La asociación del Estado con empresas privadas tendrá un límite. El gobierno podrá comprometer en estos proyectos mixtos hasta el 7% del Producto Bruto Interno (PBI) durante un período de gobierno. No más. Así lo acordó el Ministerio de Economía con la bancada del Frente Amplio, confiaron a El Observador legisladores del oficialismo que participan de la negociación con el Ejecutivo, y lo informaron las autoridades del Ministerio de Economía que se reunieron ayer con legisladores del Partido Nacional.
A su vez habrá topes anuales que el gobierno no podrá superar, que resultará de dividir ese 7% de tope global entre los cinco años de gobierno, lo que daría un límite anual cercano a 1,4% del PBI. Esto define la cantidad de recursos que el Estado podrá comprometer a futuro, por año y por quinquenio, para pagarle a las empresas asociadas el costo de la obra que realizaron con capitales privados. El acuerdo entre Economía y la bancada del FA surgió el viernes, en la última reunión mantenida entre las partes para redactar un nuevo proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP).
Este lunes el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se reunió con la bancada de legisladores del Partido Nacional para informar sobre la nueva redacción.
Sobre fines de esta semana o a más tardar a comienzos de la próxima, el oficialismo terminará de acordar y redactar el proyecto definitivo, para luego presentarlo y discutirlo con la oposición en busca de un apoyo mayor a la iniciativa del Ejecutivo.
Tras la reunión con los blancos, Lorenzo habló en conferencia de prensa sobre este punto. “Creo que al país le haría muy bien que una ley de estas características contara con una amplia base de apoyo, porque introduce herramientas que van a ser utilizadas no solo por esta administración, sino que como todas las leyes van a quedar al servicio del interés y el desarrollo nacional”, dijo el ministro.
CAMBIOS
El Frente Amplio y el Ministerio de Economía acordaron también el tipo de obras que se llevará adelante a través de las PPP. Se harán carreteras, puertos y aeropuertos, y se invertirá en infraestructura eléctrica. Pero también se construirán por este sistema mixto escuelas, cárceles, hospitales, viviendas y hasta plazas de deporte.
En este sentido quedará a texto expreso en la ley que el Estado se reservará para sí, de forma exclusiva y sin concesiones a privados, la ejecución de las políticas educativas en los centros de estudio, la de salud en los hospitales y la seguridad en las cárceles. Los privados sí podrán asociarse con el Estado para hacer el mantenimiento edilicio de estas obras y brindar los servicios accesorios, como la alimentación en las cárceles, por ejemplo.
Respecto al proyecto original, el MEF y el FA también acordaron que las obras de mayor costo deberán ser autorizadas por el Parlamento, y que habrá una rendición de cuentas anual de las distintas asociaciones con privados. Además, en los contratos será obligatorio incluir auditorías independientes en las empresas y las sociedades creadas.
Lorenzo dijo ayer en el Parlamento que tras la negociación con la bancada oficialista el proyecto “mejoró mucho”. El FA se propone votar el proyecto en Diputados este mes y en el Senado en junio o julio.
BLANCOS
En la tarde de este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, junto al subsecretario Pedro Buonomo, informó al Partido Nacional de los acuerdos internos en la coalición de izquierda. En el encuentro, que se desarrolló en la sala Juan Andrés Ramírez del Senado, participaron los senadores Jorge Larrañaga, Sergio Abreu, Francisco Gallinal, los diputados Jorge Gandini y José Carlos Cardoso, y el director nacionalista de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Rodrigo Goñi.
Según manifestaron participantes del encuentro a El Observador, Lorenzo ratificó el tope de 7 puntos del PBI para las inversiones de públicos con privados, comentó el acuerdo por el cual se reduce el ámbito de aplicación en cuanto a las áreas y nombró la incorporación al articulado de un capítulo para generar garantías a financiadores de proyectos. El mismo, explicaron las autoridades del MEF, está pensado para atender específicamente las participaciones de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
Los blancos, por parte de Larrañaga, el líder de Alianza Nacional, manifestaron estar de acuerdo “conceptualmente” con el instrumento, pero reclamaron acceder a una versión final del proyecto, para poder estudiarlo y realizar sugerencias de modificaciones.
(Observa)
