Campaña contra la LUC necesita llegar a 6.000 firmas por día hasta el 9 de julio

Por este motivo, según informó El País, tanto el Frente Amplio como la central sindical ya consultaron a sus asesores legales para conocer las posibilidades que existen de extender los plazos estipulados en el artículo 79 de la Constitución de la República. 

"Cuidarnos y cuidar al otro implica que el poder político asuma la responsabilidad, como lo hizo de buena manera en las elecciones departamentales, de ampliar este plazo. Una decisión de este tipo debería ser tomada por la unanimidad del Parlamento", opinó Pereira. En este sentido, el presidente del PIT-CNT dijo que no se imagina "una negativa a un planteo tan razonable" como este en tiempos donde la pandemia ha golpeado duramente a toda la sociedad.

El dirigente sindical sostuvo que aún "es posible" llegar a juntar la cantidad de firmas necesarias para impulsar el referéndum. Sin embargo, reconoció que es consciente que, pese a los cuidados sanitarios que tienen, ponen en riesgo a los militantes y al resto de la población. En este sentido, indicó que en muchos puntos del país se decidió suspender los puestos que se habían instalado. "Dejar de lado esta iniciativa no es una opción para nosotros. Si no se amplían los plazos vamos a salir a las calles porque tenemos la convicción de llegar a las firmas", recalcó.

Pereira explicó que las campañas de referéndum en el país están basadas en recolectar firmas en puntos estratégicos donde puede haber aglomeración de personas, como los espectáculos artísticos, actualmente suspendidos. "Ahora la campaña ha tenido que pasar a ser básicamente pensada en pequeñas burbujas, lo que claramente cambia el panorama", cerró.

La campaña pro referéndum propone derogar 135 artículos de la LUC.  

Entre ellos hay ocho capítulos de la ley (26 artículos en total) que se pretenden derogar de forma íntegra. Se trata de los referidos a la portabilidad numérica, la regla fiscal, la protección de la libre circulación, la elección de los directores del Banco de Previsión Social, la privación de libertad de adolescentes, el mercado de petróleo crudo y sus derivados, el Instituto Nacional de Colonización y la libertad del trabajo y el derecho a la dirección de empresa. 

La comisión también pretende derogar aquellos artículos que declaran “ilegítimos” los piquetes que impiden la libre circulación porque entiende que se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a manifestarse. El artículo que reglamentó la huelga y que establece el derecho de los “no huelguistas” a entrar al lugar de trabajo en caso de ocupación también está en la lista. Para la organización es una “norma represiva que criminaliza la protesta social”.

La ley también aumentó las penas mínimas y máximas para determinados delitos cometidos por adolescentes, además de limitar la aplicación del régimen de semilibertad y de mantener los antecedentes penales para infracciones gravísimas para los menores de edad. Estas medidas “atentan” contra la posibilidad de reinserción social de los adolescentes y, por lo tanto, intentarán eliminarlas. 

La comisión también pretende derogar todos los artículos vinculados a los cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados: revisión de precios de paridad de importación, potestades del Poder Ejecutivo en fijación de precios y la reforma del mercado a partir del informe de un comité de expertos que, señala el movimiento, no tuvo técnicos de Ancap ni de la Universidad de la República. 

En materia de seguridad, se propone derogar la ampliación del concepto de legítima defensa, el aumento de penas para encubridores o para aquellos que destruyan inmuebles policiales, el agravio a la autoridad policial como delito y el endurecimiento de la aplicación de la ocupación indebida de espacios públicos. También algunos cambios vinculados a los procesos penales pretenden ser eliminados. La ampliación de 2 a 4 horas que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, o la potestad de policías y militares de registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”.

Además, hay 11 artículos vinculados a la legislación profesional policial que integran la lista. 

En materia de educación van contra 34 artículos. Pretenden derogar el artículo que eliminó la obligatoriedad para la educación básica superior, el pasaje que modifica el concepto de educación formal, la eliminación de la participación de los directores generales de los Consejos de Educación en el Codicen.