Todos los partidos que integran la coalición de gobierno ratificaron este jueves su voluntad de acordar una nueva ley de financiación de los partidos políticos que viene negociándose en el Parlamento. Pese a que ratificó la intención de sumarse, Cabildo Abierto fijó este jueves una condición puntual que, de no cumplirse, haría fracasar ese objetivo.
El proyecto se viene analizando en una comisión especial formada en la Cámara de Diputados, cuyo plazo de actuación vence el 30 de junio. Si a esa fecha los cabildantes no cuentan con un integrante en la Corte Electoral, los liderados por Guido Manini Ríos se bajarán de las conversaciones.
La decisión la mantendrán hasta que su reclamo sea contemplado. De llegarse a esa fecha sin novedades, Diputados debería votar una prórroga en el plazo de actuación de la comisión, con el inconveniente agregado de que la cámara estará inmersa gran parte del segundo semestre del año en la discusión de la Rendición de Cuentas. En la práctica, supondría diferir el análisis del proyecto de financiación de partidos para 2023.
“A dos años y medio de las elecciones, Cabildo Abierto sigue sin tener el ministro en la Corte Electoral que le corresponde”, lamentó en diálogo con El Observador el diputado Álvaro Perrone, al reparar que ese lugar está siendo ocupado hoy por otro partido. “Es un reclamo legítimo basado en las urnas”, expresó.
Perrone consideró fundamental integrar la Corte Electoral, y que, de prosperar la ley, pasaría a tener un rol central en el contralor de la financiación de los partidos. La presencia de su partido allí, remarcó, debería haber sido inmediata. Pero el resto del sistema político prefirió diferir la definición, bajo la premisa de que la Corte no debería ser renovada mientras el país estuviera inmerso en el proceso de referéndum contra 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC).
Cabildo Abierto mantiene la tesis –para lo que existen varias interpretaciones– de que los integrantes políticos de la Corte Electoral pueden ser renovados por mayoría simple, con lo que bastarían los votos de la coalición, en función de la lectura que se hace del artículo 324 de la Constitución.
El posicionamiento de los liderados por Manini Ríos supone una nueva traba en las negociaciones, tomando en cuenta que hace algunas semanas el Partido Colorado transmitió su propio reclamo: pasar a ocupar la primera suplencia de la Presidencia de la Corte Electoral. La fórmula que había sido preacordada establecía que los colorados irían a perder un cargo en la corporación para así permitir el ingreso de los cabildantes. Así, Juan Máspoli debería cederle su lugar a Sandra Chá. Ese cambio reflejaría el resultado electoral de 2019.
Pero los colorados sostienen que la primera suplencia en la Corte debería quedar en manos de la coalición de gobierno, y a principios de mayo comunicaron extraoficialmente su aspiración a ocuparlo. "No corresponde que quede en manos del Frente Amplio", había dicho a El Observador a principios de mayo el diputado Conrado Rodríguez.
La primera suplencia de la Presidencia de la Corte viene siendo desempeñada por el frenteamplista Wilfredo Penco. Su eventual remoción, por motivos obvios, sería rechazada por el Frente Amplio. En filas nacionalistas esta posibilidad también genera dudas. Allí se reconoce –más allá de cuestiones políticas– la idoneidad técnica de Penco, un funcionario con una larga trayectoria en la institución. La actual integración de la Corte responde a una renovación efectuada en 2017, según el resultado de las elecciones de 2014.
Las negociaciones para la integración de otros organismos de contralor siguen también empantanadas. El Frente Amplio ya dejó en claro que no votará a Susana Díaz para un nuevo período al frente del Tribunal de Cuentas. La razón: el posicionamiento de la jerarca al apoyar –en circunstancias dudosas, según la oposición– el informe en mayoría y sin observaciones que el organismo votó en relación al acuerdo entre el Estado y Katoen Natie que extendió hasta 2081 la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo.
Los frenteamplistas tampoco apoyan allí un enroque entre ministros colorados, por el que Gustavo Osta iría a sustituir a su correligionario Álvaro Ezcurra. En este caso, según había divulgado Búsqueda, el motivo son los "líos" que Osta provocó en su actual puesto de director en AFE, en donde mantuvo varios enfrentamientos con el presidente de ese organismo, Miguel Vaczy, quien finalmente fue cesado.
