La comisión, que durante 52 días investigó el caso considerado el más extenso esquema de corrupción del Congreso, aprobó su primer informe, en el que pide que los expedientes de 69 diputados y 3 senadores sean enviados al Consejo de Etica, el organismo disciplinario del Congreso.
El presidente de la comisión investigadora, Antonio Carlos Biscaia, dijo que existen pruebas "contundentes" contra 50 de los 72 presuntos involucrados.
"Estamos abriendo un proceso contra casi el 15% del Congreso Nacional. No sé si en otro lugar del mundo ha existido un proceso tan masivo en democracia. Y lo que significa es que comenzamos una limpieza para recuperar el Legislativo brasileño que nunca tuvo su imagen tan dañada", dijo a la AFP el diputado Raúl Jungmann, del Partido Popular Socialista (PPS, oposición).
"Critican que esta comisión saque conclusiones tan cerca de las elecciones, pero eso es lo correcto, porque el ciudadano común sabrá si puede votar en quien creía", dijo el senador Romeu Tuma, del Partido de Frente Liberal (PFL, oposición de derecha), con 7 parlamentarios en la lista.
La justicia y la policía también investigan el caso, y esas indagaciones han llegado a las puertas del Ejecutivo, de gobiernos regionales y de decenas de ayuntamientos.
Buena parte de los partidos con diputados en esa lista de 72 indicaron que los mantendrán en sus filas hasta que se demuestre su culpabilidad.
El Congreso brasileño estuvo el último año inmerso en otro gran escándalo de corrupción, que involucró una millonaria contabilidad ilegal del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y provocó la renuncia de los principales ministros del gobierno de Lula y de los máximos dirigentes de su partido.
Un gran número de organismos brasileños, tan diferentes como la Asociación de Magistrados, la Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica o la ONG Transparencia Brasil, han lanzado campañas para concienciar al elector a no votar a favor de políticos acusados de corrupción.
(AFP)
