Expertos en Derecho como el ministro de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, el catedrático Gonzálo Fernández y la socióloga Nilia Viscardi, explicaron por qué bajar la edad de imputabilidad a los 16 años no mejorará la seguridad en la población, como entienden los sectores políticos que impulsan la reforma constitucional.
Sus opiniones fueron expuestas ayer en el marco del “Primer Encuentro Criminológico Internacional: Nuevos paradigmas para viejas interrogantes sobre política criminal”, realizado en el Paraninfo de la Universidad de la República.
Fernández –excanciller y secretario de la Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez expresó su posición contraria a bajar la edad de imputabilidad. “El tratamiento jurídico penal del menor no puede ser radicalmente distinto del tratamiento jurídico civil del menor”, donde se plantea la imposibilidad de votar hasta los 18 años, o de realizar actos civiles o de comercio, y donde es un agravante para los autores mayores de edad el empleo de los menores en el delito.
Por su parte, la profesora delegada del departamento de Pedagogía Política y Sociedad, Nilia Viscardi, calificó la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad como un “retroceso”, dentro de un discurso social que entiende que “las políticas sociales no bastan y es necesario aumentar el castigo”.
En Uruguay, dijo la socióloga, con una población envejecida demográficamente, “el temor está situado en los adolescentes pobres”, porque se ha hecho visible una parte de la violencia que es la rapiña caracterizada por jóvenes, en un momento histórico en el que se están viendo “los impactos de un modelo que, por los efectos de desregulación, descolectivización y desinversión en la infancia, generó un aumento de la conflictividad social”.
Para la socióloga, bajar la edad de imputabilidad es “un desacierto en cuanto respuesta a la violencia social que vive el Uruguay”, una postura que tiene que ver, dijo, con su adhesión a los fundamentos éticos y filosóficos del Código de la Niñez y la Adolescencia, que propone a niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Pérez Manrique consideró que la sociedad actual “criminaliza todo” y afirmó que la Constitución reconoce que los menores deben tener un régimen penal distinto al de los adultos.
El ministro de la Suprema Corte dijo a El Observador que personalmente no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad y afirmó que ese camino no dio resultado en los países que la aplicaron con la intención de bajar los niveles de delincuencia.
En su disertación, consideró que en Uruguay “los reclamos de mayor seguridad de la ciudadanía son respondidos con un avance del Derecho Penal común sobre el Derecho Penal Adolescente, lo que genera una fuerte tensión”, dijo.
Para Fernández, el debate sobre la baja de la imputabilidad es un tema que “sacude” cada cierto tiempo la discusión pública en el país, y recordó como ejemplo lo ocurrido en los años 60 y el intento –también mencionado por Pérez Manrique– de 1985, cuando la entonces ministra de Educación, Adela Reta, tuvo una fuerte influencia para que el cambio propuesto no se llevara a cabo.
Otro de los temas tratados por los expositores, y que retomó Fernández, es el hecho de que en el Código de la Niñez y la Adolescencia existe un sistema de derecho penal juvenil, que tiene “sanciones gravosas” y llega a incluir una pena de hasta cinco años de privación de libertad, lo que equivale, explicó Fernández, a una pena que debe cumplir cualquier mayor de edad por una rapiña agravada u homicidio.
“No es que un menor que comete un delito entre por una puerta del juzgado y salga por la otra”, aseguró.
La alternativa, dijo entonces Fernández, “no es entre rebajar la edad de imputabilidad o nada, sino entre un régimen de Derecho Penal Juvenil correctamente instituido, de larga tradición dogmática, o la rebaja etaria que hace incluir al Derecho Penal común y general dentro de ese ámbito”.
Según Viscardi, disminuir la edad de responsabilidad penal “es disculpar el enorme trabajo que el Código de la Niñez y Adolescencia supone para las instituciones educativas y el sistema de justicia juvenil” porque “educar da mucho más trabajo que castigar”. El problema en Uruguay, dijo, está en hacer realidad las medidas socio educativas.
En tanto, el profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, Federico Lefranc, refirió a que la baja de la imputabilidad se ha concebido como “un fantasma errante”, en un normativismo que separa a los buenos de los malos.
“Considerar a los adolescentes como adultos no es más que querer controlarlos”, dijo Lefranc.
