15 de diciembre de 2013 21:37 hs

Cuando una persona con inmuebles a su nombre muere y no tiene herederos, el bien pasa a formar parte del patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) luego de un proceso judicial. Eso viene siendo así desde comienzos del siglo XX.

Pero en el último tiempo, las autoridades de la educación empezaron a desconfiar de qué es lo que pasa con esos bienes. Desde hace muchas décadas se aplica un mecanismo de préstamo de las viviendas. Las casas o apartamentos son otorgados a funcionarios por un tiempo a cambio de que los ocupantes se hagan cargo del mantenimiento y de pagar los gastos comunes.

El objetivo es evitar que esos bienes se deterioren o que sean ocupados por extraños.

Más noticias
Pero ahora la ANEP investigará en qué está cada una de esas viviendas. Para eso contrató un equipo de escribanos y tasadores que saldrá a golpear la puerta de todos los inmuebles que ese organismo tiene otorgados en comodato debido a que hay sospechas de abusos y situaciones que “no están claras”, según anunció a El Observador el integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Daniel Corbo.

Las normas
La reglamentación que permite a la ANEP recibir los bienes de herencia yacente, data del 1900. Primero en la figura de Primaria y luego a la ANEP, reglamentado a través de diferentes leyes. La última que lo actualizó fue hace 20 años.

El objetivo de esta norma es reforzar el patrimonio del órgano conductor de la enseñanza y aumentar su stock edilicio. En este sentido, todos aquellos inmuebles que pueden ser adaptados a un lugar de estudio tienen ese destino.

Sin embargo, cuando se trata de un apartamento o una casa difícil de utilizar como centros para la pedagogía, lo usual es que se venda para hacerse de fondos para arreglar escuelas y liceos. Pero también existe una situación intermedia. Generalmente, estos inmuebles no son fáciles de vender porque hay trámites judiciales para hacer y es por eso que la ANEP los presta a sus funcionarios.

La ANEP cuenta con una oficina específica para administrar esos temas (la División de Gestión e Información Patrimonial). Pero para salir a constatar si los comodatos fueron otorgados correctamente y qué pasa en los casos en que se han extendido más de lo normal, las autoridades decidieron contratar mediante un llamado público a profesionales externos.

“Tratamos de que fuera gente externa para que no hubiera ninguna implicancia posible de funcionarios que han manejado eso durante tiempo”, informó Corbo y adelantó que los expertos comenzarán la recorrida en estos días y la culminarán en marzo.

El tasador deberá opinar sobre el precio en que ese inmueble puede ser vendido o rematado, mientras que el escribano podrá constatar la situación in situ y labrar un acta.

La ANEP quiere saber si en el lugar viven las personas a las que originalmente se les hizo el préstamo (no pagan alquiler) y en qué condiciones está el lugar.

“Hay situaciones que queremos aclarar y no están claras. Queremos verificar qué es lo que ocurre con eso y tratar de agilitar todos los procesos que pueden derivar en la venta cuanto antes o el remate público de bienes que no tienen destino educativo”, sostuvo Corbo.

El espíritu de este plan es otorgar viviendas a funcionarios que perdieron su casa por alguna razón o a mujeres que deben abandonar su hogar afectadas por la violencia doméstica.

El Codicen firmó un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), pues se entiende que esa oficina oficial cuenta con formatos de venta más amplios. Corbo, director del Codicen por la oposición, dijo que prefieren la venta antes que el remate.

La lista
El Observador consultó a la División de Gestión e Información Patrimonial en busca de acceder a un listado detallado con todas las viviendas que la ANEP administra por concepto de herencias.

Los encargados de esa repartición dijeron que para acceder a esa información es necesario realizar un pedido por escrito.

Los datos ya fueron solicitados por el diario bajo el amparo de la ley de acceso a la información pública.

Horacio Varoli, director de esa división de la ANEP, dijo a El Observador que originalmente el Código Civil señala al Estado como último heredero, pero explicó que antes de hacerse con la titularidad del inmueble hay todo un proceso como realizar publicaciones y esperar que pasen los plazos legales para saber si alguien reclama ser el dueño.

Para que todo el proceso se inicie, alguien debe hacer una denuncia ante la Justicia y allí comienza el largo camino que puede demorar hasta cuatro años para que el inmueble pase a ser de la ANEP. Varoli informó que el denunciante se lleva un tercio de la futura venta.

Al igual que Corbo, Varoli dijo que los gastos y el mantenimiento de las viviendas corre por cuenta de quienes las estén ocupando. De todos modos, admitió que a veces la ANEP debe hacer frente a las deudas. “Los gastos comunes los paga el que vive ahí. Lo mismo que los consumos (de servicios públicos), sin perjuicio de que muchas veces pasa que se atrasan y es ANEP en última instancia quien tiene que responder, pero lo normal es que no sea así”, sostuvo el funcionario. El dato de cuánto ha gastado la ANEP por ese concepto también fue solicitado.



33%
Es lo que se lleva de la venta del inmueble la persona que realiza la denuncia, en la que pone en conocimiento de las partes que una persona falleció y que no tiene herederos. Así lo explicó el director de la División de Gestión e Información Patrimonial de la ANEP, Horacio Varoli.

EO Clips

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos