América Latina incendiada y en Uruguay, la máquina de obstruir

Brasil, por su tamaño e influencia global, es quien genera más titulares y la asonada bolsonarista del 8 de enero hizo sonar todas las alarmas. Va a ser un arduo camino para Lula el que le toca recorrer con un Congreso en contra.

Pero en Perú ya hay 50 muertos desde que Dina Boularte sucedió, dentro del marco de la Constitución, a Pedro Castillo, que había intentado cerrar el Congreso y gobernó por decreto. Boularte pensaba terminar el período de Castillo pero ya adelantó las elecciones para abril de 2024, dos años antes de lo establecido. Los manifestantes, mayoritariamente de áreas rurales que apoyaban a Castillo exigen su renuncia inmediata, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. Algo que Castillo había prometido y que se ha convertido en una especie de virus en América Latina, donde la gente cree, como en Chile, que es la solución mágica de todos los problemas. No en vano el que empezó con la idea de nueva Constitución desde cero fue Hugo Chávez, y luego la idea se propagó a Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Chile. Ahora Perú se quiere sumar al afán refundacional que luego nadie sabe cómo concretar o que se concreta pésimamente como ocurrió en Chile.

Lo de Perú es una tragedia sin fin, con seis presidentes en cinco años. Un mecanismo disfuncional -la censura parlamentaria realizada con facilidad- atiza la inestabilidad. Todo apuesta a seguir a un presidente por año. Perú se está pareciendo a la Italia de fines del siglo pasado cuando los primeros ministros apenas duraban un año en sus cargos.

Hacia el sur, Chile sigue con enormes problemas para encauzar su proceso constituyente aunque ahora con la experiencia adquirida luego del monumental rechazo del 4 de setiembre. Esta vez la redacción de la constitución no quedará en manos inexpertas e ideologizadas. Pero el gobierno del presidente Boric atraviesa una crisis de popularidad y legitimidad abrumadora y apenas ha recorrido uno de los cuatro años de mandato.

Hacia el norte de Perú, el presidente colombiano Gustavo Petro está haciendo muy buenas migas con su vecino Nicolás Maduro y lo está ayudando a reincorporarse a la vida internacional. Esta semana Maduro visita Buenos Aires para la reunión de la CELAC. Y además la guerra de Ucrania ha jugado a favor del dictador venezolano: el petróleo se ha vuelto más importante y Estados Unidos lo  mira con ojos menos severos y hasta le ha levantado alguna sanción.

Lo que Estados Unidos y la comunidad internacional no ven con buenos ojos es el drama que se desarrolla en la República Argentina. Sin muertos y sin asonadas, el gobierno está llevando a cabo un embate sin parangón contra la Suprema Corte de Justicia. Luego de que la Corte revocara por inconstitucional una decisión del gobierno de Alberto Fernández respecto a la copartipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le obligara a restituir los fondos que a esta le correspondían, el presidente argentino montó en cólera y pasó desde la negativa a aceptar la sentencia del máximo tribunal a intentar recusar a sus jueces para culminar en la realización de un penoso juicio, donde se violarán todas las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia con el finde ejercer presión sobre los jueces y someterlos a escarnio público.

La comisión encargada de analizar si corresponde el juicio político se propone pedir cosas como el entrecruzamiento de llamadas de celulares y de reuniones de los miembros del máximo tribunal. Algo que no viene a cuento del motivo del juicio político -la sentencia de la Corte- y que solo servirá para armar un escándalo mediático, sembrando dudas y sospechas sobre el accionar de la justicia. Dudas y sospechas que la vicepresidenta Cristina Kirchner necesita tener instaladas en la sociedad o en el electorado que aún le es fiel para cuando dentro de 2 años la Corte se pronuncie sobre las causas que la afectan. 

Es sumamente grave que un gobierno destruya la separación de poderes y la independencia de la justicia solamente porque un fallo le es adverso. Si no se acepta la independencia judicial, ya no existe la república.

De modo que, mirando el vecindario, no estamos tan mal como sugiere el Frente Amplio y Carlos Mastalón. Eso sí, podríamos hacer más si no tuviéramos delante una máquina de obstruir.