El juez Lisandro Fastman declaró inconstitucional la medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que estableció la necesidad de que los mayores de 70 años de edad comunicaran al servicio de atención ciudadana su intención de salir de casa en el marco de las medidas de confinamiento frente a la pandemia de coronavirus.
Al atender una demanda interpuesta por el ciudadano Silvano Lanzieri, Fastman emitió el lunes en la noche un pliego en el que considera que la medida imponía una "exigencia más gravosa" a los adultos mayores en relación al resto de la población.
Fastman, apoyado en legislación nacional e internacional, argumentó que la medida establecía "discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al que se encuentra destinada" y estimó, por tanto, que existiría un nuevo grupo de ciudadanos a los que se imponía mayores restricciones a sus libertades individuales, lo que consideró inconstitucional.
La medida adoptada por el gobierno porteño para "la protección de los mayores de 70" fue de muy corta duración porque su entrada en vigencia comenzó el lunes. Desde su anunció suscitó controversia entre la población adulta mayor.
Infobae, de acuerdo a fuentes oficiales de la capital argentina, consigna que más de 35 mil mayores llamaron durante el lunes al call center de la línea 147 para pedir ayuda y el 40% de ellos desistió de salir a las vías públicas tras aceptar la colaboración del equipo de voluntarios dispuestos por la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde su anuncio, la semana pasada, la medida nació con mal pie. En principio se presentó como un permiso obligatorio cuyo incumplimiento acarrearía sanciones. Ante los cuestionamientos, el gobierno de la ciudad estableció como la necesidad de comunicarse telefónicamente para comprar alimentos o realizar alguna actividad de las exceptuadas dentro de la cuarentena.
El gobierno de Buenos Aires justificó la medida en las estadísticas del impacto del coronavirus en la población adulta mayor: El promedio de edad de los fallecidos en el país, según indicó Rodríguez Larreta, es de 71 años.
Fernán Quirós, ministro de salud de la capital argentina, admitió que "inicialmente no hemos comunicado bien la medida" y reiteró que el objetivo era evitar riesgos y ofrecer ayuda a quien la pidiera y necesitara.
El gobierno de Buenos Aires no apelará la decisión judicial, según confirmó a Infobae, el vicejefe de la dependencia, Diego Santilli, aunque mantendrá la asistencia "porque no es punitoria ni obligatoria".
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