Almacenar pornografía infantil pasará a ser un delito aunque no haya distribución

La nueva ley de trata de personas que fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados introdujo una serie de modificaciones al código penal que incrementó las penas para personas que cometan delitos vinculados a esta práctica. Uno de estos cambios afecta a la ley 17.815, que refiere a Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida Contra Niños, Adolescentes o Incapaces, al introducir como delito el almacenamiento de pornografía infantil, haya o no un fin de distribución.

Hasta ahora, la normativa establecía una pena de entre doce meses de prisión y cuatro años de penitenciaría para quien "difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución, importare, exportare, distribuyere u ofertare material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o persona incapaz".

De esta forma, cuando la Policía del Crimen Organizado –que es la que tiene competencia en este tipo de casos- detenía a una persona con contenido pornográfico infantil, debía probar alguno de estos supuestos, ya que si solo lo tenía para consumo propio, y no lo había importado ni compartido, entonces no estaba cometiendo un delito.

Con la nueva norma se agrega entre los argumentos para imputar un delito de pornografía infantil el "almacenamiento" con fines de "consumo habitual".

Asimismo, se amplió la sanción del delito de "adquisición, transferencia y comercio de esclavos", que actualmente es castigado con dos a seis años de penitenciaría, y que de aprobarse el proyecto pasaría sancionar a partir de un mínimo de cuatro y un máximo de 16 años de penitenciaría. La nueva norma creó el agravante de la esclavitud de naturaleza sexual, la cual se sancionará con un aumento de pena de un tercio a la mitad de la prevista por el delito anterior.

También se creó el delito de "Unión matrimonial o concubinaria forzada o servil", por el cual una persona que obligue mediante violencia, amenaza o con abuso de una situación de vulnerabilidad a contraer matrimonio o mantener concubinato a cambio de un beneficio económico o de otro tipo, para sí o para un tercero, será castigada con dos a quince años de penitenciaría. Asimismo se crea el delito de prostitución forzada, que se castiga con dos a diez años de penitenciaría.

En tanto, la norma agrega el delito de "apropiación de niños/as o adolescentes para la adopción", que sanciona con dos años a seis de penitenciaría a quien "para adoptar un niño, niña o adolescente, para sí o para un tercero, ofrezca a quien lo hubiere o a quien pudiera obtenerlo, un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza".

Por su parte "quien utilizara estratagemas y engaños para separar a un niño de las personas a su cargo o para violar el debido proceso legal para la adopción será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría", agrega el texto. La pena aumenta de un tercio a la mitad cuando la finalidad de la adopción es someter al adoptado a una forma de explotación.

La norma crea un ente rector que tiene como objetivo diseñar las políticas públicas para combatir y prevenir la trata de personas y coordinar las acciones con otros organismos de la sociedad civil, realizar recomendaciones y emitir opiniones.

El ente estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social (a través del Instituto Nacional de las Mujeres), un representante del Ministerio del Interior, otro del de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Trabajo y Seguridad Social, Salud Publica, el Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. Asimismo, habrá tres representantes de organizaciones civiles.

Se crea el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas. Asimismo se establecen las prestaciones mínimas a las que tienen derecho las victimas de trata, como un servicio de traducción e interpretación, seguridad y asistencia material básica, alojamiento seguro, cuidados de salud, respuesta psicológica, patrocinio jurídico, información y apoyo al retorno voluntario, la reunificación familiar, así como programas de capacitación y oportunidades de empleo.

En caso de trata internacional, las victimas tendrán 180 días para definir si desean volver al país de origen, quedarse al lugar a donde fueron trasladados o migrar a un tercer país.

La Justicia puede disponer que las personas que ejercieron trata tengan que pagar una reparación patrimonial para la o las víctimas identificadas, por un monto equivalente a veinticuatro ingresos mensuales del condenado para cada una de ellas, o en su defecto veinticuatro salarios mínimos nacionales.