En estos días se ha vuelto a escuchar “lo político por encima de” lo económico (en este caso) para justificar decisiones del gobierno. La frase inicial que en su momento utilizó el expresidente José Mujica para referirse a la salida de Paraguay del Mercosur y entrada por la ventana de Venezuela, en 2012, se usó muchas otras veces para señalar que se le daba la espalda a la legalidad.
Una decisión inesperada y datos preocupantes para el gobierno
Una vez más Lacalle Pou tomó una decisión que desconcertó. Como ocurrió al comienzo de la pandemia cuando el Sindicato Médico del Uruguay quedó muy mal parado al reclamar cuarentena obligatoria y el presidente resistió, ahora tomó una medida que ni economistas ni empresarios esperaban, demostrando pragmatismo y que está dispuesto a salir de su ideología si lo considera necesario.
De hecho, las encuestas que el presidente seguramente tuvo sobre la mesa al tomar la decisión mostraron que su aprobación bajó a niveles similares a mediados de 2021 cuando se decretó un fuerte aumento de combustibles, una de las mediciones más bajas que registró, aunque eso niveles lo posicionan mejor que a otros presidentes a esta altura del mandato.
Según la encuesta de Equipos divulgada en Subrayado el 47% de los uruguayos aprueba la gestión (en la anterior medición había alcanzado 52%) y el 33% la desaprueba. La encuesta a 500 personas fue realizada entre el 2 y el 7 de abril de 2022.
Otra encuesta, realizada también entre el 2 y 7 de abril, demostró que la situación económica pasó a ser el principal problema de preocupación para los uruguayos (40%), seguido por la inseguridad (32%), el desempleo (20%) y la suba de precios e inflación (19%), según el informe de Equipos también difundido por Subrayado.
Esto demuestra que la preocupación por la situación económica, que históricamente era minoritaria –se ubicaba en el entorno del 10% mucho más abajo que la seguridad– creció junto con la llegada de la pandemia y se mantuvo.
A ello se suma otro dato que no es menor: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de marzo mostró un descenso de 5,3 puntos, representando la mayor caída del índice desde marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria. El informe elaborado por la Universidad Católica y Equipos Consultores sostiene que “con un puntaje de 45,8, el índice sale de la zona de moderado optimismo (más de 50 puntos) en la que permaneció por cinco meses y se sitúa en la zona de moderado pesimismo (entre 40 y 50 puntos)”.
Justamente el subíndice situación económica del país fue el que presentó mayor descenso (-6,4 puntos) acumulando tres meses de caída consecutiva, lo que demuestra la preocupación de la población tanto por la economía presente como por la recuperación en el mediano plazo.
Pero también cayeron otros subíndices que le pegan de cerca a los consumidores como su situación económica personal y la predisposición a la compra de bienes durables (electrodomésticos, vehículos e inmuebles). Si el consumidor tiene una mirada más pesimista, es inevitable que ello se traslade sobre el consumo privado, uno de los motores de la economía más golpeado por el shock de la pandemia y que es (muy) intensivo en la generación de empleo.
Con ese contexto social, ¿quién puede rechazar un aumento salarial o en su jubilación por lo magro que sea?
Además de que dejó contento a los socios de la coalición -Guido Manini y Julio Sanguinetti lo expresaron públicamente diciendo que "son buenas medidas (…) que aseguran que no se pierda poder adquisitivo por parte de los trabajadores en este año" y que es una "primera respuesta positiva” respectivamente-, la medida no pudo ser criticada abiertamente por la oposición.
El Frente Amplio y el PIT-CNT no tuvieron otra que reconocer que las medidas “van en sentido correcto” aunque cuestionaron su alcance y señalaron que llegan tarde y son insuficientes.
Daniel Olesker y otros senadores del FA se atribuyeron la autoría al recordar que el aumento de los salarios y las jubilaciones era lo que venían planteando en el Parlamento. Olesker admitió que si bien fue una “buena lectura” la decisión es "tardía e insuficiente".
Leonardo Carreño
Senador Daniel Olesker
Desde el PIT-CNT las calificaron como un "paliativo" que fue "tardío", porque el salario real perdido en 2020, 2021 y principios de 2022 "no se recupera más", y creen que el gobierno debió convocar a los consejos superiores tripartitos de los públicos y privados antes de tomar estas medidas, declaró Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte de la central sindical.
En lo que respecta a lo económico, el director de la OPP Isaac Alfie explicaba en las notas que dio esta semana que si no se otorgaban esos aumentos, el ajuste para los trabajadores públicos —que debía darse (por ley) en enero del próximo año— podría superar el 10%. Y esgrimió que la situación fiscal “consolidada” daba espalda para tomar esta medida. En definitiva, habrá que esperar para jugar en la A, decía Andrés Oyhenard en Rincón y Misiones.
En lo político, fue una jugada arriesgada la del mandatario, cuyo resultado se verá con el paso del tiempo. Si le sale bien saldrá muy bien parado. Si la situación se complica aún más, podrá ampararse en la volatilidad de la situación, como dijo este jueves. “Está tan difícil la cosa, que no sabemos a cuenta de qué” es el aumento.
