El gobierno termina el año 2020, el primero de su mandato, con saldo a favor. En la columna del haber podemos registrar créditos varios. Sintetizando al máximo, puede decirse que, en medio de una pandemia, y gracias a sus aciertos políticos en la emergencia, logró empezar a avanzar en la plataforma electoral que comprometió frente a la ciudadanía en 2019. La coalición tuvo diferencias y no las ocultó. Pero funcionó. Luis Lacalle Pou termina el año habiendo demostrado aptitudes llamativas como jefe de gobierno. El presidente logró sostener altos niveles de aprobación de su gestión durante todo el año y cosechó un importante reconocimiento regional e internacional.
Empecemos, como el gobierno mismo, por la pandemia. En términos comparados, obtuvo excelentes resultados durante ocho meses. Desde mediados de noviembre en adelante, el cambio de tendencia en la curva de contagios generó una alarma justificada. De todos modos, tanto las medidas adoptadas esta semana como el horizonte (cada vez más cercano) de la campaña de vacunación alientan el optimismo. El exitoso manejo de la pandemia se apoyó, en última instancia, en dos aciertos políticos de relieve. El primero remite al plano filosófico: el gobierno optó, como es sabido, por apelar a la “libertad responsable”. El segundo, que hizo posible el anterior, fue la construcción de un puente tan ejemplar como infrecuente en nuestro país entre el gobierno y el mundo de la ciencia.
En cuanto quedó claro que la pandemia estaba relativamente bajo control, el gobierno envió la LUC al Parlamento. Tanto el instrumento empleado (la declaración de “urgente consideración” prevista en el artículo 168 de la Constitución) como los contenidos de la extensísima norma merecieron una intensa polémica. En lo personal, sigo pensando que nuestro sistema político no debería, en el futuro, insistir en la utilización de esta estrategia legislativa. Pero está fuera de discusión que el gobierno no hizo otra cosa que cumplir con la palabra empeñada, tanto en términos instrumentales como sustantivos. En todo caso, a lo largo de 2020 el gobierno logró tener un ojo en la pandemia y el otro en su programa de gobierno. Ya comienzan a ser visibles los cambios en varias políticas públicas. Es notorio, para mencionar solamente dos ejemplos especialmente salientes durante la campaña electoral y muy visibles en la gestión gubernativa, el nuevo énfasis en el control del gasto público en política económica, y el cambio hacia la retórica de la “mano dura” en materia de seguridad.
La coalición funcionó. Los socios lograron acordar la distribución de cargos inherentes a este tipo de acuerdos políticos, sobre la base de respetar grosso modo los apoyos electorales obtenidos. El presidente, tomando nota de la reticencia del Partido Independiente, no insistió en la construcción de un espacio de coordinación entre los partidos que componen la denominada coalición multicolor. Tampoco utilizó el Consejo de Ministros como mecanismo central para la construcción de acuerdos entre los socios. El jefe de gobierno prefirió otros dos procedimientos. Por un lado, apeló al diálogo directo entre la Presidencia y cada actor clave (ministro o líder de fracción). Por el otro, confió en la construcción de mayorías en el ámbito parlamentario. El Poder Ejecutivo ha aceptado con toda naturalidad que el parlamento modifique a su manera los proyectos enviados. La coalición, desde luego, ha tenido diferencias. El polémico proyecto de ley forestal de Cabildo Abierto es muy ilustrativo en este sentido. Pero estas diferencias no han comprometido la estabilidad de la coalición de gobierno.
En la columna del debe corresponde, asimismo, hacer varias anotaciones. En primer lugar, fueron evidentes, durante los primeros meses, los tropiezos a la hora de la designación de cargos. Quedó muy claro que no es fácil reclutar para la función pública personal de competencia comprobada en la actividad privada. También ha quedado otra vez en evidencia la ausencia de “masa crítica” de recursos humanos en algunas áreas de la gestión. En segundo lugar, el gobierno perdió, de golpe, una pieza muy importante. Me refiero a la intempestiva salida de Ernesto Talvi, primero del gabinete ministerial, más tarde de la política activa. Este episodio, especialmente doloroso para su protagonista, generó daños múltiples: afectó el prestigio de la coalición, del Partido Colorado y de Ciudadanos. En tercer lugar, la imagen del gobierno también sufrió (al menos frente al segmento de opinión pública más informado) cuando Guido Manini Ríos, luego de anunciar durante meses lo contrario, terminó optando por ampararse en los fueros parlamentarios.
Por último, y no por ello menos importante, el gobierno dejó un flanco abierto a la crítica al no generar una instancia de diálogo permanente con la oposición. En el tenso vínculo entre los dos grandes bloques en los que se organiza nuestra vida política es imposible saber quién tiró la primera piedra. La desconfianza mutua viene de lejos. Todos tienen alguna cuenta para cobrar. Pero corresponde al gobierno, en todos los casos, la principal responsabilidad en la construcción del clima político. Durante la campaña electoral, Lacalle Pou dejó entrever que, llegado el caso, podría tender puentes con el Frente Amplio. Tengo muy presente una frase especialmente bien inspirada: “El próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por otra, tenemos que unir a la sociedad, tenemos que unir a los uruguayos”. Esta tarea, tan delicada, sigue pendiente.