violencia intrafamiliar, 11% a rapiñas, 11% a altercados espontáneos y problemas de convivencia, 1% a otros y 3% sin determinar.
Sin embargo, el informe que elaboró el Observatorio de Criminalidad en base a las denuncias y al intercambio de información con la Fiscalía y el Poder Judicial, ubicó el conflicto criminal en el 47% de los homicidios, la rapiña en el 11%, la violencia intrafamiliar el 12%, los altercados espontáneos 12% y el motivo desconocido 15%.
Que la cartera haya presentado dos datos sobre el porcentaje de homicidios vinculados al conflicto criminal es “muy grave”, según Parternain. “En una misma presentación no puede haber dos datos sobre lo mismo, eso es una barbaridad. O hay certeza de que esos homicidios son ajustes de cuentas o no las hay”.
La explicación de la cartera es que la policía sabe cosas que el Observatorio no, y que tampoco puede compartir porque se encuentran en una etapa reservada de la investigación.
Paternain dijo que mientras él estaba al frente del Observatorio existía una “tensión constante” porque se pretendía imponer una “percepción policial” sobre los datos que tenían los técnicos y que se basaban en fuentes objetivas. Esto, que volvió a ocurrir este lunes cuando se presentó el doble dato sobre los homicidios motivados por el conflcito criminal, fue lo que precipitó su salida del organismo en 2010.
“Este es un problema serio porque cambia las coordenadas del análisis y da una sensación de desprolijidad importante” concluyó Paternain.
