Arévalo logró ganar la pulseada judicial y va al balotaje contra Sandra Torres

"Van a ser días difíciles de aquí hasta el 20 de agosto, vamos a tener que combatir la mentira y la desinformación", dijo el candidato socialdemócrata Arévalo ante simpatizantes indígenas mayas en la plaza del poblado de Sololá, unos 200 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Con sombrero y un abrigo con bordados típicos indígenas, el candidato aseguró que ya "comenzó a desmoronarse el castillo de la corrupción, donde tenían encerrado a nuestro país". Arévalo inició la campaña 19 días después de dar la sorpresa en la primera vuelta de las presidenciales y tras superar varios obstáculos legales, como una revisión de los escrutinios de los comicios del 25 de junio y una resolución de un juez que inhabilitó su partido Semilla.

El candidato aseguró que trabajará con los cuatro pueblos indígenas que integran este país: mayas, xincas, garífunas (afrodescendientes del Caribe) y ladinos. "Vamos a construir una verdadera unidad para caminar todos juntos, que nadie se quede atrás y avanzar hacia el desarrollo y esperanza" del país, agregó ante gritos de "Viva Arévalo".

"Van a seguir intentando hacer juego sucio, judicializando la pelea, tratando de distraernos, pero nosotros vamos a seguir avanzando", aseveró en medio de aplausos. Asimismo, dijo que decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) condujeron a "abrir la luz y permitirnos seguir adelante con la campaña, y han abierto la puerta para que los corruptos entiendan que este es el fin de sus tiempos".

"En 75 años nos han alejado de la democracia, nos han robado la dignidad", comentó a la AFP la activista indígena Silvia Menchú, en alusión a la revolución de 1944, cuando se derrocó al dictador Jorge Ubico (1931-1944) y ganó las elecciones Juan José Arévalo (1945-1951), padre del candidato presidencial.

La Fiscalía General anunció este viernes que continuará la investigación penal contra el partido Semilla, aunque sin afectar el balotaje. "Las actuaciones del Ministerio Público no tienen como finalidad interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta electoral, ni inhabilitar la participación de ningún candidato al balotaje programado para el 20 de agosto", afirmó la entidad en un comunicado.

El miércoles, un juez inhabilitó al partido Semilla a solicitud del fiscal Rafael Curruchiche. La medida fue interpretada en Guatemala y en el exterior como un intento de sacar de la carrera presidencial a Arévalo, quien dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, el 25 de junio.

El fallo del juez Fredy Orellana desató protestas en Guatemala y críticas de la Iglesia católica, de la cúpula empresarial, de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Sin embargo, la CC otorgó el jueves un amparo provisional a Arévalo, el cual revirtió la decisión del juez que ponía en jaque la participación del candidato de Semilla en el balotaje ante Torres, también socialdemócrata.

La decisión del juez fue muy controvertida pues la propia ley guatemalteca establece que "no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado".

La fiscalía afirmó que las "investigaciones se circunscriben en este momento a los hechos ocurridos durante la conformación del partido político". Semilla fue inscripta como organización política en julio de 2017 y como partido en noviembre de 2018.

Según el documento, las investigaciones se iniciaron en mayo de 2022 y "se han recabado pruebas científicas, documentales, testimoniales y de campo, con lo cual se arribó a la decisión fiscal de solicitar el control jurisdiccional por la posible comisión de delitos".

El miércoles, poco después de la orden del juez Orellana, ambos candidatos fueron oficializados para la segunda vuelta por el TSE.

Arévalo presentó el jueves una denuncia penal contra Curruchiche en la que lo acusa de incumplimiento de sus deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y de resoluciones que violan la Constitución.

Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, fue sancionado en julio de 2022 por Estados Unidos por "obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción" y por "presentar denuncias aparentemente espurias" contra ex fiscales anticorrupción.

El cuestionado fiscal en rueda de prensa ratificó la persecución penal en contra del partido y entre las irregularidades mencionó que existen más de 5.000 firmas falsas y los nombres de doce muertos.

"Jamás hubiéramos presentado un caso sin tener el sustento y soporte probatorio para poder nosotros ante un juez darle nuestra tesis" de los supuestos delitos cometidos, afirmó.

"La investigación es legítima, es real, entonces tenemos la vía libre para investigar, hacer todas las diligencias y demostrarle a muchas personas que realmente ese concepto que tienen que este caso es por temas políticos es totalmente falso", sentenció.

(Con información de agencias)