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Bolsonaro y las armas

Promesa. Lo que le espera a Brasil con las decisiones del candidato más votado

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21 de octubre de 2018 a las 10:45

Por Diego Sanjurjo*

De los muchos videos que circulan en redes sociales sobre el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, hay uno que me llamó poderosamente la atención. En el mismo, el candidato levanta en brazos a niños pequeños y les enseña a hacer un gesto que imita el disparo de un arma de fuego. Los niños no tienen más de dos o tres años. Bolsonaro les coloca los dedos en posición y pregunta: “¿Sabes disparar? ¿Sabes dar tiros?” El vídeo no termina ahí. En conferencia de prensa, el favorito a la presidencia en Brasil confirma que les enseñó a sus hijos a disparar cuando tenían cinco años, una práctica que sugiere a todo padre brasileño para evitar criar una “generación de cobardes”.

El hecho no es puntual y se enmarca en lo que es una de las principales promesas de campaña del excapitán del ejército: liberalizar la venta de armas de fuego y armar fuertemente a la población como método para combatir la delincuencia. Los gestos y la retórica belicista son ya característicos de Bolsonaro y sus seguidores, quienes los repiten frente a las cámaras con entusiasmo y en señal de apoyo a su candidato. La discusión tampoco es nueva en el país. Brasil sufre niveles de violencia sin precedentes, posee una pujante industria de armas –la sexta mayor del mundo y bien representada en el Congreso Nacional– y una fuerte cultura armamentista, sobre todo en el sur del país. Por eso, no es sorpresa que cada tanto se repitan en el gigante latinoamericano los debates mediáticos entre el control de armas y el derecho a tenerlas.

 Sin tomar en cuenta otras consideraciones, las armas de fuego pueden ser un instrumento efectivo de defensa personal contra el delito, como también un instrumento letal para generar violencia, perpetuar crímenes y enfrentar a las políticas del Estado. La correlación entre proliferación de armas y criminalidad suele ser baja. Es decir, no hay una relación clara entre sociedades más o menos armadas y niveles altos o bajos de delito. La criminalidad es el resultado de una enorme multiplicidad de factores y el acceso a las armas de fuego es solo uno de ellos. La clave suele estar en el contexto en que se sitúan las armas. En sociedades educadas y respetuosas de la ley, como son por ejemplo Suiza o Finlandia, la proliferación de armas no suele traducirse en violencia. En el contexto latinoamericano suele pasar lo contrario, ya que incluso bajos niveles de proliferación presentan una letalidad muy elevada. 

Más allá de esta discusión, el conflicto que propone Bolsonaro es sobre políticas públicas. En la mira está el llamado Estatuto del Desarme, una estricta política de control de armas aprobada por el Partido de los Trabajadores (PT) en 2003, a poco tiempo de que Lula llegase a la presidencia. Eran tiempos progresistas en Brasil, y con la ayuda de varias ONG y movimientos sociales, el PT conseguía pasar una ambiciosa legislación que incluso preveía la realización de un referendo para prohibir la venta total de armas a civiles. Dicho referendo se realizó en 2005 y tras una dura campaña política, los brasileros votaron finalmente en contra de la prohibición, si bien los demás elementos de la política se mantuvieron en pie.

Los partidarios del Estatuto alegan que es la única medida que logró revertir temporalmente el aumento drástico y constante de la violencia armada (ver gráfico) y que cada año previene la muerte de miles de personas. Sus detractores, en cambio, niegan su impacto positivo y critican una ley que dificulta el acceso a las armas de fuego por parte de una población desamparada, a la merced de criminales y delincuentes armados. 

Aislar y evaluar el impacto de una política concreta sobre los niveles de criminalidad es siempre una tarea difícil, más aún cuando se trata de un país federal y tan complejo como Brasil. En efecto, tras la implementación del Estatuto hubo una importante reducción de las muertes por armas de fuego, pero esta se dio solo en la mitad de los estados. Además, la mayor parte de ellas fue en San Pablo – 3.700 muertes menos entre 2003 y 2005–, donde se llevó también a cabo en 2003 una exitosa reforma integral de la policía. Por eso, lo más probable es que la reducción temporal de las muertes con armas de fuego no fuese una consecuencia directa del Estatuto, sino más bien su implementación en conjunto con otras medidas de alto impacto en ciertos estados.

En cualquier caso, la realidad es que el Estatuto del Desarme no logró contener el aumento drástico de la violencia en Brasil. En 2017 murieron de forma violenta 63 mil personas,2 lo que equivale a más de 170 por día. Para hacernos una idea, es como si a diario se estrellase un Boeing 737 lleno de pasajeros. Son incluso más muertes a diario que las ocurridas en el ataque terrorista de la sala Bataclan en París, Francia, en 2015. Además, la inseguridad sigue creciendo. Entre 2016 y 2017, las muertes violentas aumentaron un 2,9 por ciento.

A mis estudiantes de políticas públicas en la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) los urjo a considerar las limitaciones del Estado a la hora de valorar una posible intervención pública. Por desgracia, las políticas raramente alcanzan sus objetivos y es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos un problema, sobre todo en materia de seguridad. Frente a los altos niveles de violencia y la incapacidad del Estado brasileño para proteger a los ciudadanos, quizás hubiese sido mejor una política de corte incremental. Una que restringiese el número y tipos de armas que pueden adquirirse, pero que no impidiese que quien realmente necesite una pueda hacerlo. Quizás debieron implementarse otras reformas antes de poner esta en práctica. 

A diferencia de las políticas incrementales, los cambios drásticos tienen también la desventaja de que con frecuencia sirven como catalizadores de una reacción popular contraria y desmedida. Reacción que no solo lleva a la revocación de la política implementada –en este caso, el Estatuto del Desarme–, sino también a la introducción de versiones más drásticas de la política anterior. Incluso, a la depuración de otras normas sociales relacionadas. El apoyo reciente y masivo a Bolsonaro puede interpretarse también en este marco. Más allá de la anulación del Estatuto y la liberalización de la venta de armas, es una reacción desmedida de gran parte de la sociedad brasileña a políticas y normas que les producían un fuerte rechazo.

¿Esto significa que armar a la población pueda ser una buena idea? Por supuesto que no. La violencia en Brasil es un problema estructural, cuyas causas son variadas y profundas. Entre las más importantes están los altos niveles de exclusión social, instituciones débiles e ineficaces, marcadas desigualdades socioeconómicas, procesos de urbanización rápidos y descontrolados, un alto número de hombres jóvenes que no trabajan ni estudian, y la instalación de grupos criminales organizados en las grandes urbes. En un contexto con estas características, es difícil imaginar que una mayor proliferación de armas de fuego no suponga un aumento aún mayor de la violencia.

La realidad es testaruda y no admite atajos para el desarrollo. Armar a la población no solucionará los problemas de inseguridad, como poner a un demente al mando no solucionará tampoco la terrible crisis que provocó el PT. Por desgracia, muchos brasileños creen que la situación del país es tan calamitosa que no puede empeorar. De ahí que la elección de Bolsonaro no sea tan riesgosa. Si tan solo mirasen hacia al norte verían que eso no es así. Las tasas de homicidio de El Salvador, Jamaica y Venezuela duplican y triplican las del gigante latinoamericano. 

Es difícil ser optimista en cuanto al futuro próximo de Brasil. Cuando en 2006 en México, el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra militar a los narcos, la violencia aumentó drásticamente y los grupos criminales salieron fortalecidos. Por desgracia, creo que Brasil seguirá la misma suerte si Bolsonaro llega al poder. Mi único consejo: no dejen que los niños jueguen con armas. Ni siquiera de juguete. 

* Doctor en Ciencia Política, especialista en políticas de seguridad y armas, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Autor del libro Gun Control Policies in Latin America, Palgrave, 2019.

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